Desde hace décadas los organismos multilaterales clasifican a Colombia como uno de los países más inequitativos y desiguales del mundo; el modelo de desarrollo permite concentrar la riqueza en unos cuantos ricos, privilegiados sempiternos de la Constitución, las leyes y los decretos que emiten aquellos que ellos mismos hacen elegir. En los intereses que defienden quienes detentan ese poder radican los graves problemas de esta rica nación: modelo exclusivista, corrupción —también disfrazada en la ley—, miseria, hambre, pobreza, desempleo estructural, informalidad, explotación laboral, arrasamiento del aparato productivo, un sector financiero cuyas leyes le permiten su papel de agiotista con "billonarias" ganancias, violencia e inseguridad, panorama que se podría enumerar por "sæcula sæculorum", lo cual ha colmado la paciencia. "No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista", expresión de la sabiduría popular, parece ser lo que les comienza a pasar a los colombianos, pero faltaba el detonante.
El Encuentro Nacional de Emergencia del movimiento social y sindical del pasado 4 de octubre, presidido por el Comando Nacional Unitario, integrado por las centrales obreras y de pensionados y el Comando de Organizaciones Sociales, compuesto por los anteriores más la Cumbre Agraria, Aconalferros, Cric, Unees, Crees y más de 100 organizaciones sociales, determinaron realizar un paro nacional el memorable jueves 21 de noviembre de 2019, "21N", que tenía por objetivo rechazar el "paquetazo legislativo" del gobierno nacional y de sus amigos empresarios aglutinados en el Consejo Gremial Nacional. Ese paro nacional tuvo jornadas de ambientación bastante asistidas los días 10 y 17 de octubre, por lo cual el gobierno arreció una campaña de miedo y desprestigio, al mejor estilo del terrorismo estatal, que incluyó la violenta represión del Esmad contra la población, y siguió implementando con arrogancia su "paquetazo legislativo", consistente en materializar los compromisos neoliberales con la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (Ocde), para poner todos los recursos colombianos como filones del negocio privado, especialmente de las multinacionales. El paro nacional del 21N se desarrollaba con masiva asistencia, pero parecía que iba a ser igual a cualquiera otro. La aparición de los famosos "vándalos y saqueadores", que actuaban armónicamente, al igual que en Chile —que por pruebas reveladas parecería que son agentes del Estado— y el incremento de esa violenta represión, en vez de acobardar a la población, la sacó del ostracismo.
Esa salida del aislamiento de la población se dio a través de una manifestación inédita en Colombia, pero implementada en muchos países: el cacerolazo. En la noche del gran 21N, en muchas ciudades de Colombia, en conjuntos residenciales de los humildes y los de clase "estratosférica", se hizo sonar este utensilio rechazando al gobierno de "UriDuque", exigiéndole detener el "paquetazo". Sin embargo, a pesar de los posteriores paros y manifestaciones, el gobierno lo ha seguido imponiendo en el Congreso con medidas como la reforma tributaria y el holding bicentenario. La cacerola y el paro no solo fueron figura el año pasado, sino que también lo serán este año.
