Marchar en el espacio público de manera pacífica en la reivindicación de una causa justa sin afectar los derechos ciudadanos y sin traspasar las fronteras hacia la destrucción, el caos, el vandalismo y el terrorismo son los destinos de un país en vía de progreso que cuenta con una sociedad de pensamiento moderno.
Contrario sucede en Colombia, donde un reducido sector de la sociedad viene en retroceso con un estallido social que viene agrediendo, alterando y mutilando su carga histórica, lo cual hace que sean indiferentes y no puedan reconocer que este país posee un amplio patrimonio cultural material e inmaterial sujeto de derechos y de custodia.
El uso del espacio público como medio y canal de expresión política y ciudadana es un ritual por excelencia en el imaginario social que converge en la escena pública para buscar conquistas en un Estado social de derecho. Sin embargo, si el orden público se ve irrumpido por grupos disconformes, que “abusan de su derecho a la libertad y a la igualdad”, se “autodestruye la democracia” en Colombia, donde es vital el cuidado y la vigilancia permanente de los bienes de interés cultural, antes conocidos como monumentos culturales, que son parte del patrimonio cultural material.
Colombia vive una de sus peores crisis político-administrativas, situación que no ha permitido la protección, conservación, rehabilitación y divulgación del patrimonio cultural como responsabilidad del Estado y del ciudadano. Sumado a esta coyuntura se encuentran las amenazas y acciones por vías de hecho dadas en las protestas cuando se presentan los desmanes callejeros, los cuales han destruido estos bienes de interés cultural. Y se encuentra también un comportamiento que podría calificarse como negativo, ante la ausencia de políticas públicas claras que vigilen el patrimonio cultural del territorio colombiano; políticas que ya deberían de estar en el inventario de los gobernadores y alcaldes ya elegidos para el periodo 2020- 2023 como vigías de su patrimonio cultural en cada una de sus regiones.
Están llamados los manifestantes impertinentes a no alterar los usos cotidianos del espacio público, en donde está ubicado el patrimonio cultural material, para que este se resguarde y no se vea destruido y transgredido en su ordenamiento jurídico, lo que se configuraría a todas luces como una "falta de respeto de las leyes como libertad”. Esto ha implicado tensiones y enfrentamientos entre la fuerza pública y hordas de manifestantes violentos, quienes muchas veces amenazan la convivencia en una democracia, queriendo visibilizar su carácter conflictivo con sus actos vandálicos, olvidando ciegamente que el patrimonio cultural existen.
Es claro que el lenguaje y las expresiones de malestar que han permeado a los millennials y a algunos infiltrados (veteranos) adheridos a esta generación discurren entre mensajes cifrados en las redes sociales (chats privados), piezas de audio y video, cargadas de gritos, insultos, consignas ofensivas y violentas en contra de la fuerza pública y toda la institucionalidad a la hora de marchar, como también en su cotidianidad haciendo gala y apología rampante al delito, olvidando que se hace parte de ese patrimonio cultural.
La invitación es a la calma y a la conservación, también a que se haga uso de todas aquellas expresiones artísticas, teatrales, lúdicas, musicales, etc., como un ingrediente más de estas protestas y exclamaciones artísticas, que generan en el colectivo una recepción positiva. Ante los desmanes ya existe un repudio marcado y generalizado, ya son muchos los que está cansados del lenguaje que transgrede el civismo de ciudad, un término desconocido en estos tiempos por quienes tienen como bandera “la imprudencia de las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad”.
Finalmente queda claro que a veces el subconsciente falla y esperamos que en el magno masónico se estén dando cuenta de que destruir el patrimonio cultural en nada aporta. Además, con esto en mente afloran unos interrogantes: ¿quién paga los destrozos?, ¿quién paga la restauración de nuestro patrimonio cultural?
“Nuestra democracia se autodestruye porque abusa de su derecho a la libertad y a la igualdad. Porque enseña a sus ciudadanos a considerar la impertinencia como un derecho, la falta de respeto de las leyes como libertad, la imprudencia de las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad”: Isócrates.