El escándalo generado con el interrogatorio abierto por la Corte Suprema al senador Álvaro Uribe (ex o es presidente) ha estado presionado por su trayectoria política y por la aceptación o el rechazo que genera en amplios sectores de nuestros compatriotas.
Los incondicionales arguyen que al valiente que se enfrentó a las Farc y nos permitió volver a nuestras fincas no se le puede siquiera llamar a indagatoria, más en una medida que consideran ordenada por sus enemigos políticos. A esta cruzada se suma Iván Duque y Nancy Patricia Gutiérrez presionando indirectamente al poder judicial, representado en la Corte Suprema, al declarar ante los medios de comunicación, que el “buen ciudadano” es inocente y que al igual que la mayoría de sus seguidores lo consideran por encima del bien y del mal, sin contar con que el único poder digno de su investidura será no la pichicata Corte Suprema colombiana y mucho menos la tal Corte Penal Internacional, sino la Corte Celestial el día del juicio final.
No hay que olvidar que hasta en los Estados Unidos, el país del que nuestros gobernantes y congresistas reciben órdenes incondicionales (so riesgo de perder las visas), los presidentes han sido investigados y llamados a declarar ante el Senado y la Corte: Nixon, Clinton y más recientemente Trump, por citar algunas ejemplos.
Puede considerarse que el senador Uribe la sacó barata, pues entre las numerosas investigaciones que le adelantan la Corte lo llamó a declarar no por otras que están más avanzadas (como la masacre del Aro, por ejemplo, ocurrida cuando fue gobernador de Antioquia) sino por el supuesto soborno y fraude procesal. Esto por el intento del autodenominado abogángster, tras bambalinas Diego Cadena, de comprar entre rejas a varios testigos para que cambiaran su declaración inicial, la cual involucraba a los hermanos Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares, y además acusaran al senador Cepeda de haberles ofrecido dinero por declarar en contra de ellos.
En el fondo lo que está en juego no es que encarcelen o dejen libre al líder más influyente en la vida política nacional desde que fue gobernador de Antioquia finalizando el siglo XX. No, en esencia se trata de mantener ocultas las íntimas relaciones que un importante sector de la clase dirigente colombiana tuvo en la creación y patrocinio de grupos paramilitares, que a nombre de la "gente de bien" cometieron numerosas masacres en todo el país con el pretexto de exterminar a las guerrillas y supuestos colaboradores y de paso se apoderaron de su ganado, bienes y tierras para ampliar latifundios ganaderos, cultivos agroindustriales como los de palma africana y caña de azúcar y desarrollar proyectos minero-energéticos.
Lo cierto es que este proceso de auge del paramilitarismo se dio desde que Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia y motivado por la sed de venganza contra los asesinos de su padre patrocinó la conformación de las cooperativas de autodefensa Convivir, que servirían de fachada para la creación de las AUC como brazo paramilitar del proyecto político de “Refundación de la patria”, adelantado para combatir utilizando la “la combinación de todas las formas de lucha”, la misma táctica de sus enemigos: las Farc y el ELN. Esto con el apoyo de altos mandos de las fuerzas armadas, prestigiosos industriales, comerciantes, banqueros y líderes políticos de diversos partidos representados en el Senado, Cámara, alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales.
El proceso se coronó cuando ganó la presidencia en el 2002 y la reelección en 2006. Sin embargo, se desfiguró un poco cuando al no poder ir personalmente al tercer mandato, lo intentó por medio de Santos en el 2010, cosa que salió mal. Por eso le declaró oposición tenaz al proceso de paz con las Farc que este emprendió y además intentó retornar a la presidencia por intermedio de Iván Duque, en cuyo mandato disimuladamente boicotean el acuerdo de paz y a la JEP, descartan negociaciones con los elenos y facilitan condiciones para el resurgimiento de la violencia, el asesinato selectivo de líderes sociales, aprovechando el río revuelto para que a paramilitares reciclados y las tales disidencias y otras mafias armadas se les facilite tirar la piedra y esconder la mano y así quitarse del medio a quienes les impiden sus negocios legales e ilegales.
Los que no reconocen a la JEP y no aceptaron sus culpas ante los magistrados de este tribunal, al que desprestigian y tratan de acabar, tampoco quieren que se revele la verdad. Por eso controlan el Centro Nacional de Memoria Histórica y en lo judicial compran o mandan a desaparecer testigos para conservar la careta de “gente de bien”, muy puntuales asistiendo a misas, cultos y desfiles patrióticos, con sus aureolas de santos de oropel.
