En Colombia los líderes sociales no se están muriendo de viejos, los están matando que es distinto. Lo que cambian son las circunstancias, pero el móvil es el mismo: acallar su voz. Desde enero del 2016 hasta la fecha, han segado la vida de 834 dirigentes sindicales, estudiantiles, campesinos, indígenas y comunales, entre otros. La sistemática extinción a la que están siendo sometidos, es una de las más altas del planeta.
Omar Romero, miembro del comité ejecutivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y quien tiene a cargo el tema de derechos humanos, elevó su voz de preocupación por este fenómeno, al tiempo que reconoció, ha recibido en dos años más de diez amenazas de muerte, pero ya se acostumbró. Era algo para lo que estaba preparado cuando lo eligieron. “Uno vive a toda hora con una espada de Damocles encima, pero no podría detenerme por simple miedo”. Recuerda a Mercedes Sosa y Horacio Guaraní: “Si se calla el cantor, calla la vida...”.
De acuerdo con este abogado quien por años ha ejercido la actividad sindical, desde que inició la Administración del presidente Duque, han sido asesinadas 238 personas y entre enero y septiembre, han caído 196 víctimas. “Hay semanas en las que asesinan a 2 y 3 líderes sociales, algo sencillamente alucinante e inverosímil. Lo que duele es la indiferencia de los colombianos”, advirtió.
Romero fue partícipe del Encuentro Nacional de Emergencia convocado el fin de semana por la CUT, la CGT y la CTC en Bogotá, en el que se dieron cita casi 300 dirigentes sindicales, populares y estudiantiles de cara a preparar acciones para contener lo que han denominado como “paquetazo” del gobierno nacional, que incluye dos reformas: pensional y laboral, imponer la flexibilización del trabajo por horas que no brinda ninguna garantía a los trabajadores, la regulación de la protesta social y disminución de los subsidios de salud, entre otros.
“Para equilibrar el desfinanciamiento de la nación, nos van a poner a pagar a todos los colombianos”, explicó Diógenes Orjuela García, presidente de la CUT. Al incremento inusitado del desempleo en el país, se suma ahora que no se brindarán garantías a quienes se vinculen de una u otra forma.
La dinámica de las amenazas
Generalmente quienes reciben amenazas de muerte, que en la mayoría de los casos se materializan, son quienes defendieron el proceso de paz desde diferentes escenarios, así como aquellos que abogan por su continuidad. “Los asocian con hombres y mujeres proclives a la insurgencia y los matan”, señaló con preocupación Omar Romero. Muchos de quienes no están hoy, eran reincorporados de las Farc.
Los departamentos con mayores índices de asesinatos, son en su orden: Córdoba, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca.
Capuchos, asunto de supervivencia
Durante el Encuentro Nacional de Emergencia, convocado el fin de semana por la CUT, la CGT y la CTC, intervinieron los estudiantes de las universidades que han protagonizado protestas en Bogotá. Algunos, acusados de ampararse en capuchas para protagonizar acciones vandálicas, como el apedreamiento al edificio del Icetex.
José Mario Estévez, estudiante de la Universidad Distrital, aseguró que cubrirse el rostro es un asunto de supervivencia. Lo grave es que elementos ajenos a la protesta, también se cubren con pasamontañas. “Se infiltran en las movilizaciones para causar daños en almacenes y entidades bancarias, entre otras, conscientes de que a quienes terminarán deslegitimando, será a quienes promueven el movimiento estudiantil”, dijo.
Pidió a los entes de control que se investigue la participación de miembros de la fuerza pública, algunos de los cuales han sido acorralados cuando, haciéndose pasar por estudiantes universitarios, provocaban hechos atentatorios contra propiedades públicas y privadas.
Movilizaciones en el país
Frente al “paquetazo” del gobierno nacional, las federaciones y organizaciones sindicales convocadas por las centrales obreras, coincidieron en desarrollar movilizaciones. La primera, el 10 de octubre, promovida por los estudiantes; la segunda, el 17 de octubre cuando se desarrollarán marchas en todo el país y, para el 21 de noviembre, definieron la realización de un paro nacional.
El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela García, explicó que el propósito es salirle al paso a las medidas que cerrarán a nuestros hijos y nietos, toda posibilidad de jubilarse y, más aún, de conseguir trabajo en condiciones dignas.
Yecid González Sabi, dirigente de la organización SUGOV, aseguró que no se justifica la inversión hecha en darles estudio, a costos tan altos, para que una vez tengan su título profesional y tal vez de posgrado, les ofrezcan sueldos miserables.
Los concurrentes a la reunión de emergencia, coincidieron en señalar que no permitirán que se criminalice la protesta social, al tiempo que se identificaron con la necesidad de desmontar el Esmad por las históricas violaciones que han protagonizado en contra de los derechos humanos.
