El 2 de marzo de 2018, la entonces gobernadora de La Guajira Tania Buitrago entregó un contrato por $27.406 millones para el transporte escolar a la empresa Relaturg. La millonaria suma de dinero se la había ganado la compañía, después de dos meses de licitación, en los que demostró ser la más idónea para movilizar a niños y jóvenes de 12 municipios del departamento. Al tanto de la minucia del proceso estaba el entonces secretario del despacho, Jhon Fuentes Medina, quien llegó al cargo con el apoyo Buitrago para convertirse en su mano derecha.
El contrato que debía ejecutarse en 14 meses había sido firmado entre Buitrago y la representante legal de Relaturg, Yolanis Beatriz Varela Villareal, quien además había delegado como apoderada del proceso a Rita Deluque, actual jefe de contratación de la Gobernación de La Guajira. Pero el poder real detrás de la compañía está en manos del político riohachero Edgar Acosta Romero y sus hijas, quienes son familiares del exministro de Minas Amylkar Acosta. Además, Acosta Romero fue uno de los ocho concejales la Procuraduría destituyó en 2004 por la irregular elección de un personero. Acosta está buscando incursionar de nuevo en la política.
Las sospechas sobre el contrato comenzaron a correr casi tan pronto como quedó firmado pues Relaturg al parecer no cumplía con las condiciones del servicio prometido. El encargado de hacer evidente esas irregularidades fue Yamir Durán, representante de la Unión Temporal Guajira 2018, la otra empresa que participó en la licitación. A través de este documento enviado al procurador Fernando Carrillo y al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez el 15 de marzo de 2018, Durán denunció que: el tiempo del proceso para concursar se alargó injustificadamente, los certificados del curso de seguridad vial que debían tener los conductores no contaban con el aval del Sena y al parecer los vehículos estarían matriculados en Venezuela y no en Colombia, como lo pedían los requisitos.
A pesar del documento y las fotos que después inundaron las redes sociales como posibles pruebas, ni la Fiscalía ni la Procuraduría se interesaron por el proceso de contratación del transporte escolar en La Guajira. El 5 de septiembre de 2018, cumplidos seis meses de la puesta en marcha, Jhon Fuentes fue designado por la gobernadora (e) Buitrago para que asumiera sus funciones mientras ella salía del departamento. Fuentes aprovechó su ausencia y cambió el contrato a través del “acto modificatorio n° 003” con el que al parecer habría favorecido a Relaturg, permitiéndole usar vehículos distintos con los que había ganado la licitación.
El mismo contrato que entregó la entonces gobernadora (e) Tania Buitrago, actual presidenta del partido de La U en La Guajira, y el secretario de despacho Jhon Fuentes, está ad portas de ser entregado nuevamente a Relaturg, esta vez con Fuentes como cabeza del departamento y con Rita Deluque como jefe de contratación. Sin embargo, el procurador Fernando Carrillo pedirá en los próximos días que se suspenda el proceso de licitación pues sospecha que éste se entregaría por dedazo a la compañía de la familia Acosta Romero, quien de quedarse con la contratación recibirían $28.000 millones.
Las actuaciones de Carrillo se extenderían al contrato de 2018 para investigar si efectivamente hubo irregularidades en el proceso y si Jhon Fuentes, actual gobernador encargado por el presidente Iván Duque, buscaba favorecer con el acto modificatorio al exconcejal Edgar Acosta Romero. El procurador pediría además que sea suspendido de su cargo, a dos semanas de que se realicen las elecciones regionales en todo el país, y dejando al departamento nuevamente en un hueco administrativo.
