Para tomar su decisión final sobre el fracking, Colombia podría aprender lecciones de las experiencias internacionales y sobre transición energética. Esta semana el gobernador demócrata de California, Gavin Newson, ordenó parar los permisos para el fracking en ese Estado hasta que puedan ser revisados por un panel científico independiente. A principios de este mes, el Gobierno de Inglaterra dirigido por el Partido Conservador suspendió el fracking. También este año en Estados Unidos, Oregón y Washington; y en Brasil, Paraná y Santa Catarina, lo prohibieron. Costa Rica declaró moratoria indefinida a todas las formas de extracción de hidrocarburos, incluido el fracking” En Suráfrica la Corte Suprema de Apelaciones tumbó el marco jurídico del fracking por saltarse las instituciones ambientales. Solo este año, pero hay muchos ejemplos más.
Los países y comunidades en todo el mundo están asumiendo su responsabilidad de proteger el ambiente y de actuar ante la crisis climática. Esto va más allá de los colores y las tendencias de una coyuntura porque concierne a todas las generaciones presentes y futuras y a todas las formas de vida.
En 2020 el Consejo de Estado tomará una decisión fundamental para el futuro de Colombia. Este tribunal decidirá si el marco regulatorio del fracking es legal o no. Esta decisión será una de las más importantes en la historia del siglo XXI, pues abrirá o cerrará la definición del modelo energético de Colombia, con repercusiones profundas ambientales y sociales.
La política pública energética de Colombia, incluido el marco regulatorio del fracking, tendría que construirse en forma participativa, con acceso a la información, escuchando e incluyendo a las comunidades rurales y urbanas que van a vivir las transformaciones en sus territorios. Esto, además, probablemente sería más efectivo que esas políticas públicas diseñadas a puerta cerrada por élites “tecnócratas”, que no solo violan los derechos a la participación de la ciudadanía, sino que han demostrado su fracaso, quizá consecuencia de su desconexión con la realidad en los territorios.
Colombia podría encaminarse por un modelo de país que prioriza las energías renovables, solar y eólica, con empleos de largo plazo, aire limpio y mitigación del cambio climático, como ya ocurre en Costa Rica y Uruguay. O podría hundirse más en el modelo que insiste en extraer combustibles fósiles, petróleo y gas, fracking, con empleos de corto plazo, que contamina el aire y el agua y empeora la crisis climática, como ya ocurre en Venezuela y Angola.
¿Cuál será el modelo energético de la Colombia del siglo XXI?
El Consejo de Estado, con una decisión fundada en la protección del derecho al ambiente sano,
podría abrir la puerta a la construcción de una política pública energética justa
¿Cuál será el modelo energético de la Colombia del siglo XXI? El Consejo de Estado con una decisión fundamentada en la protección del derecho al ambiente sano, que garantice la participación ambiental y que aplique el principio de precaución, podría abrir la puerta a la construcción de una política pública energética justa. Esta sería la oportunidad para definir el presente y futuro energético del país de forma participativa y respetuosa con las comunidades y el ambiente, con fundamento en datos verificables, con protección del interés común. Además, al Consejo de Estado en su decisión sobre el marco regulatorio del “fracking” le corresponde no sólo garantizar los derechos de las generaciones presentes, sino también de las generaciones futuras.
Mientras tanto ya hay países que han tomado la delantera en la transición energética y en la superación de la dependencia de los combustibles fósiles. Así, en Costa Rica tienen planeado que en 2030 el 70 % de sus buses y taxis serán cero emisiones y en 2050 el 100 %. En Ámsterdam serán prohibidos los autos y motos que usen combustibles fósiles en 2030. Dinamarca tiene planeado que el año entrante la mitad de su energía eléctrica provenga del viento. Sí se puede, ya existe la tecnología, ya hay experiencias exitosas, ya existe el conocimiento. Lo importante ahora es que el Estado colombiano garantice el tiempo y los espacios para definir una política pública tan importante conforme con los derechos humanos y ambientales, participación ambiental efectiva y que proteja el bien común de las generaciones futuras y presentes. El Consejo de Estado, como parte del Estado colombiano, podría amparar esos derechos en su decisión final sobre el marco regulatorio del fracking.
Recomendación: El libro La inviabilidad del “fracking frente a los retos del siglo XXI publicado la semana pasada, contiene argumentos que sirven para tomar una posición informada sobre el futuro energético de Colombia y la prohibición del fracking. Está disponible en este enlace.
