Si algo va quedando claro, es que lo fundamental no es la innegable debilidad política de Duque, sino la debilidad política y pérdida de apoyo popular de la oligarquía de este país, y junto a ello, el aislamiento del uribismo y del Centro Democrático; el rechazo de los colombianos a su política de entrega sin ambages a los requerimientos del capital privado, a su extrema violencia contra el pueblo, y a la entrega de la soberanía económica, política y social de la nación a los Estados Unidos. Lo demás es una coartada para abrirle paso al decreto de Conmoción Interior.
Los sables que hoy por hoy se escuchan desde el interior del partido C.D, y que sugieren a Iván Duque uno de sus militantes dar un paso al lado, no es por un descontento con él, por la implementación de reformas y políticas sociales injustas, dirigidas contra los colombianos sino porque consideran que teme profundizarlas. Al partido de gobierno no le interesa que sea con Duque o con Martha Lucia, les concierne que el paquetazo sea impuesto a las buenas o a las malas, que sea roto definitivamente el agonizante proceso de paz, que el ejecutivo controle las Cortes, y que cualquier expresión de descontento social sea tratado sin contemplaciones; su propósito más apremiante, es declarar la Conmoción Interior o ejecutarla gradualmente y sin formalidades, independientemente de su antipopularidad.
La élite del país se enfrenta a un paro que comenzó triunfante desde antes de iniciar, que ha hecho fracasar una por una las argucias del régimen, que ha derrotado con movilización las diferentes fases de la campaña de pánico implementada por el gobierno, y las mentiras de la élite para desactivar las razones de la protesta. El paro superó el arbitrario preámbulo del 20 de noviembre, desbordado de allanamientos irregulares, detenciones injustificadas y militarización. Ni con las ya develadas noches de terror contra los colombianos principalmente en Cali y Bogotá, ni con tanques circulando por las calles o helicópteros militares y de policía sobrevolando rasantes los cielos de las principales ciudades del país, ni con el vandalismo prepago de la Policía Nacional en los barrios, ni con la agudización de la represión; han logrado parar la movilización y la indignación generalizada, y no será así hasta que no sean atendidos y cumplidos los 13 puntos presentados por el Comité de Paro. No serán tres días sin IVA, precisamente, los que desinflarán esta gran movilización social.
La cada vez más extensa cobertura del paro y su prolongada continuidad en todo el territorio; llevó al gobierno Duque a proponer un monólogo, al tiempo que avanza en acuerdos con el empresariado. Decreta Toque de Queda contra los colombianos, y establece la conformación del holding financiero estatal que abre la privatización de al menos 16 empresas públicas, en favor del capital privado nacional y extranjero, desafiando millones de voces en contra que atiborran las calles.
No cabe duda que la orden gubernamental es reprimir, y expeler falsas condolencias por los hechos derivados de sus mismas orientaciones, como el doloroso asesinato a manos del Esmad del joven estudiante Dilan Cruz. “El Esmad seguirá garantizando la seguridad de los colombianos”, afirma con desfachatez el nuevo ministro de defensa Holmes Trujillo, mientras los colombianos se preguntan “¿Por qué la Policía no está deteniendo a los vándalos y si persiguiendo los cacerolazos?”. Duque declara: "El Esmad y la Policía ha actuado buscando tener toda la prudencia”, mientras otro joven Duván Villegas se encuentra en estado grave desde el 21 de noviembre, en Cali, tras recibir un impacto de bala por parte de la policía en la espalda, que le afectó columna, pulmón e hígado.
Y si uno de los motivos del paro indefinido, es el rechazo al impune asesinato de líderes sociales, el 22 de noviembre fue asesinado en Riohacha con diez disparos el reclamante de tierras Hernán Antonio Bermúdez, y desde el pasado 23 de noviembre se encuentran desaparecidos los campesinos Felipe Adarme y Marco Tulio Cortés, el primero de ellos líder social. Ellos fueron detenidos y esposados por miembros de la policía en el Cauca, y según informaciones de los familiares, uno de los uniformados que hizo parte del operativo de detención, se suicidó horas después.
De igual manera el ministro de Defensa, el presidente de la República y los tribunos del Centro Democrático, guardan un obsceno silencio en relación con el suicidio del soldado Brandon Cely Páez, quien antes había denunciado: “Me han quitado la voz acá (…) Apoyo total y plenamente el paro colombiano por las inconformidades del pueblo, y como soy soldado y no puedo decir esto, he decidido acabar con mi vida”.
