Llegó el 8 de octubre, en un hecho irónico y sin precedentes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rinde indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno y fraude procesal tras archivar el proceso contra el Senador Iván Cepeda en la Sala Penal de la Corte.
En un país de instituciones robustas y confiables, el mensaje podría ser muy simple: confiar en que las garantías del debido proceso y presunción de inocencia serán respetadas por una Corte sin tintes políticos que actúa en derecho y que ha dado ejemplo de imparcialidad, pero no es el caso de Colombia.
El proceso iniciado contra el expresidente Uribe en la Corte Suprema de Justicia ha sido una vergonzosa muestra de cómo las instituciones, que existen para proteger nuestra democracia y la división de poderes que contempla nuestra Constitución pueden doblegarse a tal punto de ser utilizadas para zanjar tretas políticas y humillar públicamente a quien pueda resultar incómodo a intereses políticos, o como decía el Presidente estadounidense Ronald Reagan: "Cuando se reemplaza el debate por el asesinato del carácter de la persona, se destruye su reputación y no se tiene que hablar de lo que esta persona representa".
Y es eso precisamente lo que sucede hoy en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe rinde indagatoria ante una Corte Suprema de Justicia, con escándalos propios que dejan mucho que cuestionar sobre su imparcialidad y actuar en derecho, una Corte salpicada irreversiblemente por el vergonzoso escándalo del Cartel de la Toga donde el país conoció cómo incluso expresidentes de la Corte Suprema vendían fallos y engavetaban procesos a cambio de dinero, hecho que salpicó incluso a José Leonidas Bustos, quien fuera compañero de José Luis Barceló, magistrado que inició la indagatoria en julio del 2018.
A todos los que dicen que Álvaro Uribe Vélez ha pisoteado el Estado de derecho, solo queda decirles que la mejor muestra de que el expresidente Uribe respeta nuestra institucionalidad, por más cuestionable que sea, es el hecho de que hoy da la cara al país, a la Corte Suprema de Justicia y responde con responsabilidad, valentía, mesura y argumentos a quienes lo confrontan en los estrados judiciales.
Pero nuevamente deja mucho que desear nuestra Corte Suprema de Justicia, que ha llevado el proceso contra el expresidente con crasa irresponsabilidad con el país, dejando apartes convenientes del expediente a merced e interpretación de los medios de comunicación, magistrados dando entrevistas a medios de comunicación sobre el caso e interceptaciones ilegales que la Corte justificó como accidentales, todos errores que dejan en vergüenza a una Corte Suprema de Justicia manchada por escándalos de corrupción, cuyos magistrados actúan como si se tratara de una republiqueta donde lo que interesa no es llegar a la verdad si no manchar la honorabilidad de una persona, cueste lo que cueste.
El debate sobre las cada vez más insoportables y cuestionables actuaciones de la justicia en Colombia tiene mucho trecho, pero hoy estamos con Uribe, confiando en que a la Corte Suprema de Justicia le quede atisbo alguno de imparcialidad, le diga la verdad al país de una vez por todas y actúe en derecho para que no solo Colombia ratifique la honorabilidad del expresidente Uribe, sino también para que se recupere la confianza en la justicia, cada vez más cuestionada y cada vez más instrumentalizada.
