El 5 de abril de 2018 la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión histórica en el país: declaró la Amazonía como sujeto de derechos y ordenó que se tomaran medidas, tanto a nivel nacional y local, para proteger los bosques amazónicos. Y es que ante la innegable situación que se reportó en el país, no quedaba otro camino para enfrentar la deforestación. El 66,2% de las alertas tempranas que se registraron en el país eran en la región de la amazonía.
Sin embargo, más de un año después, son pocas las acciones que ha tomado el Gobierno Nacional. Así se lo hizo saber el Tribunal Superior de Bogotá, que convocó a unas audiencias para pedir cuentas sobre los avances desde que la Corte Suprema se pronunció en 2018. La conclusión: es evidente el desinterés de las instituciones para proteger la Amazonía: “La directiva ordenó la ejecución de proyectos en el Amazonas, pero eso no lo veo por ningún lado. No buscamos informes de gestión, no nos interesa la política pública nacional, queremos que en diciembre nos informen qué es lo que se va a hacer en la Amazonia, no en el resto del país”, advirtieron los jueces del Tribunal.
Son cuatro puntos los que el Gobierno Nacional, encabezado por el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, deberán desarrollar inmediatamente: 1) formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación en la Amazonía. 2) Crear el pacto intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano -PIVAC-. 3) Los municipios de la Amazonía deben actualizar e implementar sus planes de ordenamiento territorial. 4) Realizar un plan de acción que contrarreste mediante medidas policivas, judiciales o administrativas los problemas de deforestación informados por el Ideam.
Precisamente, son en estos puntos en los que los nuevos gobernadores de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés tienen que convertirse en los mayores aliados del gobierno y hacer presión para cumplir lo que ordenó la Corte Suprema.
El nuevo gobernador del Guaviare consiguió la mayoría de coavales para elegirse: conversadores, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Centro Democrático.
Heydeer Yovanny Palacio, quien se eligió con 25.666 votos como máxima autoridad del Guaviare, deberá contrarrestar las escandalosas cifras de deforestación en el departamento, que su antecesor Nebio Echeverry no vio nunca como un problema. De hecho, los señalamientos en su contra son bastante fuertes y contundentes: despojo de tierras y siembra irregular de palma africana en las selvas amazónicas. En 2016, en el Guaviare la deforestación era de 11.500 hectáreas, en 2017 aumentó a 38.000 y en 2018 llegó a las 40.000 hectáreas para sembrar palma incluso más que coca. A pesar de que el presidente Duque a dicho que los cultivos de coca son la principal causa de deforestación, la realidad es que estos han disminuido en un 28% en estas zonas selváticas al mismo tiempo que la tala indiscriminada aumenta frenéticamente.
Arnulfo Gasca tuvo el aval del Partido Conservador.
San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en Caquetá, son los municipios en donde más ha crecido la deforestación en los últimos dos años. De cada 5 hectáreas de bosque que se tumban en el país, una está en el departamento, donde el nuevo gobernador el conservador Arnulfo Gasca deberá darle prioridad a este problema que combina la ambición de los ganaderos y la ausencia del Estado. “Caquetá ha reportado los mayores niveles de deforestación en los últimos 28 años y en este reporte sigue siendo así”, afirma Edersson Cabrera, coordinador del grupo de Monitoreo de Bosques del Ideam. Precisamente, en 2018 San Vicente del Caguán perdió por la deforestación 19.652 hectáreas de bosque, lo que pone al gobernador Gasca como uno de los hombres claves a vigilar durante los próximos cuatro años.
Juan Carlos Iral fue avalado por el Partido de la U.
El Guainía vive una situación particular. El 6 de agosto de 2018 el gobierno Santos dejó le dio vía libre a la municipalización en el departamento que actualmente solo tiene dos municipios y seis corregimientos. La gobernación de Javier Zapata impulsó el decreto en conjunto con nueve diputados de los once que tiene el Guainía. Sin embargo, el problema radica en la intervención del territorio indígena. Es una disputa por 4 millones de hectáreas en donde hay 14 resguardos indígenas que tienen el derecho al gobierno propio en áreas precisamente no municipalizadas. Con la creación de Barrancominas y San Felipe se abren las puertas para la tala indiscriminada. El nuevo gobernador Juan Carlos Iral deberá enfrentar la deforestación que le robó al departamento más de 2.000 hectáreas el último año. “En la Amazonia colombiana, el Ideam ha identificado que las principales causas de la deforestación son la praderización, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y la expansión de la infraestructura vial. Sin embargo, en este momento la entidad no cuenta con estudios de causas y agentes de deforestación específicos para Guainía”, aseguró Ederson Cabrera.