El pueblo colombiano expresa hoy su conmoción, ante un régimen que convulsiona, y que arrebatadamente firma decretos que facilitan el robo y saqueo de los recursos públicos del país. El pueblo inmenso no le está requiriéndole al gobierno ninguna humildad, sino rechazando sus soberbias políticas económicas y sociales, y exigiéndole con dignidad y decisión el desmonte inmediato de las mismas.
La sociedad viene desplegando un proceso constituyente, a través del ejercicio de su soberanía política, y la organización de asambleas populares, lo que más temprano que tarde se articulará con importantes experiencias en cuanto a los procesos constituyentes desarrollados durante los últimos 15 años por sectores como los movimientos campesino e indígena.
Existe obviamente un abismo infranqueable entre un proceso constituyente genuinamente popular que puede desembocar en una Asamblea Constituyente, y las propuestas de ANC del régimen y de buena parte de los partidos políticos en Colombia. En la pasada campaña presidencial del 2018, varios proyectos político – electorales como el partido de la Rosa, el Centro Democrático y el Progresismo habían arrojado propuestas específicas de Asamblea Constituyente, pero en las postrimerías de dicha coyuntura, terminaron en fuga e iniciaron una silenciosa evasión del tema.
El vértigo frente al pueblo ejerciendo poder,
los hizo dar un paso hacia atrás frente a la constituyente,
y se consagraron a rearmar trizas, fueran del proceso de paz, Constitución del 86 o del 91
El vértigo frente al pueblo ejerciendo poder, los hizo dar un paso hacia atrás frente a la constituyente, y se consagraron a recoger y rearmar trizas, fueran del proceso de paz, de la constitución del 86 o de la del 91; la Farc por un inesperado legalismo, el uribismo por su congénito autoritarismo y el progresismo por su presuntuoso mesianismo. Un embaucador plebiscito, una peligrosa “Supercorte” y unas pretendidas mayorías parlamentarias, habían sido los comodines para esquivar el tema hasta hoy.
La posibilidad hoy concreta de un Proceso Constituyente Popular, hace que el uribismo vuelva a agitar los rescoldos de la Constitución del 86, con el propósito de avanzar en la configuración de un Estado fascista; y que el progresismo liberal agite la nostalgia de una Constitución del 91, construida desde arriba, a pesar de la pirotecnia participativa, y que en consecuencia efectuó la paradójica alianza entre la reivindicación de los derechos sociales con la pública bienvenida al neoliberalismo. La sustitución de Dios por el pueblo como depositario de todo el poder, fue solo formal, en la práctica significó la sustitución del Dios teológico y abstracto, por el dios “concreto” del Mercado; de la Gracia a la Catalaxia. Lo demás fue un muy prometedor preámbulo que hoy encubre su componente neoliberal, entre otras razones por las incontables reformas hechas, por lo demás, a espaldas del constituyente primario, y en la mayoría de los casos en contra de él.
Frente a esa obsolescencia, es precisamente ese constituyente primario, esa sociedad volcada hoy a las calles, organizándose y movilizándose; el único poder legítimo y en capacidad de construir una Nueva Colombia. No será ésta una tarea fácil, ya que la fuerza societal se encuentra diseminada y reprimida por décadas de dictadura adornada de teatro eleccionario, y por eso gran parte de su impulso está retenido aún en las fauces del latifundio hoy fortalecido, en cada acto de represión de la fuerza “pública”, y prisionero de la creciente operatividad del paramilitarismo.
Sin embargo, a pesar de los miles de líderes sociales asesinados, el actual paro remonta desde el subsuelo colombiano, y marca el inicio de un nuevo ciclo en la lucha política popular, presagiando un rumbo profundamente democrático; en el que las mayorías sociales deberán reconstruir y organizar su propio poder político y social fragmentado, para edificar una nación en la que por fin estén inmersos, y se materialicen sus más que merecidos sueños de nueva independencia.
La lucha unida e incesante harán realidad ese propósito.
El pueblo está rechazando las soberbias políticas económicas y sociales del gobierno, y exigiéndole con dignidad y decisión el desmonte inmediato de las mismas.
