El mercado laboral en Colombia presenta un esquema persistente de tasas de desempleo de dos dígitos; altas jornadas laborales; bajos índices de cotización en salud y pensión; una informalidad del 60%; graves desigualdades en torno al género, la edad y el ingreso; una tasa de pensionados de 36% de la población total que cotiza; una eterna propuesta de flexibilización por medio de la reducción de costos a las empresas y facilidades de contratación, entre otras.
Estas problemáticas son reconocidas abiertamente por la ministra Arango, sin embargo, sus soluciones continúan con la receta tradicional aplicada en las últimas reformas. En las que se ha buscado beneficiar a la población, bajo el supuesto de “que ante menores costos y rigideces salariales se generan incentivos a las empresas a aumentar la contratación de un mayor número de personas”. Este puede ser cierto en una economía en el que las empresas puedan absorber un mayor número de trabajadores; en donde los problemas de contratación se deban principalmente a costos extralegales o rigideces de contratación; en donde el emprendimiento y la supervivencia de las empresas sean altos y se genere empleos de manera dinámica. Sin embargo, no es suficiente ante los panoramas económicos que son distantes de las condiciones anteriores.
Frente a estas problemáticas, una de las propuestas que a sonado en medios es la contratación de los jóvenes por el 75% del salario mínimo. Esta propuesta no solo es inequitativa con esta población, sino que no reconoce los motivos por los que estas poblaciones buscan un trabajo, entre estas causa las causas se encuentra pagar sus estudios, buscar ingresos para sus familias, esta última se vinculada fuertemente con la problemática del embarazo adolescente que sitúa aproximadamente en 19%, factores emocionales, entre otros. Los resultados de olvidar esto son al menos dos: el primero es una reducción de los ingresos de los trabajadores que no alcanzaron la educación superior a cambio de “conseguir un mayor número de vacantes no especializadas”, esto generaría que los jóvenes puedan suplir en menor medida sus necesidades vinculadas a los motivos por los que buscaron empleo; el segundo se encuentra en torno a la generación de empleos y el resultado puede ser inclusivo para los jóvenes entre 15 y 25 años y negativos para otras poblaciones que pueden ser sustituidos.
La política en torno a la población calificada es ineficiente dado que el 90% de las personas con formación superior, tienen un salario de enganche superior al salario mínimo, por otro lado, sus contrataciones y sus salarios no se encuentran indexados al salario mínimo decretado.
Una propuesta alternativa al desempleo estructural que busque un toque de equidad al tener en cuenta las desigualdades en el mercado laboral es el emprendimiento, el cual puede florecer por medio de políticas coordinadas; por esquemas de créditos y microcréditos acordes a las tasas de ganancia de las industrias y no un sistema acorde al riesgo que lleva a tasas de interés elevadas; por medio de la creación de fondos de inversión que financien emprendimientos asociados al arte, a la tecnología, la robótica, entre otros.
Sin embargo, el debate queda abierto a nuevas preguntas y propuestas que recojan las problemáticas y sin olvidar el contexto social dada la complejidad de la problemática que nos afecta a todos los colombianos.
