En entrevista con Radio Francia Internacional, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, afirma que, pese a las cifras que estremecen en sociedades donde no hay presencia de grupos armados ilegales, el actual proceso electoral colombiano es uno de los menos violentos del país en el último cuarto de siglo. La razón: la paz firmada con las FARC.
RFI: El último registro de la MOE sobre esta campaña muestra datos alarmantes de amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos en contra de candidatos.
Alejandra Barrios: Lamentablemente a lo largo de la campaña, desde el 27 de julio hasta la fecha, siete candidatos fueron asesinados. Se tomaron medidas y desde el 15 de septiembre no ha habido más homicidios, pero las amenazas a candidatos se han incrementado. El candidato Tulio Mosquera, del Partido Liberal, sigue secuestrado a manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional(ELN). Frente a este caso, hemos reiterado al ELN que envíe pruebas de sobrevivencia y que lo libere antes de la jornada electoral.
Además, en las últimas 48 horas se han perpetrado dos atentados a candidatos. Eso significa que, en algunas zonas del país, el ejercicio de cierre electoral sigue siendo crítico para los candidatos.
RFI: ¿Cuáles son las zonas que presentan mayor riesgo de violencia y por qué motivos?
Alejandra Barrios: Los departamentos de Arauca, Nariño y Cauca. Estos dos últimos son están en el Pacífico colombiano. Es la salida de las rutas del narcotráfico y de la minería ilegal hacia Centroamérica y Estados Unidos; de ahí su importancia estratégica.
Arauca es un departamento petrolero en la frontera con Venezuela y, por ello, se facilita el paso de grupos ilegales colombianos y de la guerrilla del ELN. Eso dificulta el control por parte de las autoridades.
RFI: Frente a este escenario tan violento y sangriento no se ve una respuesta de rechazo contundente de parte de los partidos políticos cuyos candidatos están siendo asesinados y amenazados. Ni siquiera han decretado una jornada de duelo. Es como si la legitimidad de las elecciones se validara por sí misma pese a la situación.
Alejandra Barrios: Puede parecer muy extraño y yo sé que es muy difícil de entender. Pero nosotros venimos de procesos electorales muy violentos. Y unas de las elecciones menos violentas de los últimos 25 años fueron las presidenciales y legislativas del año pasado, las primeras después de la desmovilización de las FARC. Antes de eso, los candidatos no podían presentarse en territorios donde había presencia de grupos armados. Tuvimos candidatos secuestrados por varios años. Había hechos de violencia muy fuertes.
Así que realizar elecciones en el marco de la violencia hace parte de la normalidad y se ha asumido como uno de los elementos que hay que contemplar en el proceso electoral. Es un fenómeno muy parecido a lo que sucede en México o en Centroamérica, y para países que no tienen presencia de grupos armados ilegales con niveles altos de violencia es muy difícil entenderlo.
RFI: A este clima de violencia contra candidatos y sedes, se suman los asesinatos de líderes sociales. Sólo en la última semana han matado a cuatro dirigentes indígenas en diferentes regiones del país.
Alejandra Barrios: El tema de la Guardia Indígena es absolutamente grave. Tenemos 114 guardias indígenas asesinados en los últimos dos meses. ¡Es un número bárbaro! Se trata de un liderazgo ancestral, local y comunitario muy importante y su asesinato no queda por fuera de la campaña electoral porque son líderes sociales aunque no son candidatos en sí mismo. Quizás eso lleve a que los partidos señalen la violencia política como un problema de seguridad pero no como un rechazo a la afectación de la vida.
El mismo contexto nos ha acostumbrado a ver esta violencia como parte del ejercicio electoral y vemos con buenos ojos cuando esta violencia disminuye, pero eso no significa que desaparezca.
RFI: ¿Es posible que los niveles violencia hayan disminuido en parte porque la guerrilla de las FARC se desmovilizó y se convirtió en un partido político, la FARC, y apenas queden algunas disidencias que, si bien son grupos armados y violentos, no logran tener la envergadura y la fuerza política de una guerrilla tan grande como las FARC, que tuvo siempre incidencia dentro de las elecciones?
Alejandra Barrios: Es absolutamente claro. Nosotros estamos en otros escenarios electorales con menos impacto de violencia política de manera particular frente a candidatos de campañas porque tenemos una desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y es necio no reconocer que eso ha tenido un impacto absolutamente positivo en el país.
Hoy no tenemos ese mapa en rojo que teníamos cuando la presencia de las FARC ocupaba vastísimos territorios en donde había declaratoria de paro armado el día de las elecciones, es decir que la persona que saliera a votar era considerada objetivo militar, generándose con ello importantes cifras de abstención. Hoy las regiones de mayor riesgo electoral son aquellas en las que hay presencia de la guerrilla del ELN.
RFI: Pero también son zonas con presencia de grupos armados ligados al narcotráfico y grupos paramilitares reciclados que también están ejerciendo violencia política.
Alejandra Barrios: Sí. Pero son tipos de violencia muy diferentes. La violencia que generan los grupos armados ligados al narcotráfico se basa en las amenazas. Es decir, en la rendición de cuentas. Casi que a estos grupos les da lo mismo el color político de quien salga elegido porque lo que necesitan es que esa autoridad local permita el tránsito de los estupefacientes o de las economías ilegales. No se trata de una postura ideológica sino de optimizar la economía ilegal.
Cuando hablamos de guerrillas hablamos de postura ideológica. Las economías ilegales pueden ser las fuentes de sus recursos pero no la razón de ser del grupo guerrillero. La razón de ser del ELN es un debate armado frente al sistema de gobierno y el sistema político al que no reconocen. En esa medida, su amenaza a las elecciones la explica como una intencionalidad política.
En cambio, los grupos armados ilegales, relacionados con el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, no tienen intencionalidad política. Ahí lo que hay es una demostración de fuerza a través de las armas, sin postura ideológica o política, para lograr el control territorial.
