Hoy, en medio de una contienda electoral que evidencia la reducción de política y democracia a mero mecanismo desprovisto de entusiasmo – llaman los medios – o de sustancia – entiéndase algún tipo de discusión que trascienda los noviazgos, amiguismos, favores devueltos o sin devolver entre las familias que han detentado el poder -, la discusión acerca del régimen político, y de la perspectiva de poder para el movimiento popular adquiere centralidad.
Sin duda, es algo más interesante que el bipartidismo de facto - uribismo y santismo - que determina la política en el país. Las alternativas, UP Polo, encerradas, negadas y olvidadas, son consumidas por la mecánica electoral, aquella de empresarios – los políticos – y consumidores – los votantes pese a sus dignos intentos. Una lectura menos inmediatista contribuye a notar como ha venido trazándose la confluencia de dos procesos: un movimiento social y popular activo y con atisbos de perspectiva política, ante una innegable crisis que no es del Gobierno Santos, sino del régimen político.
Un Movimiento Social y Popular Activo, con progresita perspectiva de Poder:
El mismo nacimiento y fuerza de proyectos como Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, es una evidencia de ello: fuerzas políticas, con vocación de poder y perspectiva de ser gobierno que abren y reivindican nuevas formas de hacer la política, de construir el poder y de disputarlo. El hecho mismo de no ser partidos políticos, sino movimientos, convergencias que desbordan su accionar de lo electoral o institucional refuerza ese carácter.
El reciente Informe de CINEP registra 1027 protestas en Colombia en 2013, el índice más alto desde 1975. Este hecho demuestra una formidable capacidad de acción y convergencia del movimiento social y popular colombiano, que a mi juicio tiene dos características determinantes: nace y se fortalece por la convergencia de múltiples actores, democráticos, progresistas y de izquierda que en la acción y reivindicación viven la unidad; en segundo lugar, ponen de presente la incapacidad estatal para canalizar mediante sus instituciones, mediante la democracia representativa y el sistema de partidos, las reivindicaciones y anhelos sociales y populares.
Tomemos dos ejemplos: La MANE y el Paro Agrario y la reciente Cumbre Agraria. Ambos espacios, unitarios en esencia y de allí su innegable capacidad y contundencia, comparten en su ejercicio reivindicativo el desconocimiento del Congreso, y en el caso de la MANE del mismo Ministerio de Educación Nacional, como escenario legítimo para la discusión acerca de sus exigencias. Es decir, el canal privilegiado de representación política del soberano es desconocido por su evidente corrupción, mermelada, e ineficiencia. Antes que representar la voz de la población, el Congreso es reconocido como enemigo del pueblo. Ni que decir de los partidos políticos, que según la constitución son el mecanismo de participación en la democracia representativa. Ambos espacios ponen de presente que el esquema de participación del régimen político es desconocido por el movimiento social, e incluso, contrario a su papel, es antagónico al pueblo; nos referimos tanto al sistema de partidos – téngase en cuenta el altísimo abstencionismo de las elecciones de marzo-, como el congreso y con ambos la democracia representativa.
Veremos este punto más adelante. Antes de ello, una segunda característica del movimiento social, popular y político alternativo es de especial importancia: la acción programática. La MANE, con mucho trabajo, logró construir un proyecto de Ley Alternativa de Educación Superior, proceso de varios años de trabajo y debate, mantenido por la conciencia de avanzar de la reivindicación a la construcción de un modelo alternativo de educación superior que confronte el sistema educativo actual. El mismo ánimo programático es compartido por la Cumbre Agraria, de cuyo pliego nacido en Marzo hay claros visos y aristas que indican el camino hacia un programa, o al menos una plataforma de lucha que defina un horizonte de lucha unitario, y delinee un nuevo modelo de política agraria para la soberanía nacional, el buen vivir y la dignidad.
Y no son los únicos. Espacios como el Foro Urbano Alternativo de Medellín; los cabildos abiertos de Marcha Patriótica, las constituyentes regionales por la Paz, y los Mandatos del Congreso de los Pueblos comparten línea programática de construir programas, propuestas, modelos de derechos, soberanía, democracia real y buen vivir, vida digna. Con ellos, emergen dinámicas, reivindicativas pero con mucha perspectiva, que adquieren protagonismo en el país: movimientos por la reivindicación femenina, por la igualdad de derechos para comunidades LGBTI, los transportadores, y el movimiento sindical, en especial el vinculado a la locomotora minero energética. Sectores que mantienen una viva fuerza, al lado de la silenciada lucha de viviendistas, objetores de conciencia, magisterio, transporte “público” y movimientos ambientalistas.
