El asesinato de Dilan Cruz, a manos de un agente del Esmad, reabre una serie de cuestionamientos y preguntas que han estado por años sin resolverse desde ámbito político como judicial
En redes sociales aparecen vídeos que muestran con claridad el momento en que un agente Esmad apunta su Trufly (arma lanza gases lacrimógenos) contra la humanidad de Dilan para dispararle de inmediato. El joven cae inconsciente sobre el pavimento, donde por más de veinte minutos los paramédicos lo reaniman dándole masaje cardiaco.
Por tres días, los médicos del hospital San Ignacio hicieron lo que estuvo a su alcance para salvarle la vida, sin embargo, la brutalidad del disparo fue fulminante y la noche del lunes 26 el centro médico dio a conocer la fatal noticia sobre el fallecimiento de Dilan que tiene indignado a un país entero, que sigue gritando con dolor: " Dilan no murió, a Dilan lo mataron".
Este nuevo asesinato por parte de la Fuerza Pública nuevamente pone en la agenda los excesos de fuerza, la violación de protocolos y la inclusión de munición no convencional en el tratamiento a la protesta social, a todas luces ilegal y con un actuar propio de la doctrina militar que ve en la población un enemigo interno al que hay que acabar a como dé lugar.
Uno de los vídeos muestra con claridad el disparo a menos de diez metros, otro, muestra cómo en el cráneo de Dilan quedó “incrustada” una especie de tela que salió del arma utilizada por el agente con alevosía. Este suceso pone en evidencia como el escuadrón actuó de forma desproporcional frente a un joven que salió a la marcha para reclamar por el derecho a la educación.
Cabe preguntarse si el elemento que dispararon al cráneo de Dilan es una recalzada, si esto es así, ¿quién le pasó la munición al sujeto que la accionó?, ¿dónde y quién fabrica este tipo de munición?, ¿cómo se provee el Esmad de estos artefactos?, ¿quién vigila el armamento y las actuaciones del Esmad?
Esto que paso con Dilan es el pan de cada día cuando la ciudadanía hace uso del derecho a la protesta social, sobre todo en zonas rurales donde no hay cámaras ni misiones de verificación, donde hay violaciones a los derechos humanos, a los protocolos establecidos, donde hay un uso desproporcionado de la fuerza, ataques indiscriminados, heridos y asesinados por estos “servidores públicos”, llámense Esmad, un cuerpo de elite que le cuesta a los colombianos más de 490.000 millones al año.
Cabe hacer una pregunta más: ¿este gobierno atenderá la exigencia del desmonte del Esmad y pondrá en discusión la doctrina militar? Son puntos clave dentro del pliego de exigencias para una posible negociación entre el ejecutivo y la ciudadanía en las calles. De lo contrario, el paro nacional continúa fortaleciéndose y más, cuando el asesinato de Dilan ha causado tanta indignación nacional.
