En su año de prisión en La Picota, el abogado Alex Vernot quien además de declararse inocente por el delito de cohecho (soborno) en actuación penal, construido según él por el exfiscal Néstor Humberto Martínez para acallar la verdad, escribió el libro Sepulcros Blanqueados que publica la Editorial Oveja Negra. Se trata de una recopilación detallada del manejo que Néstor Humberto Martínez le dio a la investigación sobre Odebrecht desde el primer día en que llegó al bunker. Fueron rodos de dineros los que corrieron para corromper la cúpula del poder para lograr el mega contrato de la Ruta del Sol que terminó en manos del consorcio entre Odebrecht, Episol (filial de Cofricolombiana) de Luis Carlos Sarmiento Angulo y CSS Constructores de los hermanos Solarte, y al final son muy pocos de los responsables que han pagado por este escandaloso caso de corrupción. Según el libro Sepulcros Blanqueados se trató de un plan calculado por Martínez para proteger a “los intocables” del país. Esta la presentación de la investigación que convirtió en libro:
Cuando concebí la escritura de este documento, llevaba dos meses privado de la libertad en Bogotá, tras haber sido imputado, sin pruebas, por un presunto delito que jamás cometí. Fui detenido el 27 de septiembre de 2018, tres días después de que un premiado periodista y defensor de derechos humanos —a quien he apoyado en la producción de varios documentales— decidiera hacer pública una investigación suya sobre el entonces fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, quien, al amparo de una empresa panameña de fachada, estaría ocultando al fisco nacional bienes y fondos que posee en España, cuyo origen sigue sin esclarecerse, al igual que la cuantía, razonabilidad y el tipo de honorarios percibidos de sus clientes relacionados con Odebrecht, desde que se develaran sus nexos profesionales con esa multinacional y los pagos ligados a corrupción que esta hizo en Colombia y alrededor del mundo (Guillén, 24 de septiembre de 2018).
Mi repentina detención dejó en evidencia un ánimo de retaliación del fiscal Martínez contra mí debido al artículo mencionado, y a mi cercanía con ese periodista, un incansable investigador de la corrupción en las altas esferas del poder público reconocido por su independencia y por el rigor de su trabajo. No obstante, la orden de encarcelarme y desacreditarme, a como diera lugar, tenía también otros antecedentes relacionados con los procesos penales que adelantaba la Fiscalía por el llamado “caso Hyundai”, como secuela del litigio civil que encaminó el empresario Carlos Mattos contra la compañía surcoreana con ese nombre, al término de su relación comercial. Millonarios intereses, incluidos los del propio fiscal Martínez, obraron en el trasfondo de mi detención, pretendiendo afectar mi labor como asesor de Mattos, así como las indagaciones que venía realizando sobre el manejo irregular del caso por la Fiscalía General de la Nación.
Fue así como resulté imputado por, supuestamente, “haber intentado sobornar” a un abogado convicto por varios delitos para que desistiera de testificar en contra de Mattos. Martínez Neira, quien fuera su abogado jefe en el mismo caso, gestionó como tal unas medidas cautelares que son objeto de investigación, facturó honorarios por ellas y pretendía una prima de éxito de 3.5 millones de dólares por su decreto (alrededor de 10 500 millones de pesos). Como fiscal general, le mintió a la Corte Suprema de Justicia sobre las verdaderas circunstancias de ese caso y su participación en ellas, y se sirvió del poder de su investidura para encausar a su antiguo cliente, en aras de favorecer intereses suyos y de terceros en ese litigio.
Sin más prueba que el testimonio mentiroso de un delincuente confeso, a quien la Fiscalía le ofreció beneficios judiciales a cambio de testificar contra Mattos y contra mí, un fiscal delegado me imputó por “intento de soborno en actuación penal” y solicitó mi detención preventiva en una cárcel de máxima seguridad. Frente a las falsedades que esgrimió la Fiscalía en la audiencia, asumí mi propia defensa y declaré ante la juez de garantías todos los antecedentes de mi arbitraria detención.[1]
En consideración a estos hechos, mis abogados hallaron mérito para denunciar a Néstor Humberto Martínez Neira ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y para solicitar a ese organismo el amparo de mis derechos, en aras de obtener la libertad inmediata y garantías de un juicio justo.[2]
En eso estaba a comienzos de noviembre de 2018, cuando conocí la noticia de la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien dejó al descubierto los sobornos pagados por la multinacional Odebrecht y sus socios en Colombia para adjudicarse el mayor tramo de la “Ruta del Sol” y otros proyectos de infraestructura en el país. Días después, moría su joven hijo Alejandro Pizano Ponce de León envenenado con cianuro al beber el agua de una botella que encontró en el escritorio de su padre.
