La aprobación en primer debate de la denominada “ley Arias” tiene un responsable directo y no es precisamente el antiguo pupilo de Uribe, condenado por la Corte Suprema de Justicia y hasta hace algunos meses prófugo. Quien promovió la votación de ese proyecto de ley en primer debate es un uribista purasangre, cabeza de uno de los sectores más tradicionales y cavernarios del uribismo antioqueño: Santiago Valencia (hijo de Valencia Cossío).
El actual presidente de la Comisión Primera del Senado fue quien movió toda la agenda legislativa de esa Comisión para favorecer a Uribito y sacar avante un proyecto diseñado a la medida de Arias y que de aprobarse en el Congreso, superar una revisión automática por parte de la Corte Constitucional y ser sancionado por Duque, abriría un boquete a cientos de procesos de parapolíticos, corruptos y criminales condenados por la Corte Suprema Justicia en las últimas tres décadas. Tamaña irresponsabilidad solo puede ser atribuida al uribismo para favorecer a su “mártir”. ¿Pero pasará ese proyecto los siguientes debates? No lo creo y procedo a explicarlo.
El proyecto de “ley Arias” es una un tipo de ley que exige mayoría absoluta
Se conoce como ley estatutaria y es un tipo de ley que en la jerarquía normativa se encuentra en la cúspide. Solo es superada por la Constitución Política (a quién desarrolla en apartados de derechos fundamentales). Ese tipo de ley exige mayorías absolutas de los miembros de la respectiva Comisión y Plenaria (Cámara y Senado) en cada uno de sus debates; su aprobación requiere un grado de concertación tan alto que desde 1991 se han aprobado tan solo un puñado de esas leyes. Además, los proyectos de ley estatutaria deben ser aprobados en una sola legislatura (las ordinarias se pueden aprobar en dos) y por mandato constitucional su primer debate se surte en comisiones primeras de Cámara y Senado. Como el presidente de la Comisión es quien determina el orden del día, otorga la palabra y mueve la agenda legislativa según su conveniencia, Valencia impusó la votación de ese proyecto como un punto de honor (pasando a la cola proyectos de más importancia) y logró su aprobación al configurar mayorías que el uribismo no tiene en esa Comisión. Sin embargo, su victoria resulta simbólica porque ahora el proyecto pasa a la plenaria del Senado donde el presidente es el liberal Lidio García y el Centro Democrático la ha tenido dura para armar mayoría.
¿El pleno del Senado le caminará a un proyecto de ley para favorecer a una sola persona?
En principio, las leyes deben ser universales y abstractas. Esto no se cumple con la “ley Arias” porque solo está diseñada para favorecer al exministro sin importar las consecuencias en la administración de justicia (el proyecto de ley en su articulado no contempla por ejemplo un plan de choque) o el daño colateral que podría tener en cientos de condenas. Solo por ese motivo ese proyecto se debe hundir o volveríamos a los tiempos de modificar “articulitos” para favorecer a una sola persona. Ese proyecto solo forma parte de la narrativa uribista en torno a Arias al que le quieren limpiar el nombre graduándolo de perseguido político. Tras ser aprobado en primer debate el proyecto pasará a la plenaria del Senado donde deberá ser aprobado por mayoría absoluta, es decir, 55 votos. A diferencia de la Comisión Primera donde Valencia es presidente en la plenaria la responsabilidad de la agenda legislativa le corresponde a Lidio García, un político costeño algo crítico al gobierno, que no ha considerado ese proyecto como una prioridad para el Congreso (a la plenaria llegan cientos de proyectos). Si por presión del uribismo Duque le envía mensaje de urgencia (facultad que tiene el presidente para acelerar trámites en el Congreso) el proyecto podría ser votado pronto en plenaria y es ahí donde no creo que se armen mayorías para aprobar semejante esperpento.
Revisión única y automática por parte de la Corte Constitucional
En al caso que el proyecto sea aprobado en segundo debate en Senado y también pase otros dos debates en la Cámara (antes del cierre de la legislatura del 20 de junio de 2020), automáticamente pasará a la Corte Constitucional quien deberá hacer un riguroso examen de constitucionalidad para determinar si se ajusta a la Constitución, no la reemplaza y es considerado exequible. Ese trámite puede tardar cerca de un año y no hay certeza que los magistrados de las Altas Cortes, que se han cuidado las espaldas en los últimos años (solo hay que recordar que en 2016 hundieron apartados estratégicos de la reforma al equilibrio de poderes relacionados con la administración de justicia) le den luz verde. ¿Aprobaría la Corte Constitucional una ley que de entrada desvertebraría la capacidad administrativa de la Corte Suprema de Justicia? Tampoco creo que las mayorías de la Corte Constitucional le caminen a un proyecto que solo busca favorecer a Arias y que arrastra en el camino cientos de condenados por parapolítica y corrupción. Pero como todo puede pasar en el país del Sagrado Corazón, si la Corte lo avala se lo enviaría al presidente para que proceda a sancionarlo y entraría en vigencia como ley. De ahí la pelota y el chicharrón le quedaría a la Suprema.
Estoy seguro que por responsabilidad con el país y la historia la plenaria del Senado hundirá la “ley Arias”. A los congresistas hay que exigirles que sean consecuentes y no malgasten tiempo discutiendo proyectos que solo favorecen a unos pocos ya que deben pensar es en las grandes reformas que sí necesita el país (y que tampoco han querido impulsar). Si se empeñan en seguirle el cuento al uribismo el Congreso se desgastaría más que con el trámite de las fallidas objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP. A Valencia le doy un punto por haber logrado la aprobación de un proyecto tan vergonzoso; sin embargo, solo es un primer round de cuatro (tan solo en el Congreso) y le anunció que en segundo debate lo dejarán en la lona.
