A las puertas de terminar los mandatos constitucionales de las autoridades locales 2016-2019 y dar comienzo a los nuevos mandatos, las administraciones salientes y entrantes se encuentran en el proceso de convergencia en un marco de información y diálogo relevante acerca del estado en el que se encuentran las entidades territoriales.
El empalme es un proceso reglamentado por la Ley 951 de 2005, además de estar regulado por un documento conjunto emitido por el Departamento de la Función Pública, el Departamento de Planeación Nacional y la Procuraduría General de la Nación denominado Orientaciones para un empalme exitoso, el cual busca que los gobiernos salientes hagan entrega de toda la información relacionada con los asuntos y recursos públicos que han administrado a los gobernantes electos, quienes deben recibirla, verificarla entenderla y debatirla.
Este proceso debe servir para que la administración saliente rinda cuenta a los diferentes actores, demuestre la gestión realizada y cuente con información organizada ante cualquier requerimiento de los órganos de control, así mismo para la entrante identifique las apuestas al desarrollo, programas y/o proyectos que fueron exitosos y convenientes, contar con mayores elementos e información actualizada y específica para iniciar la formulación de su plan desarrollo, tomar como referencia las lecciones aprendidas para la implementación de nuevas políticas, programas y/o proyectos que le permitan realizar un excelente gobierno, brindándole desarrollo y progreso a su comunidad y garantizando el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de su gente.
A pesar que la ley y el gobierno nacional han establecido unos parámetros para ser seguidos por las comisiones de empalmes, las de los gobiernos entrantes en muchos casos se desvían de su función, pretendiendo convertirse en órganos de control y realizar auditorías a las administraciones salientes, convirtiendo este proceso en tormentoso, demorado y de rivalidad.
Con ello olvidan el gran objetivo de este proceso, que no es otro que lograr una transición armoniosa entre la administración saliente y la entrante, con el fin de evitar rupturas que frenen los procesos de la gestión pública y los objetivos de un buen gobierno, más no procesos de control, vigilancia, revanchismo o persecución entre los gobernantes.
Por eso es necesario que alcaldes saliente y electos direccionen las comisiones de empalmes a lo estipulado en la ley y enfoquen a sus equipos de trabajo a seguir los procedimientos y procesos establecidos en el ordenamiento jurídico, que permita un proceso formal, organizado, transparente, integral, interactivo donde se solicite, estudie, verifique y analice la Gestión para el Desarrollo Territorial, la financiera, administrativa y jurídica del ente territorial.
Solo así podrán gobernantes encaminar su gobierno en bases fuertes que le permitan adelantar una gestión en beneficio de sus comunidades y propendan por la satisfacción de las necesidades de su gente, de lo contrario estarán evocados a mirar por el espejo retrovisor, culpando a sus antecesores de su negligencia y mal gobierno.
