La española Sacyr, constructora del Puente Pumarejo (posee el 100 % del Consorcio SES Puente Magdalena) esta detrás una pretensión económica contra el país que asciende a más de $ 54 mil millones por reclamaciones agrupadas en 13 divergencias. Reclamaciones que primero fueron rechazadas por la interventoría Consorcio Vial Pumarejo (MAB Ingeniería de Valor de Colombia y Triada de México) agotando el tramite establecido en el contrato No 642 de 2015, luego por 5 mesas de trabajo que se realizaron a principios de este año donde participaron todas las partes involucradas. INVIAS se mantiene en que le es imposible pagar actividades no reconocidas por la interventoría y cumplidas en vigencias fiscales anteriores.
Así las cosas, la alternativa a la que ha recurrido Sacyr es de lobby ante el gobierno por parte de su representante Carlos Rosado, exdirector de INVIAS entre 2010 y 2012, y miembro de la Agencia Nacional de Infraestructura en representación del presidente Juan Manuel Santos. Rosado organizó un cierre de obra (algo inusual, pues el Puente se inaugura en diciembre) el pasado 5 de septiembre donde invitaron al presidente Duque y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para que, entre celebraciones, el CEO de Sacyr, Manuel Manrique Cecilia pudiera quejarse, alegando que es el único país en el mundo que le rechaza la totalidad de sus reclamaciones. Es de recordar que Sacyr mantiene unos arbitrajes ante la Corte Internacional de Comercio de Miami por valor de al menos USD$ 3.300 millones con Panamá por la ampliación del Canal de Panamá (de los USD 3.118 millones por los que fue adjudicada), en un conflicto que obligó a intervenir al Gobierno español y que sigue en pleito.