En medio de mis ocupaciones de esos días, no podía quitarme de la mente la tragedia de los Pizano y las muy extrañas circunstancias de su deceso que conmocionaron al país y alcanzaron resonancia internacional.[3] No conocí a Jorge Enrique Pizano, pero había seguido durante meses sus intervenciones como testigo de los graves hechos de corrupción que conoció. El desenlace fatal precipitado por sus denuncias y la revelación de su testimonio póstumo, me impactaron profundamente. El legado de verdad que le dejó al país, pagando con su vida, ha sido clave para develar las actuaciones y los intereses de poderosos corruptos que prohijaron el saqueo de los recursos públicos al aprobar, recibir, ocultar o cohonestar los sobornos pagados por Odebrecht y sus socios en Colombia.[4]
Las grabaciones realizadas subrepticiamente por Pizano, y dadas a conocer después de su muerte, confirmaron sin lugar a dudas lo que ya venía siendo denunciando a voces: que el entonces fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, le sirvió a los intereses de Odebrecht y de sus clientes relacionados con el Grupo Aval, desde sus diferentes posiciones como abogado particular y como funcionario público, y tuvo conocimiento de los pagos ilícitos realizados desde la concesionaria Ruta del Sol mucho antes de ser electo fiscal general.
Entre 2009 y 2015, Odebrecht gestionó en Colombia alrededor de 2 billones de dólares en contratos, junto a su socio local, Corficolombiana, una subsidiaria del Grupo Aval, controlada por Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país. En ese período, la constructora brasilera habría pagado sobornos por más de 50 millones de dólares para adjudicarse los mayores proyectos y asegurar beneficios a largo plazo. Los directivos de Aval han sostenido que sus empresas no fueron cómplices sino víctimas de Odebrecht, porque desconocían la destinación de los pagos irregulares realizados por su socio. No obstante, el testimonio de Pizano dejó en claro, con amplia evidencia, que fueron informados oportunamente.
Entre todos los juristas de Colombia, quien probablemente más intereses tenía o representaba y, por ende, tenía más impedimentos para ejercer el cargo de fiscal general, era Néstor Humberto Martínez, quien ha sido ministro de varios gobiernos y abogado en grandes negocios del país. Desde que se posesionó como fiscal general, en agosto de 2016, debió declarar sus impedimentos para investigar los casos en los que tenía un conflicto de interés, entre ellos el más importante, el de Odebrecht, pero no lo hizo. Tampoco dijo la verdad al respecto a la Corte Suprema de Justicia que lo eligió.
Es así como, a Martínez Neira, abogado de confianza de Sarmiento Angulo y asesor del Grupo Aval en sus negocios con Odebrecht, le correspondió encaminar, como fiscal general de la nación, las investigaciones del caso. Debido a los intereses que defendía como abogado, las acciones de la Fiscalía bajo su mando en las investigaciones y los procesos penales relacionados con los sobornos de Odebrecht resultaron viciados por el mismo modus operandi que también caracteriza la intervención de Martínez en otros casos en los que tenía un conflicto de interés: inacción cuando debía perseguir a sus favorecedores e inescrupulosa diligencia para encubrirlos y protegerse a sí mismo.
Con razón se ha dicho que, con los sobornos de Odebrecht en Colombia, “ha pasado todo y no ha pasado nada”. A diferencia de Brasil y Perú, donde el escándalo de corrupción por hechos análogos generó “terremotos políticos” entre las cúpulas gobernantes, llevando al encarcelamiento o suicidio de presidentes y expresidentes, en nuestro país los efectos han sido menores en términos de la renuncia o condena de altas autoridades y directivos, por cuenta de un fiscal general que, según los hechos denunciados y las pruebas aportadas, se hizo nombrar contra viento y marea para asegurar el encubrimiento de sus propios actos y los de su principal cliente.
En noviembre de 2018, en un debate ante el Senado, los líderes de tres partidos emplazaron al fiscal Martínez a responder por sus cuestionadas actuaciones en el caso Odebrecht y exigieron su renuncia (Robledo, 2018). La indignación ciudadana se manifestó contra él en las redes sociales y en protestas multitudinarias, reflejando el desplome de su credibilidad como fiscal general. Diversos sectores de la opinión pública expresaron el rechazo a su gestión y un colectivo de abogados demandó ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de su elección, pero nada logró su retiro del cargo, y solo tres de las líneas de investigación del caso Odebrecht fueron delegadas a un fiscal ad hoc.
