Los neoliberales que hace tres décadas gobiernan a Colombia son duchos en utilizar mecanismos para exacerbar las utilidades de multinacionales y potentados, en detrimento del patrimonio del Estado y de la población. Por algo son formados en Estados Unidos, haciendo prácticas como "asesores" en los organismos multilaterales. Su arte político consiste en profundizar, sin que la población se resista, esas medidas neoliberales de: adelgazamiento del Estado para trasladar sus funciones al sector privado, liquidación de empresas públicas, recorte de aranceles para beneficiar a los productos de las multinacionales, flexibilización laboral y seguridad a la inversión extranjera mediante convenios jurídicos y tratados de libre comercio.
En síntesis, la implementación del modelo globalizante, cuyas consecuencias son miseria, pobreza, arrasamiento del aparato productivo nacional, desempleo estructural, informalidad y pérdida de derechos fundamentales. Para la implementación de esta maquiavélica conspiración contra los colombianos han tenido que desmontar el Estado de bienestar, utilizando todo tipo de maniobras y manipulaciones hasta la represión más sanguinaria, que va desde limitar el derecho a la huelga, el paro y las libertades civiles y democráticas, hasta el atroz asesinato de líderes sindicales, sociales, cívicos, comunales, indígenas y políticos que se resisten a la recolonización.
En la última década del siglo pasado (años 1990), estos políticos pusieron en ejecución dos de sus herramientas preferidas para desmantelar los derechos de los trabajadores, destruyendo sus convenciones colectivas de trabajo que habían sido producto de arduas y valientes luchas que mejoraron sus condiciones de vida. Se trató de las políticas de conciliación y concertación. La primera es definida como "un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas, naturales o jurídicas, de carácter privado o público, gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero 'neutral' y calificado, denominado conciliador". Mientras que la concertación es “pactar, concordar, convenir, ajustar o componer las partes de una cosa. Por extensión se habla de concertar cuando los gobiernos, los partidos políticos, los grupos gremiales, los movimientos sociales o cualesquier otros actores de la vida pública llegan a acuerdos básicos para componer una situación". La táctica fue la de siempre conciliar o concertar los derechos adquiridos por los trabajadores, con la consecuencia de que en cada negociación perdían más reivindicaciones por la dureza patronal y la traición de bonzos sindicales que hoy se "pasean" por los gobiernos como "estadistas", mientras los trabajadores sufren las consecuencias de esa pérdida de derechos.
El gobierno UriDuque cree que los indignados de hoy son los mismos de hace 30 años; la diferencia es que los actuales no tienen nada que perder —ya lo perdieron casi todo— y mucho por conquistar, por lo que queda claro que su nueva herramienta de llamar a "conversar" es otra política distractora que no conduce a la solución de los graves problemas estructurales de la población, siendo un diálogo improductivo contra el que el Comando Nacional de Paro debe mantener la exigencia de que ¡la negociación es la única salida posible para la población!
