Crisis de seguridad en el departamento de Bolívar

Crisis de seguridad en el departamento de Bolívar

Los enfrentamientos entre pandillas aumentaron

Por: Jaime Pineda Méndez
mayo 23, 2014
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Crisis de seguridad en el departamento de Bolívar
Foto de David Lara Ramos

El departamento de Bolívar vive en zozobra a causa de los altos índices de inseguridad que se presentan en ese departamento.  Sólo entre enero y abril de este año se presentaron 120 homicidios productos de riñas y actos sicariales. Cartagena es un caso muy preocupante.

Cartagena, la Ciudad Heroica y el destino turístico deseado de muchos colombianos y extranjeros, atraviesa una grave situación en materia de seguridad. El departamento de Bolívar no se queda atrás en esta materia. Según cifras del Observatorio del Delito de la Costa Caribe, durante los primeros cuatro meses del año en curso, se presentaron cuatro masacres en barrios marginales de Cartagena de Indias y, sólo en  el último mes,  cuatro dobles asesinatos.  En  Bolívar, en municipios con procesos de restitución de tierras como El Carmen, San Jacinto y San Juan de Nepomuceno, los pasquines amenazantes, el reclutamiento forzado y las intimidaciones a reclamantes de tierra son constantes; esto, claramente,  amenaza el proceso de devolver las tierras a los campesinos que fueron desplazados de ellas.

Grafico comparativo de homicidios en Bolívar y Cartagena entre enero y abril de 2014

cuadro - Crisis de seguridad en el departamento de Bolívar

Fuente: Observatorio del Delito de la Costa Caribe

Las masacres se presentaron en barrios como Nelson Mandela, Olaya Herrera, El Pozón y San Fernando. Las principales víctimas y victimarios son los jóvenes que se ven  involucrados en sicariato, microtráfico y peleas entre pandillas. Según el informe, que tomó como período  de estudio los cuatro primeros meses de este 2014,  54 de las 120 personas asesinadas en Bolívar tenían edades promedio entre 18 y 28 años.

Es importante recordar que esos mismos barrios, agregando a La Esperanza, La María y La Candelaria, fueron lo que registraron mayores hechos criminales el año inmediatamente anterior, lo cual envía  una mala señal a la administración distrital, toda vez que la situación no tiende a mejorar sino todo lo contrario.

Esta situación puede empeorar teniendo en cuenta que, según la Secretaria del Interior del Distrito, Cartagena hoy tiene identificadas unas 90 pandillas que suman unos 1.800 jóvenes hombres y mujeres, entre los cuales se encuentran también niños de hasta 7 años. ¿A qué se debe este fenómeno? Los grupos ilegales que manejan el negocio del microtráfico, pero también la extorsión a pequeños y medianos comerciantes,  crean fronteras invisibles para mantener seguros los mercados de la droga y escenarios de miedo en la comunidad.

Cartagena, sólo en los cuatro primeros meses de este año, presentó 95 homicidios.  En el  resto del departamento los asesinatos, en su mayoría, fueron cometidos en zona rural, caso especial el municipio de Morales y Tiquisio.  Esto  significa que el conflicto que vive el departamento de Bolívar es distinto al que padece Cartagena, sobre todo en lo que tiene que ver con unas dinámicas territoriales con intereses y actores diferentes. Esos asesinatos en Cartagena significan un aumento en un 60%  con respecto al  mismo periodo del año 2013.

En la heroica, el 50% de los asesinatos se realizaron bajo la modalidad de sicariato, siendo el arma 9mm y calibre 38mm las más usadas en los hechos delictivos. Ahora, no todos los delitos se cometen con armas de fuego. El segundo gran porcentaje de víctimas los dejan las riñas con cuchillos, machetes, piedras, palos y armas de fuego artesanales como los populares chopos y changones.

En cuanto al género, se reportan en el departamento 109 víctimas de sexo masculino, diez asesinatos de mujeres y una persona de la comunidad LGBT,  en el periodo de estudio. Llama la atención que un gran número de las personas asesinadas no tenían una actividad u oficio conocido (22 casos) y otros se dedicaban a oficios informales como ayudantes, pintores, coteros, sparring o al mototaxismo.  En 6 casos los asesinos actuaron contra comerciantes también informales.

