El mundo, ensimismado y dejándose arrastrar por la inercia de las instituciones —estatales y supraestatales—, asiste a la eclosión de una nueva forma de acción política en la que los tradicionales líderes pasan a un segundo plano y se erige como protagonista de la historia un sujeto colectivo que no pertenece a un partido en especial y que no exhibe una única lógica para sustentar la movilización social. Se trata de una de las grandes transformaciones de la vida de los países latinoamericanos que, si quisiéramos, podríamos poner en términos analógicos con lo ocurrido hace casi una década con la denominada ‘primavera árabe’, el movimiento de los Indignados y —más recientemente— el de los chalecos amarillos.
La insurrección en África y Europa
Como se recordará, en noviembre de 2010 se genera una serie de confrontaciones en el “territorio no autónomo” del Sahara occidental entre tropas marroquíes y pobladores de los campamentos saharauis. Luego, en diciembre, se inmola en señal de protesta Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante de Túnez a quien la policía expropiara todos sus haberes. Con estos dos hitos como referente, se levanta la indignación popular contra el régimen despótico de Zine El Abidine Ben Alí y se inicia una seguidilla de levantamientos laicos y republicanos que terminarían por incidir en los destinos de casi todos los países árabes, con la única excepción de Emiratos y Catar.
Posteriormente, en mayo de 2011, se genera una movilización popular, sin dirigentes políticos detrás, conocida como ‘de los indignados’, influida entre otras cosas por el testamento político de Hessel, ¡Indignaos!, publicado en su versión original francesa en diciembre de 2010. Este movimiento terminaría compartiendo sus ideas con ciudadanos de otros lugares del mundo. Y, aunque con cierta distancia, como una resonancia de retorno, en octubre de 2018, se origina el levantamiento de los Chalecos amarillosen Francia.
En todos los casos, se trata de movilizaciones sociales de resistencia ante el desaforado auge del capital financiero, la falta de democracia o el secuestro de la misma por parte de las oligarquías autóctonas y las instituciones multilaterales (OCDE, FMI, BM...), la represión a la inconformidad social, el desmonte de beneficios estatales para los sectores de menos ingresos, la desigualdad y la pobreza, entre otros factores de malestar en los países que dieron origen a un “movimiento colectivo, transversal y sin cabezas visibles” que parece encarnar los presupuestos bakunianos de que “Tal es la ruta popular de la emancipación real y total, accesible a todos [...] a fin de crear luego, desde las profundidades del alma popular, las nuevas formas de la vida social libre”.
La insurrección en América Latina
Y a este lado del mundo, donde aún no terminan de fraguar los cimientos de sociedades democráticas, libres e iguales, se han fortalecido —con el mismo empuje de la primavera árabe— la indignación y la resistencia de países que han sufrido toda clase de gobiernos, con fortuna desigual. No obstante, en la actualidad, casi en su totalidad, soportan los embates de una concepción económica que busca reducir (o desaparecer) ese Estado social en que mutó el Estado de bienestar y que intenta desregular al máximo la “función de garante de la cohesión social” mediante la cual se han ofrecido un conjunto de garantías mínimas para la protección de los derechos individuales y para conjurar los riesgos de ruptura del lazo social, que se estabiliza en tanto existen los derechos colectivos, como lo aclaró Castel en 2010.
La sucesión de levantamientos en contra de las políticas y los gobiernos latinoamericanos se encuentra a la orden del día y en ellos se evidencian categorías y atributos que son compartidos y que obligan a ser tenidos en cuenta por quienes nos gobiernan.
El primero, entre todos, resulta ser el de la consolidación del nuevo actor social —de derecho y acción— que hemos denominado transitoriamente sujeto colectivo, el cual se caracteriza por ser anónimo, plural, diverso, creativo, político (en los términos asociativos de Arendt), anti totalitarista y, de contera, joven.
Otros rasgos comunes que podemos mencionar rápidamente están referidos a unos gobiernos sordos ante los reclamos sociales —al menos, inicialmente—, el uso desmedido de la fuerza policial para enfrentar la protesta (como lo han subrayado la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional), lo cual se constituye en una abierta violación de los derechos humanos, y la manifiesta debilidad de los partidos de gobierno, entre otros.
El caso concreto de Colombia, incluidas la muerte de Dilan Cruz Medina, la fracasada reunión del comité de paro y el gobierno nacional y la solicitud de renuncia (o alejamiento temporal) del presidente desde las mismas huestes del partido de gobierno, nos ofrece un panorama altamente crítico, con tendencia a mayores complicaciones, que alimenta la indignación, fomenta la resistencia y termina empoderando al nuevo actor que se gesta en las movilizaciones y que comienza a tener incidencia en los destinos del país, pues —como lo pregonan los mismos jóvenes— pertenecen a una generación que va perdiendo el miedo a decir las cosas y actuar para hacer un mundo a la medida de sus expectativas.
Y eso es muy de tener en cuenta.
Eso es serio.
