Se puede identificar el tipo de crisis por las respuestas que hasta ahora ha dado el gobierno y otras que se han planteado en el debate público. La noche del 21 de noviembre la primera respuesta del presidente fue asumir la movilización de ese día como un problema de orden público; es decir una crisis menor, una especie de escaramuza de inconformes y de vándalos. Ratificó este diagnóstico al no querer reunirse con las cabezas convocantes y visibles del paro, sino aterrizando oportunamente en un seminario adelantado por la ESAP para la capacitación de los alcaldes y gobernadores electos. Fue allí donde apareció la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, formulada a las volandas por el muy joven alcalde electo de Medellín.
El descarte inmediato y casi unánime de esta propuesta indica que para una mayoría importante de los protagonistas del debate público no estamos frente a una crisis profunda del régimen político que justificaría una reforma íntegra de la Constitución. Luego vino la medida de las mesas temáticas ampliadas a diversos sectores de la sociedad con la presencia de expertos escogidos por el gobierno que jugarían una especie de papel de árbitros ponderados y sabios entre las posiciones en conflicto. Para ese momento, la posición del gobierno era no reconocer como legítimos a los voceros del paro, rechazando reunirse con ellos por aparte. Finalmente tuvo que ceder ante la evidente segunda equivocación de escenario para resolver una crisis que ya se veía más profunda. Los diálogos o “conversaciones”, no hechos para negociar sino para explicar lo que se estaba haciendo frente a los reclamos planteados, no condujeron a ningún acercamiento y por el contrario el ya denominado “paro” se agudizó con una nueva convocatoria a la movilización, que se produjo el pasado 4 de diciembre. Entretanto la señora ministra del interior, en un arrebato de lucidez y suficiencia, descartó que se tratara de una crisis de gobierno con el argumento de que el paro había fracasado en sus propósitos conspirativos, tumbar al presidente (#NoPudieron).
Entonces, si por las respuestas que se han dado hasta ahora, no estamos en presencia de una crisis de gobierno ni de régimen político, ¿cuál es la crisis que revelan las movilizaciones sociales en crecimiento? Solo queda, según el catálogo de las ciencias sociales, una crisis de sociedad. Y este tipo de crisis es mucho más profunda que las dos primeras. Históricamente, dependiendo de la gravedad de sus causas y del desenvolvimiento de la crisis, han desembocado en revoluciones en los peores casos o en reformas de fondo en diversos sectores de la vida política, económica y social. Un verificador de que estemos en presencia de este tipo de crisis, si el presidente actuara como un jefe de Estado con visión de largo plazo, sería tratar de resolverla, sin éxito, como una crisis de gobierno, conocidas en nuestra historia reciente desde el Frente Nacional como “crisis de gabinete”. Es un recurso del que dispone el jefe de gobierno cuando el diálogo entre las partes ha sido enrarecido por la titular de la cartera de las relaciones políticas. En este caso o en su contrario, una inyección de recursos y otra de promesas de dudoso cumplimiento bastarían para desactivar este paro, aplazando nuevamente la solución de los diversos problemas estructurales que se expresan en las movilizaciones. Pero es previsible que un cambio de ministros solo mejore momentáneamente las conversaciones porque si la crisis es a nivel de la sociedad, una salida más apropiada requiere medidas de más largo aliento y profundidad.
Tal vez estemos en presencia de las primeras transformaciones políticas que era esperable se produjeran con ocasión del final del conflicto armado en Colombia. Una de ellas, el de la sustitución de las armas por la política, de la llamada “lucha armada” por la protesta social. Después de todo, lo que haya sido en su amplitud la violencia política en Colombia, que todavía está por conocerse y explicarse, pudo haber sido también una especie de dique que contuvo un prolongado malestar durante décadas y que ahora está encontrando unos canales de expresión. ¿Podíamos razonablemente esperar un final del conflicto armado sin que eclosionaran los problemas acumulados por un manejo difícil en medio de la guerra? Probablemente la elección de este presidente inexperto haya sido el detonante que abrió diversos canales a la manifestación ciudadana, como las aguas mal represadas en Hidroituango.
Un indicador claro de la presencia del tipo de crisis que aquí se está planteando son las voces que hasta ahora no han manifestado su propia crisis sectorial: la rama judicial y la enredada reforma a la justicia; los campesinos y la política agraria; los transportadores, la calidad de la infraestructura y de sus costos operativos. Problemas todos sin resolver. En cuyo caso, en el de una crisis de sociedad, la salida a esa crisis va a requerir, cuando esta se agudice, de una transformación del referencial global de largo plazo de las políticas públicas. La última vez que se hizo un cambio de este tipo fue en 1990, cuando se modificaron décadas de proteccionismo económico moderado por las políticas de apertura, libre comercio y desregulación estatal, completado con la nueva Constitución nacional, la de 1991. En esa constitución, en lo que el gobierno de ese entonces de César Gaviria y los que siguieron, hicieron de ella, están inscritos los conflictos, los diferendos y las contradicciones del presente. La mayor de todas, la que más impacto ha generado sobre la economía y la sociedad en los dieciocho años de continuidad de estas políticas ha sido el referencial monetario y del equilibrio fiscal. Estos imperativos de la política económica —convertidos en dogma de fe de carbonero— no solo trasladaron el peso específico y el poder decisorio en las relaciones entre las carteras ministeriales hacia el ministerio de hacienda, sino que impusieron estos mismos imperativos de política macroeconómica a todo lo ancho y alto de las entidades públicas, obligándolas a recortes de gasto y ajustes presupuestales con la expectativa de un manejo más discrecional y selectivo del déficit fiscal.
El Estado social de derecho, proclamado en la Constitución, quedó así aplazado para gobiernos que todavía no han llegado. Y es esta política restrictiva en lo económico y en lo social, en el fondo la responsable de la quiebra de hospitales, de empresas del Estado declaradas ineficientes y luego privatizadas, del desfinanciamiento de la educación pública a todos sus niveles, de los bajos salarios en los niveles intermedios e inferiores del sector público. Todo un vector de precariedad programada que atraviesa al conjunto del aparato del Estado —cuyos lemas más famosos y resonantes fueron “hay que apretarse el cinturón” (Hommes, 1990); “les ofrezco sangre, sudor y lágrimas” (J.M. Santos, 2000); “si la realidad no se ajusta al modelo, peor para la realidad”(Carrasquilla, 2003); “debemos respetar la regla fiscal”(Cárdenas, 2012)— fundamentado en las premisas de que “es mejor privado que público” y “socializar las pérdidas, privatizar las ganancias”.
Es la modificación de este referencial global para todas las políticas sectoriales el que se estaría planteando para reorientar la acción del Estado hacia otros objetivos prioritarios frente al crecimiento desequilibrado y la estabilidad macroeconómica. ¿Cuáles son los referenciales alternativos? Entre los que parecen competir en esta coyuntura están la no repetición de otro ciclo de violencia política, la adaptación al cambio climático y la reducción de sus causas, una redistribución de la riqueza, la inserción en la era del conocimiento y de la tecnología, o una combinación de todas ellas.
