RedPapaz, Educar consumidores, Fundación Anaás, entre otras, son organizaciones sociales que han ganado reconocimiento gracias a sus campañas virales que presionan la expedición de leyes y propuestas legislativas relacionadas con el etiquetado de los productos alimenticios, el aumento de la carga impositiva de las bebidas azucaradas, el uso de nuevas tecnologías y el consumo de tabaco, entre muchos otros.
El lobby es una las tácticas más usadas por este tipo de organizaciones para ganarse el reconocimiento en la opinión pública e influir en los tomadores de decisión. Esta táctica se lleva a cabo a través de campañas virales que difunden mensajes alarmantes —muchas veces con información tendenciosa o sacada de contexto— con relación a las industrias y sus productos. Lo anterior tiene como principal objetivo presionar los debates en las instalaciones del Congreso de la República con miras a que las propuestas legislativas en curso —relacionadas con la “protección de la salud de los ciudadanos”— salgan a flote o por el contrario, se terminen hundiendo.
Además de presionar de manera directa, tanto online como offline a los reguladores, estas organizaciones también buscan incidir en las decisiones de otras entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio o el Invima —incluso por medio de demandas hacia los funcionarios — para que tomen medidas más allá de sus funciones y sin pruebas contundentes.
Por ejemplo, en una de sus más recientes actuaciones, Red Papaz interpuso una tutela contra la SIC y el Invima para que se garantizaran los derechos de los niños dentro de los procesos en contra de compañías de alimentos y bebidas por publicidad engañosa. La tutela se falló en contra de RedPaPaz con el argumento de que los entes de control si habían tomado las medidas pertinentes en este caso. Lo mismo ocurrió con una acción de cumplimiento interpuesta contra la SIC por supuestamente incumplir sus funciones en materia de control de publicidad de productos de tabaco. En el mismo sentido, tanto el Tribunal Administrativo como el Consejo de Estado fallaron a favor de la SIC argumentando que se habían realizado los controles correspondientes de acuerdo a las facultades de la entidad.
¿Por qué estas organizaciones insisten en desconocer las funciones de las autoridades y las decisiones que toman de forma autónoma y con apego a la ley? ¿Cuál es su afán en que las decisiones se tomen de la forma que a ellos más les parece o les beneficia? ¿Por qué orquestar campañas virales que sólo exponen una situación algunas veces desproporcionada y exagerada del quehacer de las industrias? No sorprende que ninguna de las organizaciones haya revelado sus conexiones financieras con las fundaciones internacionales y compañías farmacéuticas que las financian y que tienen claros conflictos de interés, como ha salido a la luz pública.
Cuando dichos grupos están activamente en contra de las medidas que supuestamente afectan la salud pública, se debería tener en cuenta de dónde proviene su dinero y los eventuales intereses que tienen detrás, por ejemplo, en beneficio de la industria de medicamentos. Lo que se pone en discusión es la veracidad de los datos que se están divulgando, que al final en el caso de estas organizaciones, no cuenta con ningún tipo de control por escudarse en un alegado interés de protección a la salud pública. Si ellas pueden fiscalizar, controlar y difundir mensajes en contra de algunas las industrias legales y sus productos, ¿por qué no pensar en una vigilancia real de sus actividades?
