Queridos lectores, las numerosas comunidades de residentes voluntarios y ciudadanos europeos también saldrán a las calles y a las plazas para hacer sonar los "tambores de justicia". Todo esto servirá para concienciar a la comunidad local e internacional sobre los derechos del presidente Uribe y las formas de protegerlo, especialmente su derecho a un proceso justo con las debidas garantías. Las numerosas y diversas comunidades expresan la indignación de sus miembros por cualquier medida presuntamente ilegal, o cualquier presunta infracción cometida por la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Uribe, y su voluntad de luchar contra todas las formas de injusticia. Asimismo, condenan todas las formas de justicia politizada con fines delictivos y medios antidemocráticos. La batalla en contra la injusticia y la corrupción es pura, desprovista de interés particular. Ustedes, amigos lectores, deberían ayudar a aquellos que se unen a esta batalla. Ojalá que todos llegaran a entender la santidad de la justicia y la excesiva maldad de la injusticia y sus consecuencias destructivas para las personas. Debemos luchar contra aquellas injusticias de poder que jerarquizan y desvalorizan, que discriminan y nos hacen desiguales. Debemos poner fin a la injusticia y los ataques contra los derechos humanos, la intimidad y la dignidad humana, vengan de donde vengan.
Las manipulaciones del sistema judicial incitan así a los ciudadanos a tomar las calles para manifestarse en contra y exigir medidas de protección. Mucha gente en todo el mundo ha empezado a levantar sus voces en defensa de Uribe. Esta irregularidad o injusticia difícil de vivir despierta fuertes reivindicaciones legítimas de los ciudadanos. Por su propia naturaleza, este es un asunto histórico, ético y político y no solo de jurisprudencia que, por consiguiente, nos afecta a todos y a cada uno de nosotros. Me gustaría decir que lo que está sucediendo con el presidente Uribe no constituye únicamente un asunto relacionado con la justicia, sino que está estrechamente vinculado a los derechos humanos y, cada vez más, a los derechos políticos y las libertades civiles garantizados por la ley. Lamentablemente, esta flagrante injusticia se ha prolongado hasta hoy en forma de maquinarias de poder político, falsos testigos, documentos públicos alterados y escuchas ilegales de comunicaciones telefónicas que perpetúan la impunidad y el olvido interesado. La razón es que dicha indagatoria se caracteriza por un elevado grado de confusión entre la verdad objetiva y las valoraciones subjetivas. Esta es una situación inadmisible, cuya flagrante injusticia no debe tolerarse por más tiempo. Todo esto es para mí más que suficiente para que inste al presidente Duque, en nombre de todos los ciudadanos, a que se disocie de cualquier legitimización de ese proceso judicial, ahorrándonos así todo el deshonor de ser política y moralmente cómplices de esa colosal injusticia y ese clima político y mediático nefasto. Estamos organizando el mitin, simplemente porque se tiene que levantar la voz en contra de esta injusticia y la impunidad. Los romanos solían decir nihil difficile volenti, nada es difícil si hay voluntad. El derecho a la libertad de expresión se refleja en la práctica en el derecho de los ciudadanos a expresar públicamente su propia opinión y promoverla por todos los medios, así como a formular reclamaciones por una mala administración de justicia cuando sus derechos sean violados y a expresar sus puntos de vista de una manera pacífica, así como de vivir libres de temor y de ataques indiscriminados que provengan de las autoridades judiciales.
Esta expresión simbólica de la sociedad civil que se manifestará en Madrid, Milán, Roma y muchas otras capitales de Europa —y otros lugares del mundo— tendrá sus consecuencias en la labor de esta Corte Suprema de Justicia. Ese rechazo in limine con un apoyo internacional masivo de la opinión pública y las crecientes protestas constituye claramente una sanción popular contra el tribunal supremo. La Corte, como órgano supremo de justicia, no puede hacer caso omiso a esta importante manifestación, así como del trasfondo político de la cuestión en términos de pérdida de credibilidad internacional y fiabilidad pública a los ojos de nuestros ciudadanos y la propia sociedad. Más allá de los posibles resultados, el tribunal supremo debe tener en cuenta los efectos que puede generar a largo plazo sobre el estado de derecho y la justicia. Son datos que pueden parecer obvios, pero no tenerlos en cuenta puede ocasionarles problemas en poco tiempo. Indudablemente, la citada Corte, atraviesa un período particularmente difícil de crisis de credibilidad y se encuentra más distante de los ciudadanos. ¿Resulta la Corte, me pregunto, democráticamente creíble? De hecho, para serlo, necesita la legitimización y la implicación activa de sus ciudadanos, lo que resulta cada vez más complejo a medida que no da una imagen respetable de ella, a la vez que nuestros conciudadanos desconfían cada vez más de ella. La Corte ya cuenta con una mala reputación en este terreno y se percibe negativamente su identidad tanto en el propio entorno como en el exterior: ¿para qué sirve la legitimidad? Partimos de una premisa inequívoca: la confianza de los ciudadanos no nos viene dada. Hay que ganársela. Considero por tanto que es el momento adecuado para debatir la cuestión de la confianza de los ciudadanos en los órganos de justicia. El papel de cada institución en una cultura democrática debe estar bien definido y, no debe existir ninguna confusión respecto a tales funciones.
Para concluir, quisiera subrayar que en mi calidad de presidente y fundador de European Center for Transitional Justice (ECTJ) y del Comité de Voluntarios Italia Unión Europea he recibido el encargo de preparar un informe que se presentaría a las instituciones europeas y a las altas cortes de nuestro continente, incluyendo las universidades públicas y privadas y las organizaciones internacionales gobernativas y no gobernativas sobre el tema de la injusticia y la lucha contra la politización de la justicia, a promover y apoyar enérgicamente los derechos ciudadanos en el plano nacional e internacional.Para mí delegación es importante que se siga garantizando la imparcialidad de la justicia e impedir que ciudadanos inocentes se vean importunados más de lo que las circunstancias puedan justificar, y al abordarlo nos hemos hecho eco de la inquietud justificada del caso del presidente Uribe. Amén.
Nota. Es para mí un placer poder anunciar hoy a sus señorías que en ceremonia especial, en la sede del Parlamento Europeo, oficina de Milán, jueves 24 de octubre de 2019, en el marco del Congreso Internacional de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad, el presidente Álvaro Uribe Vélez recibirá de European Center for Transitional Justice, por primera vez desde su creación, el acto de reconocimiento y entrega del pergamino de honor Derechos Humanos Europa 2019, por su constante lucha a la impunidad y corrupción, y se recomendará su nombre como ejemplo a las presentes y futuras generaciones.
