La sociedad en general debe imponer el orden y frenar el desconcierto, “Lo que para unos es comida, para otros es amargo veneno” decía Lucrecio, y por eso el llamado al orden que hacen los pueblos, es caos para las élites.
Es extravagante, que en medio de la repulsión social generalizada contra el uribismo, del rechazo de casi el 70 % de los colombianos a la gestión presidencial, en un escenario de incesantes asesinatos de líderes indígenas en el país, 198 desde 2016 en todo el país, 134 en el actual gobierno, pero también en medio de asesinatos de líderes sociales más de 200 durante el 2019 y más de 800 desde el 2016, de asesinatos de exguerrilleros reincorporados que confiaron en la palabra del Estado colombiano; 170 desde la firma del acuerdo de paz. Es insólito que agobiado como está el país de hechos matutinos donde niños y adolescentes son aplastados por bombas que dejan cráteres de 12 metros, de otros más fusilados, o perseguidos con drones y perros amaestrados para luego rematarlos por parte de miembros del ejército nacional, que en medio de dolosos homenajes presidenciales dedicados vanidosamente a los responsables de dichas operaciones, dadas a conocer en su momento como impecables. Que en un país aturdido de denuncias como la de los hechos cometidos por el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, quien ordenó matar un civil y a quien por WhatsApp un subordinado le confirma con un áspero: “Mi coronel ya lo maté”, refiriéndose al asesinato y suplició del reinsertado de Farc Dimar Torres. Es inaudito que en medio de hechos como la tortura y asesinato a sangre fría de Flower Jaír Trompeta campesino defensor de DD. HH. en Caloto, a manos del ejército, o que en medio de una democracia electoral descompuesta donde hay candidatos en la cárcel, o con brazaletes electrónicos, por corruptos y otros delitos electorales, en medio de un país en guerra y en guerra sucia, donde para esa élite que gobierna, hablar de paz se convirtió en delito, y exigir paz con justicia social en terrorismo, y donde estructuras encubiertas como las Águilas Negras amenazan por doquier. Es extravagante que en medio de este sombrío y cotidiano paisaje; salga el presidente Duque, en referencia al paro nacional del próximo 21 de noviembre, a decir: “Hay un plan para desestabilizar al gobierno”.
Duque, quien resultó ser un fiasco en “cercos”, se ha empeñado en otra absurda tarea; cercar el paro del próximo 21 de noviembre negando las irrebatibles razones que mueven y conmueven a los colombianos a sumarse a las movilizaciones, - y mientras hoy niega sus más recientes anuncios- frenético tramita, y ruega apoyo para su segunda ley de financiamiento para cumplirle al FMI.
Y es que las respuestas del gobierno a la crisis son espeluznantes; como reacción a los hechos del bombardeo donde el ejército masacró a más de 8 niños y jóvenes en jurisdicción de San Vicente del Caguán - Caquetá, Iván Duque hace un sentido homenaje a su principal responsable, y ni una sola sílaba dirigida a las víctimas. Respecto al genocidio contra los indígenas, responde con el anuncio del despliegue de 2.500 hombres más del Ejército en el Cauca.
Por su parte la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, exasesora del Grupo Aval, y quien sino hubiese sido por el fallo del tribunal de arbitramento sobre la corrupción del Consorcio Ruta del Sol 2 y de sus socios, Odebrecht y Corficolombiana Aval; nos hubiera hecho pagar a los colombianos 1,2 billones de pesos para los bancos y con el fin de menguar la deuda de Sarmiento Angulo; amenaza hoy con fumigar los territorios indígenas.
El país ya está incendiado y los colombianos deben despertar o levantarse para evitar que sea incinerado por la élite corrupta.
Duque intenta hacer ver las protestas del próximo 21N como una retaliación de la oposición electoral que perdió en las elecciones presidenciales con él, eludiendo la realidad sombría que viven los colombianos, y mostrando (más allá de coyunturales alianzas tácticas) a las organizaciones sociales, populares, sectoriales, cívicas, campesinas, indígenas, estudiantiles, sindicales, etc., como apéndices de partidos políticos electorales, obviando su autonomía y la historia de sus reivindicaciones, las cuales desbordan en varios aspectos las plataformas electorales de los partidos de oposición. Se soslaya la contribución, el aporte en vidas, la claridad natural y el alcance reivindicativo de las organizaciones sociales, procurando infructuosamente con ello estrechar sus límites políticos, al nivel de las tibias vallas de los “independientes” o de las propuestas del progresismo liberal, con el propósito de restarle profundidad y extensión y para que los sectores que no votan, es decir la mayoría de los colombianos aptos para votar, se marginen de un espacio legítimo e incuestionable de participación democrática no electoral, como lo es la protesta social.
