Pablo Catatumbo, senador de la colectividad política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), citó al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, para hacer control político sobre el avance en la construcción del plan de zonificación ambiental participativo previsto en el punto 1.1.10 del acuerdo de paz.
El problema de la tierra en Colombia no es solo la altísima concentración de esta en pocas manos, lo es también los usos que se le viene dando, la transformación de grandes bosques en pastizales para hatos ganaderos y la creciente expansión de la frontera agropecuaria que pone en riesgo ecosistemas estratégicos y áreas de especial importancia ambiental.
Si la tierra ha sido el corazón del conflicto, es un deber ético democratizar su acceso y formalización para acabar con las causas estructurales que permitieron su origen. Para ello se buscó una solución contenida en el acuerdo de paz: la Reforma Rural Integral con todos sus componentes previsto en el punto uno.
A la entrega de tres millones de hectáreas para otorgarles a campesinos sin tierra o con poca, la formalización de otros siete millones de hectáreas y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se sumó un eje muy importante para desarrollar el campo, proteger las áreas de especial manejo ambiental, aportar a la solución de conflictos socio ambientales y lograr ordenar el territorio: el cierre de la frontera agrícola mediante la zonificación ambiental participativa.
Este punto de especial importancia para la planificación y ordenamiento del territorio tuvo su primer debate de control político en la Comisión V del Senado de la República. El senador Pablo Catatumbo Torres Victoria citó a la cartera de Ambiente para que rindiera cuentas sobre los hasta ahora avances en esta herramienta.
“Cerrar la frontera agrícola no es un problema ideológico, es un problema social e histórico que el Estado le debe a la naturaleza y el campesinado. En ese sentido, la zonificación ambiental participativa representa la posibilidad real de ordenar el territorio con criterios de sostenibilidad”, afirmó el senador Torres Victoria en medio del debate de control político.
Cerrar la frontera agrícola mediante la zonificación ambiental participativa merece especial importancia en Colombia teniendo en cuenta que la mala planificación territorial ha llevado a que hoy en día no se cuente con planes de ordenamiento territorial actualizados, tampoco se tenga inventariado lo que hay en los territorios, ni se sepa cuáles son los problemas socio-ambientales que hay en las regiones.
En medio de la crisis ambiental que se vive en el mundo, la Zonificación Ambiental Participativa podrá aportar en la delimitación de la tierra que se debe conservar, en buscar que la tierra para producción sea para ello y la tierra destinada para ganadería no abarque más de lo necesario. En otras palabras, hacer lo contrario a lo que se hace en Colombia.
El Plan Marco de Implementación estipuló que para el año 2018 debía estar listo el plan de Zonificación Ambiental de manera participativa. Ad portas de terminar el 2019 no hay plan de zonificación, solo sus bases técnicas, lo que evidencia la falta de voluntad política del gobierno de turno por no cumplir el punto 1 del acuerdo de paz.
El país requiere el plan para la zonificación ambiental participativa, saber sus costos estimados, el tiempo para su ejecución, las entidades que estarán a cargo. Esta conclusión es uno de los resultados del citado debate de control político. En otras palabras, Colombia necesita ver resultados y no mirar estadísticas que no reflejan la realidad de los territorios.
La participación comunitaria en la zonificación es un principio para planificar y ordenar el territorio de forma sostenible, de lo contrario seguirán existiendo diversos conflictos socio-ambientales. El diálogo de saberes urge ser implementado en las metodologías para que las técnicas de las entidades, junto con la planificación comunitaria, logren generar una real gobernanza ambiental a partir del conocimiento del territorio.
