Porque esta movilización fue ante todo un movimiento del deseo. Los intereses, las motivaciones por objetivos concretos son tan diversas que el entendimiento del paro se desborda entre la implementación del acuerdo de paz, el rechazo a los asesinatos de indígenas y líderes sociales, hasta la oposición a las anunciadas reformas laboral y pensional o contra el incumplimiento de acuerdos salidos de movilizaciones anteriores de estudiantes y trabajadores.
¿Caben todas esas motivaciones en una agenda sectorial, sindical o profesional? Evidentemente no. Es la expresión de un malestar contra la mala política y los malos gobiernos. Mala política es la que no ha sido capaz de alcanzar la paz social que es la primera razón de ser del Estado. La instrumentalización del Estado para utilización de los interesados en el retorno y la continuación de la guerra ha desviado a los responsables de las decisiones de alta política de esta primera y esencial finalidad sin la cual está permanentemente amenazada de disolución la comunidad política, es decir la nación colombiana, como sucedió en la transición del siglo XX al XXI. Malos gobiernos son los que contribuyen a continuar con esta mala política. Y los resultados en otros campos de acción del Estado aumentan el saldo de los malos gobiernos, y por lo mismo el malestar ciudadano: grandes escándalos de corrupción que culminan en impunidad o en una justicia para privilegiados; una política ya demasiado prolongada, que hace época, de ajustes económicos y de apretarse el cinturón en los hogares (desde 1990 por lo menos), sin que ese sacrificio de sectores sociales enteros se traduzca en programas compensatorios de beneficios futuros. Pero el mayor signo de la incomprensión sobre las causas de la movilización es no querer admitir el empoderamiento de la ciudadanía que por primera vez en su historia, en un país presidencialista casi hasta la monarquía, estuvo por encima de la votación de un presidente de la República en la consulta anticorrupción. Pero no se atendió el mensaje y ahora estamos en las calles, con un malestar aumentado.
El Cacerolazo es la forma de expresión que mejor ha transmitido ese malestar polisémico. No es más que un ruido monótono, repetitivo y hasta infantil, se diría. Si un solo chico comenzase a ejecutarlo en su apartamento para hacerles pataleta a sus padres, seguro que los vecinos llamarían a la portería para hacerlo acallar. Pero esparcido y repetido como un movimiento de ondas sonoras por toda la ciudad angustia nuestra fragilidad, estremece el coraje y alienta la participación. Inútil buscarle significaciones por objetivos, son las de cada quien expresados como el llanto; signo de una pena, una nostalgia o un malestar. Es necesario escuchar al portador, es necesario traducir en significados este ruido creciente y persistente.
No es cierto que la reforma laboral y de pensiones hayan sido falsos motivos invocados por los convocantes al paro, puesto que no habían sido presentados como proyectos de ley, como se dijo. En una política pública, como las implicadas por estas reformas, un proyecto de ley corresponde a una etapa muy avanzada del proceso decisional, precisamente al del planteamiento de la opción de política considerada por el actor central (el gobierno ) como la más óptima para resolver lo que se ha identificado como un problema. Pero los anuncios que hasta ahora se han hecho, en la fase de discusión del problema, dejan ver que hay un diferendo en la percepción del problema entre el gobierno y los manifestantes, o una parte de ellos. La juventud, la integración de los jóvenes al sistema productivo, a las oportunidades de educación y de empleo es uno de los grandes vacíos en la discusión de las cuestiones laborales y pensionales, excepto por la proyección de envejecimiento de la población colombiana, para justificar una de las posibles opciones de acción de la política pública. Y es muy probable que estas dos reformas puedan articularse, sin que sean toda la política para cada una, a través de un programa de relevo generacional en muchos sectores y entidades del Estado en donde sus integrantes han envejecido pero se resisten a la jubilación, especialmente después de la norma Lizcano, un senador joven que traicionó a su generación. Esto permitiría aliviar en parte la presión de las generaciones jóvenes que aspiran a las oportunidades de empleo y contribuiría a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores cuando todavía es posible sin recurrir con tanta frecuencia a los servicios de salud o, en el peor de los casos, antes de fallecer sin haber conocido el beneficio de la jubilación.
