Luego de que la semana pasada el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social publicara un borrador de la resolución en la que se establecen las bases definitivas para acceder al aborto legal en Colombia, la Iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal Colombiana, rechazó el proyecto mediante un comunicado firmado por monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente del departamento de Vida de la Conferencia.
El máximo jerarca de la Iglesia colombiana lanzó fuertes cuestionamientos a la Corte Constitucional en distintos medios de comunicación hasta el punto de señalar al alto tribunal de “tirano”, pues según monseñor es el Congreso el que debe legislar sobre este tema.
Lo primero que quiero y debo decir es que el legislativo es quien debió debatir hace mucho tiempo un asunto tan importante y delicado como lo es el aborto, por los miles de casos de violación que no dan espera. En ese sentido creo que el representante de los católicos tiene un poco de razón.
Asimismo, hay que decir que en vista del vacío jurídico sobre esta desagradable práctica, la Corte ha tenido que tomar la iniciativa en aras de resguardar el bienestar de las cientos de niñas y mujeres que a diario arriesgan su vida en quirófanos de garaje en busca de una solución que debe ser atendida sí o sí por el Estado.
Por ello, el poder judicial hace un llamado al gobierno nacional a través de su respectiva cartera y pide que este tema sea tratado como una cuestión de salud pública, siguiendo los pasos de la Corte que desde el año 2006 bajo la sentencia C-355 despenalizó en tres situaciones el aborto: riesgo para la madre, malformación del feto incompatible con la vida y embarazo producto de abuso sexual.
Siendo así, no creo entonces que la Iglesia deba perpetuarse en su postura sobre la negación de la práctica del aborto en los casos en mención.
Entre tanto, es muy fácil para nosotros los hombres hablar de temas de mujeres y más cuando se está en una cúspide que te mantiene alejado de la realidad y de las necesidades de la gente, que llevan a tomar juicios de valor erróneos, como es el caso de la Iglesia en esta oportunidad, que sin duda golpea a las mujeres pero sobre todo la dignidad y el derecho a elegir sobre el bienestar de su propio cuerpo.
De igual modo, mi estimado monseñor, creo que debe salirle al paso a la opinión pública y retractarse sobre sus equivocas declaraciones que más allá de ir en contra del aborto van en contra de una sociedad que cada vez es más dinámica y por ende cambiante. Es entonces el momento que la Iglesia vaya reestructurando su forma de llegar al pueblo y no el pueblo a ella.
Finalmente, creo que el Congreso está en deuda con la sociedad en general en debatir un tema tan sensible pero necesario para un país que se encamina o por lo menos eso parece al desarrollo integral de sus ciudadanos.
También, tendrá la Conferencia Episcopal que replantear sus decisiones, más cuando el género femenino no participa de ellas, pues es evidente ante la mirada de todos que la Iglesia con su machismo ha venido promoviendo indirectamente el difícil ascenso de la mujer a nivel local y mundial en todos los aspectos de la sociedad.
Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene.
