Actualmente cursa trámite en Colombia una nueva reforma tributaria, bajo el nombre de ley de crecimiento, la cual es promovida por el gobierno nacional como alternativa a la ley de financiamiento que recientemente fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional y que ya se encuentra aprobada en primer debate en la comisión tercera del Congreso de la República.
Esta reforma propuesta por el gobierno nacional trae consigo una serie de exenciones, descuentos y beneficios tributarios que según el Ministerio de Hacienda están enfocados en aumentar el crecimiento económico del país, tal como el nombre de la ley lo dice, para transitar según el gobierno desde los actuales niveles de crecimiento que se ubican en el 3.2% hacia niveles que se ubiquen entre el 4% y el 4.5% del PIB.
Las medidas tributarias propuestas van desde exenciones a sectores económicos específicos hasta compensaciones destinadas a la población de menores ingresos como producto de las exigencias que han convocado a miles de ciudadanos a movilizarse en el marco del reciente paro nacional.
Sin embargo, las buenas intenciones manifestadas en esta reforma por parte gobierno nacional no han sido igualmente interpretadas por algunos académicos, consultores e instituciones expertas en el tema fiscal. Es así como el observatorio de política fiscal de la Universidad Javeriana ha señalado que las medidas propuestas por el gobierno son carentes de justificación técnica y populistas, señalamientos que se suscriben y refuerzan en la presente columna de opinión a la luz de las siguientes consideraciones:
- Según cifras publicadas por el observatorio de política fiscal de la Universidad Javeriana las gabelas entregadas a las grandes empresas y megainversores en materia de descuento del IVA a importación de bienes de capital, menor tarifa de Imporrenta, reducciones en ICA y 4x1.000 representan alrededor de 9 billones de pesos en gastos tributarios a partir del próximo año, lo cual implica la reducción del recaudo de impuestos y, por tanto, la reducción de los ingresos de la nación. Estos movimientos giran alrededor de los mismos diagnósticos y teorías fiscales implementadas por parte de los gobiernos pasados y que ya se han controvertido con suficientes hechos. Considerar que el crecimiento del sector privado como consecuencia de los nuevos estímulos fiscales compensará la pérdida de ingresos por impuestos, y además acelerará la expansión económica es quitarle capacidad al Estado de utilizar la política fiscal para apuntalar a través del gasto público la dotación de bienes, la inversión en sectores productivos claves y la generación suficiente de empleos que permita impactar positivamente en el crecimiento económico, todo esto a través de una mayor demanda esperada y no simplemente con una disminución en las cargas tributarias.
- Por otro lado, como resultado de las protestas convocadas en el marco del paro nacional, el gobierno ha decidido adicionar al régimen tributario algunas propuestas que a su consideración responden a las demandas del movimiento social, estas son: devolución del 100% del IVA al 20% más pobre del país, reducción de aportes de seguridad social en salud para pensionados, tres días sin IVA e incentivos tributarios al empleo juvenil. Sin embargo, estas propuestas no representan un cambio de filosofía, ni un avance en los principios de progresividad tributaria establecidos en la constitución, por el contrario, esta reforma tributaria así se revista de asistencial sigue siendo regresiva en la medida que la proporción de las exenciones propuestas a los superempresarios sigue siendo mucho mayor que los beneficios planteados a la población de menores ingresos, mientras que a la larga, habrá que analizar los verdaderos efectos sobre el consumo de los agentes y las dificultades en la administración del tributo que tendrá la Dian con esta propuesta que más que tener fundamento técnico y coherencia macroeconómica, parece ser una salida del paso y una improvisación.
En conclusión, la ley de crecimiento propuesta por el gobierno nacional y aprobada a pupitrazo en primer debate por el Congreso de la República es una nueva agresión al Estado social de derecho en la medida que desconoce los principios de progresividad tributaria y reafirma la filosofía de reducción del Estado, la cual ha sido promovida por este gobierno y sus antecesores a través de la puesta en marcha de políticas de orden fiscal que no benefician de ninguna manera a la población de menores ingresos y que por el contrario profundiza las inequidades en el país.
