Desde hace dos meses, el superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto envió una lista de ajustes a Rappi, para que su aplicación pueda funcionar dentro de las normas del comercio electrónico del país. A pesar de los soportes que enviaron los fundadores de Rappi: Simón Borrero, Felipe Villamarin y Sebastián Mejía para demostrar que sí habían acatado las órdenes, el superintendente Barreto descubrió solo cumplieron dos puntos y al parecer habrían desobedecido otros cinco, por lo que decidió formular pliego de cargos contra la compañía. En caso de que los directivos de Rappi no logren defenderse, Barreto podrá ponerles una multa de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes, unos 828 millones de pesos.
Los puntos por los que Rappi está contra las cuerdas por incumplir son: indicar a los consumidores, de manera previa a la aceptación de la oferta realizada, la procedencia del derecho de retracto y de reversión de pago; ajustar los términos y condiciones de uso de la plataforma; informar en sus plataformas el precio total de los productos, incluyendo impuestos, costos y gastos, sin que sea posible modificados después de ser aceptada la compra; establecer la responsabilidad de los aliados de Rappi al momento de hacer efectiva una garantía y establecer mecanismos para la recepción de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de los usuarios.
Este no es el primer pliego de cargos formulado por la SuperIndustria contra Rappi, el pasado septiembre Barreto decidió actuar contra la compañía después de recibir cerca de 750.639 quejas de usuarios.
Este es la resolución actual de Barreto contra Rappi:
