La violencia en contra de aspirantes a cargos públicos de elección popular va en aumento, en contraste con las últimas elecciones, las mas pacíficas en décadas. Un rasgo que debería unir: están matando candidatos de todos los partidos. De telón de fondo, siguen los asesinatos de líderes sociales.
Hay zonas, en el Cauca, en el Catatumbo, en las que quienes sean identificados con “el partido de la paz” son declarados objetivos militares. Caben en la definición los desmovilizados, los líderes sociales, que son, en general, personas humildes que trabajan en las regiones. Caen muertos indígenas, dirigentes afro-colombianos, ambientalistas, docentes y rectores, líderes comunitarios, comunicadores.
Sin embargo, los asesinos están ampliando el espectro político de las víctimas en estas semanas previas a las elecciones de octubre. Han sido asesinados candidatos a los concejos o las alcaldías provenientes de los partidos Liberal, Centro Democrático y Conservador, políticos que no podrían ser tachados de estar en contra del establecimiento.
Lo que está ocurriendo en algunas regiones es de una gravedad extrema: la consolidación de la ilegalidad, por un lado, y su intolerancia frente a las instituciones en general, por otro. ¿Candidatos haciendo política, movilizándose sin su consentimiento?
Las AUC fueron brutales y sus vínculos con el narcotráfico y con políticos y empresarios prominentes, evidentes. Sin embargo, aunque no se pudiera hablar de un “proyecto político”, sus cabezas pretendían abanderar una campaña “antisubversiva” a sangre y fuego, quitándole lo que denominaban el agua al pez, es decir, la eliminación de aquellos que consideraban miembros de la base social de la guerrilla. Su bestialidad, las masacres realizadas, los asesinatos de líderes en campos y ciudades, se ajustaban a dicha lógica de exterminio.
Los asesinatos de miles de militantes de la UP, hace más de treinta años, también se encuadraban en la estrategia de asfixiar a la izquierda y, se suponía, de la descapitalización de la guerrilla.
En las últimas semanas han matado políticos de derecha, centro e izquierda. Empoderados, los grupos ilegales, asesinando aspirantes a cargos públicos, están atentando contra la democracia. Y, sin embargo, no hay señales de unión para la protesta y la defensa de las instituciones.
El asunto de las fotos de Guaidó con miembros de Los Rastrojos
pareciera no tener lógica diferente a la de pagar un peaje
a bandas apropiadas de dicha franja
Algo similar es lo que ocurre con nuestras fronteras, en este caso con Venezuela. No es una línea fronteriza; se ha convertido en una franja, cada vez mas ancha, dominada por los grupos del narco, el contrabando, la gasolina, la minería ilegal, la venta de armas, el tráfico de personas. El asunto de las fotos de Guaidó con miembros de Los Rastrojos pareciera no tener lógica diferente a la de pagar un peaje a bandas apropiadas de dicha franja.
Solo que, en el caso venezolano, se supone que se trata de un gobierno descuadernado, cercano al colapso, sin las herramientas para el control de su jurisdicción.
El desinterés por la política de fronteras en Colombia es crónico. Lo agrava, en el caso del actual gobierno, su política fallida: Maduro no cayó y no parece existir solución diferente de cara al nefasto gobierno de Caracas que la salida negociada. Desempolvar el cuento del narcoterrorismo de comienzos de siglo sin corrección alguna de la narrativa frente a Venezuela, es recurso pobre, retórico e inútil de nuestra cancillería.
Zonas del Cauca, Nariño, de frontera con Venezuela, Catatumbo, en manos de la ilegalidad: en parte, el reflejo del inmenso déficit de presencia del estado, incluyendo de la fuerza pública. También, de la incapacidad de unir a los colombianos alrededor de la paz, en contra de los grupos armados ilegales. Y en cuanto a Venezuela, la torpeza de no elaborar una nueva narrativa y crear una verdadera y efectiva política de frontera.