En una democracia decente, sería elemental la premisa de que una sociedad con una progresiva acción colectiva, una dinámica de exigencia, propuestas, y construcción de alternativas de país, debería ser escuchada; el Estado, el régimen político, de ser democrático, debería poder canalizar dichas exigencias y propuestas, ponerlas a andar, pues es su función. Es claro que el movimiento social ha recuperado la consciencia de su obligación y derecho a proponer, a decidir y a exigir; ha sido el régimen político actual el que ha implicado que su acción se desarrolle mediante la confrontación, al adolecer de mecanismos reales para canalizar la acción popular, que adquiere, como señala el maestro Jairo Estrada, una dinámica de acción constituyente que no cristaliza en poder constituido por el hermetismo funcional del régimen político de la clase política tradicional.
Crisis, no de Gobierno, de Régimen Político:
Cada reivindicación, movilización y confrontación del pueblo al régimen es correlato de las implicaciones de los pilares de la Colombia de la elite: educación, minería, participación política, derecho a decidir, sector financiero, sector vivienda, transporte e infraestructura, privatización, recortes salariales y presupuestales, inversión militar, TLC’s y deuda extranjera. Este hecho es de por sí indicativo del desacierto de la “visión Colombia 2019”, o cuando menos, de sus reales beneficiarios y sus reales afectados – las mayorías.
Así mismo, el reconocimiento de la monstruosa política clientelar del país – la mermelada – con los Ñoños, y Besaile, de la mano del gran victorioso de las elecciones legislativas – la abstención -, sugieren que los mecanismos de participación del país se mueven entre la corrupción y la ilegitimidad. Las empresas electorales, antes que partidos, vendiendo avales, comerciando recursos, comprando votos, y paradójicamente “representando a la población” en el Congreso.
De otro lado, vemos el omnímodo poder de la procuraduría, no solo para desconocer la voluntad expresada en elecciones con el Alcalde Petro, sino para desconocer y sancionar (sic) a quién promueva los mecanismos constitucionales de participación popular – como las consultas populares sobre exploración minera impulsadas por alcaldes municipales, que ahora afrontan investigaciones -, dan todo menos esperanza de apertura política. Aunque suene extraño, Colombia tiene un régimen político cerrado, que tiende a cerrarse aún más.
El tratamiento recibido por parte del movimiento social, como lo caracterizamos, ha tomado dos formas fundamentales: la represión abierta, salvaje y vergonzosa, legalizada con la ley de “seguridad” ciudadana; y la cooptación o paralelismo ante las organizaciones y dirigentes. Ahora en el paro agrario emergen organizaciones de papel que celebran el pacto agrario, desconocen la movilización y aseguran no sentirse representados por el movimiento agrario. La misma historia con lo que fue FENARES en el movimiento estudiantil. De nuevo, la institucionalidad actual en crisis, producto del modelo socio económico que impulsa, y que se resiste a transformarse, agónica.
Rediseñar la Participación Política:
Es claro que los actuales mecanismos de participación no son insuficientes, son más bien eufemismos. Así como también se aclara poco a poco, la necesidad y conciencia para el movimiento social y popular de abrir su participación política. No me cabe duda que vivimos un momento de conmoción social con fuertes atisbos de acción constituyente, en el sentido de construir, proponer, empoderar, y asumir una dinámica activa y unitaria.
Si la constitución del 91 abrió la posibilidad de soñar con la garantía de derechos, la realidad del país término haciendo del sueño una pesadilla. Ninguna de las promesas constitucionales se ha obtenido, y al contrario, cada día se alejan más. Incluso, el estado ha adquirido el monopolio constitucional – sustrayéndoselo al pueblo, constituyente primario y determinante – con las conocidas 36 reformas constitucionales que hacen irreconocible el texto aprobado en el 91, o quizá más evidente en su naturaleza y orientación.
Un régimen político en crisis debe ser rediseñado de fondo, pues es probada su incapacidad y hermetismo. Un movimiento social, popular y político activo y beligerante, con conciencia de la necesidad de construir propuestas, programas y unidad, es decir en acción constituyente, debe asumir que el problema del poder en Colombia pasa por consolidar, construir y fortalecernos como poder constituyente en la dinámica que ha venido asumiendo la lucha en Colombia, para avanzar a forjar poder constituido. Por la naturaleza del problema, por las perspectivas del movimiento social y popular, y la probada incapacidad y no disposición de la elite en el poder de resolver la crisis que generó, el hecho de que el pueblo la resuelva implica abrir la Asamblea Nacional Constituyente. Un hecho que pasa por la convergencia de los distintos sueños en una sola voz: un frente amplio por la paz, la recuperación de lo público y la democracia real. Cerrados los canales, debemos y podemos abrirlos, la crisis del régimen político demuestra que no se trata de un problema técnico, sino eminentemente político. No me cabe duda de que la síntesis entre la crisis del régimen, y el avance del movimiento popular hacen necesaria, vigente y posible una Asamblea Nacional Constituyente en la que el protagonismo del pueblo sea determinante en un nuevo pacto político que humanice el País.
