El pasado 12 de octubre, Día Internacional de la Resistencia Indígena, en la ciudad de Riohacha se llevó a cabo el lanzamiento del documental Masacres ambientales a comunidades indígenas wayúu en el marco de la sentencia T-302, mediante el cual la honorable Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales en el departamento de La Guajira.
La ONG indígena de derechos humanos Nación Wayúu, a través de su red de comunicaciones y la joven wayúu Lizaray Bedoya Uriana, estudiante de comunicación social en la Universidad Externado de Colombia de la Ciudad de Bogotá, realizaron este documental en la comunidad indígena Los Cabritos, jurisdicción del distrito Riohacha y las comunidades de Amuchen y Kashaulechon, jurisdicción del municipio Uribia. La primera gravemente afectada por la contaminación ambiental que emana el botadero de basura del distrito Riohacha a cargo de la empresa Interaseo y la administración municipal de este distrito. La segunda gravemente afectada por la laguna de oxidación del municipio de Uribia a cargo de la empresa Triple AAA y la administración municipal.
Las autoridades y líderes de estas comunidades indígenas wayúu gravemente afectados por estas contaminaciones ambientales denuncian que los están asesinando lentamente ante la mirada indiferente y cómplice de los entes de control y del Estado colombiano.
El departamento de La Guajira es un paraíso fiscal que por sus riquezas naturales atrae a grandes inversionistas avalados por el Estado colombiano que terminan saqueando los recursos naturales del departamento a cambio del exterminio y desplazamiento forzoso de la población indígena más grande del país (los wayúu) como dueños legítimos de estos territorios.
La Corte Constitucional, en el año 2017, declaró el estado de cosas inconstitucionales en el departamento de La Guajira a través de la sentencia T-302 como herramienta jurídica para proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la comunidad indígena wayúu, quienes se encuentran en grave riesgo de exterminio y desplazamiento de sus territorios ancestrales.
Después de dos largos años, luego de un jalón de orejas por parte de la Procuraduría General de la Nación al Estado colombiano, el Ministerio del Interior realizó la socialización de los alcances de esta sentencia en el departamento de La Guajira. Sin embargo, según denuncias de las autoridades tradicionales y sus respectivos líderes indígenas esta socialización solo fue un sofisma distractor para desviar la atención de la comunidad nacional e internacional que ejercen veeduría sobre el cumplimiento de esta sentencia como solución para las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo wayúu.
Según una activista de derechos humanos y líder indígena, la socialización realizada en el municipio de Manaure por parte del Ministerio, tuvo muchos vacíos y arbitrariedades. La traducción que realizaron los indígenas wayúu que fungen como funcionarios del Ministerio del Interior no fue la más adecuada, hablaron de todo menos de lo que se ordena en la sentencia “sostuvo”. Además, la participación del Consejo Superior de Palabreros como delegados del Ministerio del Interior solo fue para denigrar de la mujer wayúu como símbolo de autoridad.
Esta es una problemática más que se suma a la ya larga lista de causas que están generando y sosteniendo en el tiempo la crisis humanitaria en el departamento de La Guajira y reafirma el estado de cosas inconstitucionales que la Corte Constitucional declara en su sentencia.
Mientras el Estado colombiano sigue en su afán de desconocer e incumplir esta sentencia, las comunidades indígenas Los Cabritos, jurisdicción del distrito Riohacha, siguen en grave riesgo de ser exterminados y/o asesinados por la contaminación ambiental que emana el basurero distrital de Riohacha a cargo de la empresa Interaseo, en donde a diario mueren repentinamente los animales que consumen bolsas plásticas y beben el agua contaminada, sin contar que niños jóvenes y ancianos tienen graves afectaciones en su salud a causa de esta contaminación.
El caso de las comunidades de Amuchen y Koushalechon, jurisdicción del municipio de Uribia, no es ajeno al de la comunidad de los Cabritos. La laguna de oxidación del municipio de Uribia a cargo de la empresa Triple AAA ha cobrado la vida de centenares de animales que consumen los desechos tóxicos y beben el agua contaminada de esta laguna; sin mencionar los niños que han fallecido repentinamente a causa de estas graves contaminaciones ambientales generadas por esta laguna.
Por lo anterior, las comunidades hacen un llamado a la comunidad nacional e internacional para difundir esta situación y que el Estado se haga consciente de las responsabilidades atrasadas que tiene con las comunidades de la región para que tome medidas inmediatas en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional.