En la ciudad amurallada, las alertas están en las comunas 14, 5, 6 y 4 las cuales deberían merecer mayor atención de las autoridades de la ciudad toda vez que es allí donde se presentan los mayores niveles de criminalidad, especialmente asesinatos. El año anterior la respuesta de las autoridades fue la militarización de estos barrios, política que a todas leguas no cuajó. Algunos barrios identificados son Nelson Mandela, San Fernando y la Sierrita; también el barrio Olaya Herrera en los sectores Rafael Núñez y Ricaurte; y otros sectores álgidos fueron Boston, La María, la Candelaria y El Pozón, este último presentó asesinatos relacionados con miembros de familias de desplazados y en proceso de restitución de tierras. Es claro para los cartageneros que el gobierno distrital y nacional sólo está preocupado por el centro histórico y dejó de lado la zona suroriental de la ciudad donde se concentran gran cantidad de  asesinatos y otros delitos.

Entonces tenemos  que,  algunas de las pandillas son las del barrio Chiquinquirá,  Olaya Herrera, los Nazarenos – del barrio El Nazareno –, los de  Manuela Vergara, los Zamurais y los Mata Ratas.  En  el sector nororiente las pandillas de El Carmelo y Plan 400. En el Bosque están identificados los clanes de Los Mijitos y  Los Vagos, entre otros.  Algunas de las características de estos pandilleros  es que pertenecen a los estratos 1, 2, y 3, especialmente. Se ubican en zonas marginales y de pobreza extrema. Provienen estos de familias disfuncionales o con lazos muy débiles con la institucionalidad y algunas de las motivaciones para los actos de pandillismos es la poca presencia del Estado con programas sociales eficientes, eficaces y que apunten a solucionar problemas reales con la participación de las mismas comunidades, además de la inoperancia de la justicia y la baja respuesta de la policía en casos sensibles para la comunidad, entre otros.   Para colmo de males, este fenómeno se ha propagado a otros municipios. El caso de Magangué es preocupante, la Pandilla de la 15 del barrio Alfonso López tiene cazada una disputa territorial con jóvenes del barrio La Candelaria, enfrentamiento que ha provocado muchos heridos y algunos muertos.

Adicional a esta problemática, se revive, por lo menos en las acciones de la Armada, las incautaciones de drogas. Sólo en abril se incautaron 10 toneladas de cocaína en el puerto, en diferentes operaciones. Las sustancias ilícitas serían exportadas a otros países bajo la modalidad de caleta: en pulpas de piña, cajas de aceite, etc.

En lo que al resto del departamento respecta, se debe prestar  mucha atención al sur de Bolívar, especialmente a los municipios de Tiquisio, Morales y Achí, ya que en esa zona confluyen dinámicas complejas de grupos paramilitares, guerrilla del ELN y la “Locomotora Minera” de explotaciones ilegales de oro y de minas antipersona, combinación bastante compleja en materia de seguridad.  Los panfletos y amenazas a las víctimas de desplazamientos forzados y reclamantes de restitución de tierra son constantes y ya han cobrado la vida de muchos líderes de estos procesos.

Continuando con la descripción del panorama, es importante destacar que la preocupación por la seguridad también debe abarcar los temas de tránsitos ya que en este periodo de estudio, los investigadores del Observatorio del Delito de la Costa Caribe, registraron la muerte de 43 personas por accidentes de tránsito; 29 en choques y 14 atropelladas. El 63%  de las víctimas se movilizaban en motocicletas y el 40%  eran jóvenes entre los 18 y 28 años de edad.  Otro tipo de muertes violentas están asociadas a suicidios por ahorcamiento (11 casos) con promedios de edad de 25 años; ahogados (8 casos) y por descargas eléctricas (4 casos más).

A los bolivarenses los afectan, como a la mayoría de los ciudadanos del Caribe, el tema de la movilidad, el desempleo y el mal servicio de Electricaribe, entre otros. “Todos los días se va la luz por lo menos un par de veces” dice una estudiante de derecho de Cartagena. Estos hechos hacen que el malestar contra Electricaribe y Transcaribe generen una percepción de que el tema de la inseguridad no los toca por no vivir cerca de las zonas conflictivas y volqueen sus inconformidades sobre necesidades básicas que no están siendo satisfechas. Por ejemplo, en San Jacinto, se ha bloqueado la troncal de occidente en tres ocasiones. La población reclama por el mal servicio de agua potable pero también de  otros servicios públicos; y el malestar se repite día tras día en otros municipios como  Arjona o Clemencia. Es decir, este es un problema estructural.

En contraste, el sicariato, las riñas y el pandillismo pueden llegar a convertirse en parte del paisaje de la otra Cartagena, toda vez que al volverse un situación cotidiana ya la ciudadanía no responda ante estos hechos más que como espectadores pasivos de una grave problemática que está consumiendo a muchos jóvenes de las diferentes ciudades de Colombia y el Caribe.

 

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