Los candidatos a dirigir la suerte del país no parecen conscientes de la necesidad de plantear propuestas que vayan más allá del deseo en términos numéricos (tantas nuevas viviendas, tantos nuevos cupos escolares, etc.), y lo hacen sin especificar en qué forma o con qué programa se implementa, cómo se complementa para que efectivamente produzca cambios, o el tipo de resultados que debe generar en las relaciones sociales; siendo, además, que tales promesas nunca se han cumplido, el elector es indiferente a tales argumentos.
Como se eliminaron los debates públicos oficiales en los cuales cada candidato confrontaba las tesis de sus competidores, el elector no ve dónde están lo argumentos que representan alternativas diferentes.
Así hemos llegado a la indeseable situación de que las opciones tienden a reducirse a una polarización que ha llevado a que la elección esté girando exclusivamente alrededor del tema de la paz (y solo la de la confrontación armada), con lo cual queda prácticamente eliminada la posibilidad de una tercería.
Y más se profundiza esta situación porque no se controvierte alrededor de las propuestas que se debaten en La Habana —puesto que la decisión es que estas no se deben conocer sino una vez consolidadas en un 'acuerdo final'—, sino de lo que cada quien atribuye a la contraparte: el uribismo acusando a los reeleccionistas de necesitar la paz a cualquier precio (impunidad, reinserción privilegiada, etc.); y el santismo sindicando a los otros de no querer la paz sino la rendición por vía de una victoria militar.
Como ambas partes sienten que estas estrategias les dan réditos, la paz acabó siendo el 'trompo de poner': es el manejo del tema de la paz en función de las elecciones. Y esto no solo no favorece los intereses de nadie —excepto el de los candidatos—, sino sobre todo no favorece ni la paz misma, ni las expectativas que giran alrededor de los acuerdos.
No favorece lo primero porque una campaña con base en acusaciones y descalificaciones a los contradictores solo polariza y enerva más el clima de intolerancia que ya vivimos; y tampoco lo segundo porque el trabajo que se hace en La Habana pierde peso —y en consecuencia probabilidades de éxito— al depender su respaldo de la aprobación o buena imagen del actual gobernante en los otros campos de gestión.
La campaña por el Dr. Santos acaba siendo la explotación por parte del gobierno del propósito de paz que debe acompañar cualquier gestión oficial, y así, como candidato-presidente, le sirven los recursos públicos que con los mensajes mediáticos se multiplican; y para el uribismo se convierte en una opción deseable que las negociaciones fracasen o que los comicios no concluyan pacíficamente, buscando entonces impedir ese resultado.
No es casualidad que la disminución de la imagen favorable del Dr. Santos coincida con el aumento del escepticismo de la población respecto al resultado de esos diálogos. Y para el manejo del tema de las 'negociaciones de paz' acaba siendo un lastre y un costo la estrategia presidencial de dar mayor importancia y concentrarse casi exclusivamente en la apuesta por la firma de algún acuerdo, dejando como secundarias las reformas que urgentemente se requerían —Educación, Administración de Justicia, Salud, Pensiones, Estatuto del Trabajo, Régimen de tierras— y que no se presentaron o se retiraron.
Ni conviene al país la política de intolerancia, sabotaje y odio que los seguidores del expresidente Uribe buscan imponer.
El mensaje de 'o la paz con Santos o la guerra con el candidato uribista' es lo que más daño está causando a lo que deberían ser los criterios para el voto en esta elección. Respecto a lo primero porque nos lleva o a la verdad de la acusación de que se busca una negociación a cualquier costo para ganar la elección, o que el desprestigio de la gestión de Santos arrastre un rechazo al respaldo a la paz; respecto a lo segundo porque, en caso de ganar esa otra propuesta, se estaría dando un mandato —voluntario o involuntario; pedido o no pedido— de seguir la confrontación por las armas y no por el diálogo.