Una de las gobernaciones que consiguió el Centro Democrático fue la del Vaupés.
Junto al Guainía, el Vaupés es el segundo departamento en el que las alertas tempranas del Ideam han sido catalogadas como de baja. Sin embargo, resulta innegable que su situación es similar al de toda la región amazónica. Por su ubicación, el Vaupés también comparte frontera con toda la región de la Orinoquía, que también sufre las consecuencias de la deforestación, y representa cerca del 5% de toda la deforestación del país. Hasta el congreso de la República llegó el exgobernador del Vaupés, Jesús María Vásquez, quien junto a los hoy exgobernadores de Putumayo, Caquetá y Guaviare presentaron un proyecto para crear la Región Administrativa y Planeación con el fin de conservar la región amazónica. Ahora el nuevo gobernador del Vaupés, el uribista Eliecer Pérez Galvis, quien sacó 3.870 votos, deberá seguir el proyecto y presionar al gobierno nacional para que se tomen medidas concretas.
Con el coaval de Cambio Radical y la ASI, Buangeres Rosero.
Puerto Legízamo se ha convertido en uno de los focos más preocupantes en la región del Amazonas. Es uno de los ochos municipios donde se concentra más de la mitad de la deforestación del país y en los últimos años ha perdido 16.000 hectáreas de selva amazónica. El Putumayo es objetivo predilecto de quienes buscan apropiarse de la tierra para impulsar la ganadería de manera irregular. Al Parque Natural Nacional La Paya le han robado 900 hectáreas. Aunque Parques Nacionales tiene el poder para recuperar la tierra apropiada, como ha quedado registrado en el último año el que la entidad logró detener la deforestación y recuperar cerca de 4.000 hectáreas que fueron arrasadas, necesitan el apoyo de los gobernadores, y en este punto Buanerges Rosero, que se eligió con 38.951 votos para convertirse en la nueva autoridad máxima del Putumayo resulta un aliado fundamental. Las organizaciones campesinas de la región han denunciado abusos contra la gente por parte de las autoridades precisamente en el Parque La Playa: “Todas sus pertenencias, casas y animales fueron incinerados durante la intervención. La sentencia es buena, pero las afectaciones que están haciendo son pésimas”, denunció Arnulfo Tusarma, delegado campesino de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Leguízamo. “Los campesinos no somos el factor de deforestación. El señor terrateniente que le ha quitado mil hectáreas al parque anda tranquilo”, agregó. El gobernador electo Rosero deberá convertirse en un mediador entre los campesinos, los ganaderos y los indígenas que viven en el departamento.
El nuevo gobernador del Amazonas, Jesús Galindo Cedeño, deberá ser un articulador frente a la deforestación que toca toda su región junto a los otros departamentos mencionados por la Corte Suprema. Elegido en una coalición entre el Centro Democrático y el Partido Conservador, Cedeño deberá seguir puntualmente las recomendaciones de la sentencia y desde el otro año entregar resultados concretos. Aunque la deforestación se acerca más a la frontera agrícola, no deja de ser una lucha con la ganadería. Con el aval del partido de gobierno, no debería ser difícil la interlocución.
El reto en la región es inmenso, y tanto los gobernadores como el gobierno nacional tienen el deber de implementar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y actuar prontamente, cómo se los dejó en claro el Tribunal Superior de Bogotá durante las audiencias para verificar el estado de la sentencia de 2018: “Llevamos más de un año desde la sentencia de la Corte y no vemos acciones concretas por parte de las autoridades. Lamentablemente vamos a tener que tomar decisiones, porque el tiempo se nos acaba. Las audiencias van a terminar y desde el Gobierno solo hemos escuchado que ahora sí van a empezar a conceptualizar cómo actuar. Reducir la deforestación en el Amazonas es una tarea gigantesca. Si no la ejecutamos, nos va a coger la noche y no hemos hecho nada más que hablar”.