Martínez ha querido posar de adalid de la moral en la lucha contra la corrupción y en la defensa de la institucionalidad, pero sus acciones como fiscal general, en el caso Odebrecht y en otros de connotación pública, han demostrado repetidamente que sus intereses personales prevalecen sobre sus obligaciones como funcionario público. Su nefasta gestión al frente del ente investigador llevó al límite la falta de investigación real en los casos de corrupción en los que intervino como cabeza de la Fiscalía colombiana, donde los intereses económicos y políticos involucrados han podido manipular y ocultar todo: a responsables, beneficiarios y cómplices.
El 3 de abril de 2019, denuncié a Néstor Humberto Martínez Neira ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por conductas violatorias de la ley penal, obstrucción a la justicia y abuso de poder, además de faltas disciplinarias al ejercicio legal del oficio de abogado.[5] Aunque los hechos que denuncié se refieren al caso concreto que originó mi detención, las conductas y los delitos señalados son los mismos en los que ha incurrido en otros casos, en los que abusó de su investidura para violar la ley.
El 17 de mayo de 2019, Martínez Neira renunció finalmente como fiscal general, invocando motivos de “conciencia” frente a la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de negar, en derecho, la extradición del exmilitante y senador de la FARC, Jesús Santrich. Martínez aprovechó esa coyuntura para procurarse una salida “digna” del cargo que durante meses se negó a dejar.
La realidad es que su absoluto descrédito como fiscal y la revelación de las innumerables pruebas del conflicto de intereses en sus actuaciones privadas y oficiales lograron finalmente acorralarlo y hacerle salir del sitial en el que se venía escudando con el apoyo de ciertos sectores del poder que también actuaban defendiendo intereses, o intimidados por el poder de encarcelar del fiscal general. No es coincidencia que su renuncia haya ocurrido justamente cuando un fallo pendiente en la Corte Suprema de Justicia estaba a punto de darle el jaque mate definitivo a su credibilidad y prestigio, al declararlo impedido en el caso Odebrecht y solicitarle su renuncia, según lo mencionado por diferentes fuentes.
Este documento relata los hitos delictivos en la gestión de un encumbrado funcionario, Néstor Humberto Martínez Neira, denunciados por acreditados periodistas, investigadores, juristas y congresistas que han cuestionado sus actuaciones como fiscal general en el más emblemático caso de corrupción de la historia del país. Los hechos documentados, basados en informaciones obtenidas por terceros y por nuestra propia investigación, han sido materia de cientos de artículos noticiosos, reportajes y columnas de opinión en medios de comunicación nacionales y foráneos durante los últimos años.
El prolijo expediente de las sospechosas y comprometedoras actuaciones de Martínez está a punto de abrirse camino en los tribunales de la justicia colombiana. Está por verse si las autoridades americanas, que han perseguido la corrupción desencadenada por Odebrecht en doce países, permiten, dentro de su competencia y jurisdicción, que el caso de corrupción más grande en la historia de Colombia y de América Latina quede impune.
La revisión y el análisis que haga el lector sobre estos hechos le permitirán concluir, por sí mismo, si al ahora exfiscal Néstor Humberto Martínez le cabe o no responsabilidad por los actos de corrupción realizados por la multinacional Odebrecht y sus socios en Colombia y si sus actuaciones, en lo privado y en lo público, incidieron o no en las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, así como en las secuelas de todo orden para su familia y para el país.
Considero, como individuo y como abogado, que Martínez Neira ayudó con éxito a Odebrecht y a sus socios en cometidos ilegales y que, por sus actuaciones y omisiones de diferente orden, Jorge Enrique Pizano y su hijo perdieron la vida. Lo anterior no hubiera ocurrido si su actuar hubiera sido diferente, si hubiera obrado dentro del marco de la ley, de los valores éticos y morales correctos y de las garantías legales al debido proceso. De haber obrado así, estos dos valientes seres humanos estarían vivos.
En medio de mi vivencia personal entiendo que la justicia colombiana está atravesando una de las peores crisis de su historia, mas no pierdo la esperanza y la fe en que personajes funestos para el país, como lo ha sido Martínez Neira, sean castigados ejemplarmente y queden revelados el cinismo y la hipocresía de tantos sepulcros blanqueados que nos gobiernan desde hace décadas.
[1] Ver Las 2 Orillas. (29 de septiembre de 2018). El texto con el que se defendió Alex Vernot.
[2] Ver W Radio/ Judiciales. (28 de noviembre de 2018). Defensa de Alexandre Vernot, implicado en caso Hyundai, acude ante la ONU.
[3] Ver Semana/Portada.(2018, 18 de noviembre). La tragedia de la familia Pizano.
[4] Ver El Espectador/Investigación. (18 de noviembre de 2018). Ocho artículos para entender los hallazgos de Pizano y sus conversaciones con el fiscal Martínez.
[5] Ver El Espectador/Judicial. (3 de abril de 2019). Caso Hyundai: Alex Vernot denuncia al Fiscal Néstor Humberto Martínez.
