Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia cuando en 1996 apareció el abogado Jaime Granados. El conducto fue Óscar Iván Zuluaga. El diálogo alimentado por la memoria eidética del abogado, parecida a la de Uribe, que le permitía recrear detalles de la batalla de Stalingrado o los ingredientes de los venenos utilizados en Corte, fluyó desde entonces. La historia, los boleros y algunos guaros hacen que su relación vaya más allá de lo profesional.
Su voz grave y poderosa, unida a su presencia imponente de oso pardo, es un arma incondicional en las defensas jurídicas de este abogado graduado de la Universidad Javeriana. Allí, a mediados de la década del 80, ya empezaba a ser popular por su léxico inagotable y su elocuencia. Junto a tres compañeros de la Facultad de Derecho, entre los que se destacaba Rodrigo Escobar y Said Idrobo Gómez, formaron un grupo de estudio al que bautizaron la Corte suprema. Hablaban y hablaban, inmunes a la fatiga que podía generar el exigente pensum de códigos, leyes e hipotéticos casos. El grupo llamó la atención del influyente padre Gabriel Giraldo, decano de la Facultad de Derecho, quien les abrió el camino para el ejercicio profesional que comenzaría con un bufete que los cuatro amigos montaron en una pequeña oficina en los primeros meses de 1986, un año después de haberse graduado en 1985. La tesis de Granados, ampliamente comentada y elogiada, hablaba sobre la negativa al indulto político a los guerrilleros, coincidencialmente, en la misma fecha, el 5 de noviembre, en que el M-19 se tomaba el Palacio de Justicia.
No tardó mucho tiempo para que el aluvión de buenos comentarios que despertaba la labor de los jóvenes penalistas llamara la atención de un peso pesado de la farándula nacional. Y así fue cuando un día, Jorge Barón, el poderoso empresario y presentador de la televisión, llegó al cuarto de escobas que “los supremos” tenían como oficina para solicitar sus servicios.
Fue el estreno de Granados y su grupo con un cliente involucrado con los medios con lo cual se enrutó su faceta mediática. Un escenario que aprovecha cuando las condiciones, de acuerdo a cada estrategia, lo amerita. Y la aplica a fondo.
A finales de la década de los 80 y con una fama incipiente, Granados ya con una clara vocación hacia el derecho penal, viajó a Puerto Rico a especializarse en el Sistema Penal Acusatorio, en un pensum dirigido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Allí, bajo la tutela de Rafael Hernández Colón, gobernador en ese entonces de la isla, un polémico hombre obsesionado con el poder y a quien se le culpa de la debacle económica que vivió Puerto Rico a finales de la década del noventa, Jaime Granados empezó a tener experiencia en reformas legales al Estado, tarea en la que se vendría a consagrar en 1991 cuando formó parte del equipo que asesoraría en el tema de justicia la nueva Constitución colombiana.
En 1996 regresó al país, con un montón de ideas en la cabeza, ideas que vendrían a concretarse dos años después cuando junto a su socio, Said Idrobo Gómez, fundó Granados Idrobo Asociados, cuya razón social cambió en el 2001 convirtiéndose en la célebre oficina de Jaime Granados Peña & Asociados Ltda.
La llegada de Álvaro Uribe al poder en el 2002 vendría a significar para el abogado su consagración definitiva. Sería, desde mediados de la década pasada, la conciencia jurídica en lo penal del expresidente, que se fue extendiendo a su círculo de poder, incluido Óscar Iván Zuluaga y otros militantes del Centro Democrático. Pero algo más importante aún. Su expertismo, aprendido en Puerto Rico, lo convirtió en el eje intelectual para la adaptación del Sistema Penal Acusatorio, a propósito del recién llegado ministro de Justicia Sabas Pretelt y viceministro Mario Iguarán, en el 2004. El nuevo sistema se vuelve una realidad que posteriormente aplica Iguarán desde la Fiscalía, desde su posesión el 1 de agosto del 2005.
Granados ha sido el apoderado del presidente todo el tiempo, y además de muchos otros funcionarios del círculo de Uribe. Comenzó con el escándalo de las chuzadas del DAS, caso en el que asumió la defensa del exconsejero presidencial Bernardo Moreno. Pero también ha defendido al general Plazas Vega y al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, quien fue suspendido del cargo por haber apoyado en su aspiración presidencial al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.
La defensa del presidente Uribe, que hace ad honorem, por considerarla un deber de buen patriota, en su interrogatorio en la Corte Suprema de justicia es una gran prueba. Su habilidad profesional será definitiva para evitar que el tema de los falsos testigos escale y se convierta en la punta del iceberg del caso mayor que pende sobre el expresidente Uribe: su posible relación con la formación del grupo paramilitar Bloque Metro en la región de San Roque, donde estaba situada la hacienda familiar Guacharacas donde fue asesinado por las Farc su padre Alberto Uribe. Una prueba mayor, de la que Granados espera salir, como en tantos en otros casos, ganador.
