El caso más reciente y que alarmó a los organismos de Derechos humanos y a los sectores políticos y sociales, fue el ocurrido este martes en horas de la noche al frente de la Universidad Nacional de Colombia. En un video que se difundió rápidamente en redes sociales, se observó a varios policías y otros integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) forzando a una estudiante para que ingresara a un carro particular que no tenía ninguna insignia institucional de la Policía.
Acto seguido varios jóvenes que estaban filmando desde su automóvil arrancaron detrás del carro donde estaba la mujer, quien empezó a gritar y posteriormente fue dejada en libertad a unas pocas cuadras. En un hecho similar, fue retenido otro joven que fue llevado hasta un CAI de la Policía.
Lo extraño de ambos episodios es que tanto en la detención como en el proceso de judicialización se realizaron de forma irregular. Y de acuerdo con varios abogados consultados por la Fundación Paz & Reconciliación-PARES, sí existió una falla en el procedimiento de la policía, y en este caso tendrían que ser investigados disciplinaria y penalmente.
Por ahora, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación de forma preliminar por “los presuntos abusos” cometidos por parte de la fuerza pública en la detención de estos dos jóvenes estudiantes en el marco del plantón pacífico.
De acuerdo con la versión de la Policía y de los mismos estudiantes que se encontraban en el lugar de los hechos, los jóvenes fueron capturados supuestamente porque estaban obstaculizando el tráfico vehicular por la calle 26. De todas maneras, quienes presenciaron el momento, también denunciaron que no se cumplió con el derecho de la manifestación pacífica y tampoco con la presencia de agentes de Derechos Humanos.
La versión de la Policía
Por su parte, el Mayor General Hoover Penilla comandante de la Policía de Bogotá se pronunció frente a los hechos ocurridos y expresó que hay personas que necesitan que alguien les garantice llegar a sus lugares de trabajo, y a sus labores cotidianas.
Y con respecto a lo ocurrido con la detención de la mujer dijo que ella estaba “interrumpiendo la libre movilidad de terceros. Iban pasando unos funcionarios de la policía en un vehículo institucional con placas que si se miran en los registros de las entidades correspondientes le figura a la Policía Nacional. Son funcionarios de la policía nacional que casualmente iban pasando por el lugar y prestaron la colaboración que les corresponde”.
Según el comandante de la Policía, esta persona iba dirigida hacia una unidad policial, y agregó que “tal vez hubo una omisión en terminar el procedimiento como correspondía porque ante el reclamo de la ciudadanía, ellos sintieron temor -eso es lo que han manifestado- y optaron porque esta persona descendiera del vehículo y que siguiera con las partes que estaban reclamando que no fuera retenida”.
En cuanto al segundo caso de un hombre, Penilla aseguró que los funcionarios del Esmad lo retuvieron y solicitaron la presencia de unidad de policía judicial, quienes llegaron al lugar en otro vehículo particular. Dicho automóvil no tenía emblemas de la Policía, pero de acuerdo con el comandante, estos carros pertenecen a la institución.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, expresó este martes en su cuenta de Twitter, horas después de conocerse sobre dichas capturas, que “bloquear TransMilenio es matonería que afecta a los ciudadanos más vulnerables. La obligación del Estado es hacer lo necesario para hacer respetar los derechos de los ciudadanos que necesitan ir a trabajar, a estudiar, o a sus casas”.
“Ese grito pudo salvarla de una desaparición forzada”
La Fundación Pares habló con Reynaldo Villalba, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo-Cajar y defensor de Derechos Humanos, también cercano a procesos de desaparición forzada a manos de agentes del Estado.
“La práctica como defensor de derechos humanos me ha enseñado que ese uso de vehículos particulares se ha utilizado para desaparecer personas. También ha sido una práctica en distintos momentos utilizada por las autoridades, en especial por organismos de inteligencia, de utilizar placas falsas para hacer acciones ilegales”, indicó a Pares.
En 1989 cuando aún no existía el Esmad, agentes del Estado detuvieron a Amparo Tordecilla en horas de la mañana del 25 de abril de ese año, en la carrera 8ª con calle 47 en Bogotá. Este caso ha sido llevado por el Colectivo Cajar, que ha denunciado que agentes de la Brigada XX del Ejército Nacional la introdujeron por la fuerza en un taxi marca Chevrolet, modelo Chevette 89, placas SF 32-57 de propiedad del Ejército colombiano y se alejaron con rumbo desconocido, sin que Amparo Tordecilla haya reaparecido desde entonces.
En ese sentido, Villalba hizo un llamado al no uso de vehículos particulares, ni para labores de inteligencia, ni mucho menos para retener a personas; y en este caso en particular, “los gritos de esta mujer que estaba siendo detenida de manera ilegal y arbitraria pudo haberla salvado de una desaparición forzada conforme a las prácticas que se han utilizado en este país”, apuntó.
En cuanto a los hechos más recientes, señaló que toda privación de la libertad que no obedezca a un motivo fundado por la ley se convierte en una detención ilegal. Sin embargo, diferenció la detención ilegal de la detención arbitraria porque no es exactamente lo mismo. En algunos casos puede ser legal, pero constituirse arbitraria en el camino.
“Ahora lo importante para resaltar es que en efecto utilizar vehículos que no sean oficiales para trasladar a personas y más de esa forma como son detenidas y más cuando las personas no saben para dónde van, es una conducta extremadamente grave”, agregó el experto.
Y el mayor riesgo de utilizar este tipo de vehículos, a pesar de que, aunque digan que es de la Sijin, es el uso de las placas privadas. De acuerdo con Villaba, los organismos de inteligencia, ejército, policía y demás, en unas épocas más que en otras utilizaron este tipo de prácticas para desaparecer a las personas, y lo que reocupa también es eso que estemos dando pasos atrás.
“Muchas de las personas desaparecidas en este país lo han sido precisamente a través de vehículos que tienen placas particulares. Al final en vehículos que no son oficiales y claro eso favorece a la impunidad y sobre todo el ocultamiento de responsabilidades por parte de agentes estatales”, agregó.
Así las cosas, hay zozobra por parte de la ciudadanía ante la serie de hechos irregulares cometidos por las autoridades en medio de las manifestaciones que ya cumplen tres semanas, mientras que la Fuerza Pública asegura que ha actuado en el marco de la legalidad y su objetivo es mantener el orden público.