La otra estrategia contra las movilizaciones sociales,
es el buscar generar miedo en el pueblo.
Una campaña de amenazas directas y soterradas se ha desatado
La otra estrategia contra las movilizaciones sociales, es el buscar generar miedo en el pueblo. Una campaña de amenazas directas y soterradas se ha desatado; el Centro Democrático, Iván Duque, Lafaurie y toda la fauna terrateniente, conservadora y fascista que habita el país, junto a las amenazas de grupos de choque y estructuras paramilitares; señalan las movilizaciones y protestas sociales, de estar infiltradas por agentes extranjeros.
Pero el mundo ha ido conociendo que es en Colombia desde donde se conspira contra países vecinos, el gobierno Duque participa de planes desestabilizadores en la región, como contra Venezuela, impulsa la desestabilización de la frontera, propicia, o como mínimo permite el accionar conjunto de estructuras armadas paramilitares como los Rastrojos y sectores de la fuerza pública, al tiempo que promociona y conspira con gobiernos paralelos en territorio colombiano.
Hace pocos días Romina Guadalupe, diplomática boliviana, denunció que "guarimberos" colombianos (paramilitares) “fueron utilizados para filtrar las protestas en Bolivia con prácticas fascistas”, con el fin de facilitar el primer golpe militar en Latinoamérica en el siglo XXI, contra el reelecto presidente de Bolivia Evo Morales.
Lo cierto es que el régimen colombiano arde ya por dentro y en sus relaciones exteriores pretende calcinar a otros, cumpliendo de manera estricta la agenda impuesta por Trump. Holmes Trujillo quien perdió toda autoridad y credibilidad internacional como canciller, fue removido (aprovechando el descabezamiento de Botero) y situado como nuevo ministro de Defensa para continuar desde allí sus peligrosas provocaciones contra Venezuela, al servicio de Philip S. Goldberg, embajador de los EE.UU en Colombia, y profundizar el cerco militar contra la sociedad colombiana.
La protesta social es un derecho constitucional,
pero el establecimiento siempre lo ha señalado, reprimido, y prohibido
La protesta social es un derecho constitucional, pero el establecimiento siempre lo ha señalado, reprimido, y prohibido. Protesta sí pero por el andén, y los gases lacrimógenos y las balas llegan a los andenes, protesta sí, pero pacífica, pero la policía se infiltra y genera actos de vandalismo y de saboteo para justificar la represión, desacreditar la protesta social y darle tratamiento de guerra. El régimen crea los mecanismos para incentivar la violencia, la pregunta es: ¿Qué debe entonces hacer el pueblo? ¿Callarse, detenerse?, ¿No rechazar la destrucción de la estabilidad laboral, o la eliminación de la pensión como derecho, la privatización de las empresas del Estado, no oponerse a una corrupción que en Colombia asciende a los 50 billones al año, no rechazar la rebaja de los impuestos a las multinacionales y empresas y más impuestos para la clase media y los trabajadores? ¿Acaso el miedo que quiere generar el gobierno Duque, va a impedir que los colombianos este 21 de noviembre exijan un salario mínimo digno, o que sectores sociales exijan el cumplimiento de compromisos adquiridos con ellos? La situación es tal que la campaña de miedo emprendida por el gobierno, demuestra su propio miedo, lo que no evitará que los colombianos marchen el 21N, exigiendo, además, su derecho legítimo a la protesta y el fin del terrorismo de Estado.paro
Este 21 de noviembre, los colombianos, debemos estar atentos y denunciar, confrontar y aislar la violencia del Estado. El partido de gobierno y el presidente Duque han hecho en varias oportunidades públicos llamados para protestar contra las decisiones de la justicia, contra el ya casi extinto proceso de paz; esta vez es el pueblo quien muy justificadamente se movilizará de manera contundente, y como aseguró recientemente un dirigente sindical: “Colombia parará como nunca”.
