77 excombatientes muertos, el presidente de las Farc, Rodrigo Londoño alias Timochenko, víctima de un posible atentado del que afortunadamente se salvó por los buenos oficios de la inteligencia militar y de policía, pero no corrieron con la misma suerte 177 excombatientes que han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz.
Para complicar las cosas el año empezó con el asesinato de 14 líderes sociales, uno por uno como desgranando una mazorca, en varias regiones del país, en especial en zonas de sustitución de cultivos donde también apoyaban la implementación de la paz.
Bojayá, ese martirizado poblado del Chocó, está prácticamente sitiado y solo ante la insistencia del líder comunitario Leyner Palacio, y los llamados insistentes de la comunidad, las fuerzas militares aparecieron 20 días después de haber sido detectada la presencia del grupo gaitaninsta, del ELN y de narcotraficantes del clan del Golfo.
El litoral nariñense sigue en las mismas condiciones en que lo dejó el Guacho, sin que se haya logrado desactivar la máquina asesina del narcotráfico. En La Guajira los grupos ilegales asesinaron impunemente a una pareja de ambientalistas que estaban en luna de miel y, en las ciudades, la delincuencia común ha cobrado ya varias víctimas, entre ellas las del fiscal Libreros en Cali.
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Parecemos un país donde las fuerzas armadas y de policía persiguen con más ahínco a los manifestantes callejeros, a los periodistas y a la oposición que a la delincuencia organizada
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Frente a todo este desmadre de criminalidad, el gobierno parece estar maniatado o Atontado. Apenas acierta el presidente a enviar una tropa aquí, otra más allá, crear o trastear grupos Fudra, jurar que no habrá impunidad, pero sin lograr detener este desangre tenebroso con que terminamos el 2019 y arrancamos el 2020.
Como para acabar de rematar el desprestigio de las fuerzas armadas, un nuevo escándalo de chuzadas ilegales es denunciado con todas las pruebas desde la revista Semana, una de las víctimas de este delito reprochable desde todo punto de vista. Ahora se viene a saber, después de un año de investigación periodística, que desde el ejército estaban espiando a periodistas, magistrados, oposición y aún al interior de sus propias filas. Pero tal vez lo más grave de la denuncia de Semana es que el resultado de las chuzadas venía siendo entregado a un político del Centro Democrático, el partido de gobierno.
Como si no fuera suficiente con el escándalo de la muerte de ocho menores en un bombardeo del ejército, al general Nicasio Martínez se le juntó ahora está nueva acusación con la que ya traía desde inicios del año pasado cuando se supo, a través del New York Times, que el ejército había dado una directiva para que se aumentaran las muertes, sin detenerse en minucias como la de respetar los derechos humanos, lo que abriría la puerta a nuevos episodios de falsos positivos.
Y se fue el ministro de Defensa y llegó otro ministro de Defensa, se fue el comandante Nicasio Martínez y llegó otro comandante de las fuerzas militares… Pero no pasa nada. Ni se desmantelan los grupos armados ilegales, ni se logra controlar la acción enloquecida del ELN, que inaugura el año bombardeando una base militar con cilindros bomba, ni se logra detener la criminalidad urbana, ni desmantelar el narcotráfico que está detrás de los cultivos de uso ilícito, pero si se ofrece regresar a la dudosa y peligrosa erradicación con glifosato. Y, para completar, todo esto adobado con denuncias de corrupción en las fuerzas armadas, como la que se conoció recientemente dentro de la aviación del ejército.
Mejor dicho, a Duque le quedó grande el manejo del orden público en Colombia. Parecemos un país donde las fuerzas armadas y de policía persiguen con más ahínco a los manifestantes callejeros, a los periodistas y a la oposición que a la delincuencia organizada. Así no habrá paz que valga, por muchos acuerdos que se hayan firmado en La Habana.
