La suspensión de la operación de Uber en todo el país en el tema de movilización de personas a través de la aplicación revive el concepto de legalidad e informalidad en el transporte a la luz de las nuevas tecnologías, las cuales están generando nuevos paradigmas y formando con la fuerza de los hechos nuevas discusiones acerca de su viabilidad, legalidad e impacto en la sociedad. Este impacto tendremos que verlo a la luz de las causas que han permitido no solo su nacimiento sino su desarrollo y la forma en la que nos concebimos como nación.
En Colombia, así como en todos los países donde opera Uber, este nace como una respuesta a las necesidades sentidas de la sociedad para solucionar diferentes problemáticas apoyándose en nuevos desarrollos tecnológicos. El geoposicionamiento global unido a algoritmos y su aplicabilidad a través de dispositivos móviles la rompió al unir directamente a los usuarios del transporte con los conductores de los vehículos que los podían movilizar, esto sin tener que intervenir central telefónica o persona alguna, generando más rapidez en el servicio.
Así como aumentó de manera exponencial la masa de ofertantes del servicio, la misma demanda generó abruptamente una nueva concepción del negocio del transporte de pasajeros, el cual con el respaldo de normas y leyes en transporte había logrado mantener un círculo cerrado de ofertas de vehículos a los diferentes demandantes. Quien obtuviera los permisos y habilitaciones respectivas para el transporte de pasajeros en taxi o servicio especial otorgadas por el Estado podía no solo transportar personas, sino cobrar por ello generando una fuente de ingresos firme y sólida para sus ejecutantes. Esto conllevó a que de alguna manera se generaran pequeños carteles o empresas de transporte que con soporte legal previo y cumpliendo unas normas preestablecidas estuvieran en condiciones de definir y manejar el negocio de transporte, tarifas y cantidad de vehículos ofertantes, el cual siempre había sido lucrativo para aquellos que lo realizan. Con el ingreso de Uber se rompió ese sistema y las pérdidas de ingresos y de usuarios se han vuelto la norma y no la excepción para aquellos que ejercen la actividad de manera legal.
Uber no llegó a ofrecer soluciones de transporte en las mismas condiciones que ofrecían los vehículos de servicio público, incluyendo pólizas de responsabilidad civil contra y extracontractual para el caso colombiano, o comprando el derecho a poder ejercer la actividad con los mal llamados “cupos”, sino que ofreció rapidez, amabilidad y en algunos casos economía en el transporte, utilizando toda clase de vehículos (fueran particulares o públicos) que se acomodaron al nuevo modelo de negocio sin importar la procedencia del operador o el seguro ante un eventual accidente o choque. En otras palabras, se le metió al rancho a las empresas de transporte, con vehículos particulares y cupos de capacidad transportadora de costo cero, los cuales han podido operar sin tener que pagar el sobrecosto del mismo, sin pagar las pólizas exigidas por el Estado y sin el control de una empresa de transporte. Se rompió por el centro el esquema tradicional, imponiéndose a la fuerza, subvirtiendo el orden legal y quitándose el control de la actividad no solo a las empresas de transporte sino al Estado, el cual ha considerado siempre la libre movilidad como un derecho fundamental de la sociedad, el cual tiene que estar garantizado y respaldado por el gobierno y no en manos de una transnacional o de particulares a los cuales les importa un pito si violan leyes o no así como no les importan las condiciones en las cuales van a impactar el mercado obligando a empresas y propietarios acudir ante los tribunales para que estos los protejan ante la nueva competencia que tiene dinero, poder tecnológico y ganas.
En otras palabras, es el primer mundo contra el tercero el cual espera pasar por encima de las leyes y normas de otros países porque tiene poder dinero y tecnología para imponer sus condiciones de negocios. En un nuevo paradigma, la ciencia o la tecnología imponen un nuevo orden jurídico y social a rajatabla y de frente obligando a un reordenamiento social, por consiguiente exigiendo a las malas un nuevo ordenamiento jurídico. Todo un problema para el ejecutivo y el aparato legislativo, así como para los vinculados a este negocio, los cuales ven cómo el negocio del transporte lo transforma alguien ajeno a ellos y no saben cómo acomodarse a las nuevas condiciones de la sociedad. Paradigmas en el transporte, genética, hotelería, mensajería, comunicaciones, publicidad y medicina que están revolcando las relaciones sociales desde el fondo y generando un nuevo orden donde por primera vez en la historia del hombre la ciencia determina sin preguntas y a la fuerza el nuevo orden social y jurídico que nos irá moldeando hacia el futuro, obligando incluso a la filosofía a correr para alcanzar y tratar de enmarcar lo que está llegando en algo previamente conocido (sin poder lograrlo hasta ahora). En la Edad Media la ética, la religión y la moral imponían sus leyes, y hasta los científicos se tenían que acomodar a ello, ahora es todo lo contrario. La ciencia, con su mensajero (la tecnología), está determinando las costumbres, los principios morales y los principios que nos rigen como nación.
Sobran las inquietudes y abundan las preguntas. Las bondades o los defectos del nuevo orden solo los sabremos con el paso del tiempo, pero se debe abrir a tiempo y ahora el debate poniendo sobre el tapete primero al hombre que al objeto, a la carne que al algoritmo, al sueño que a la estadística, porque de lo contrario seremos con el paso de los años un Frankenstein irreconocible como especie.
