Vigilante y silenciosa, la cordillera occidental ha sido testigo del auge cocalero y la violencia que azota a Suárez, en el norte del Cauca. Entre la espesura de sus montañas, el plátano, la yuca y el café están siendo reemplazados por la rentable hoja, declarada enemiga pública número uno de los gobiernos colombianos desde que Richard Nixon declaró la guerra contra la droga en 1971. Sin embargo, entre más el Estado activa su poder bélico en contra del cultivo en el departamento, más valioso se vuele este que busca su destino hacia el Pacífico, del otro lado de la cordillera por la ruta del Naya, donde esperan pacientemente los narcos para exportar la droga hacia México y Estados Unidos.
Suárez se ha convertido en un punto estratégico en la cadena del narcotráfico que se disputan los grupos armados —disidencias de las Farc, Pelusos y paramilitares— que hoy hacen presencia en la zona rural del municipio. Desde el casco urbano se puede tomar carretera hacia lo más alto de la cordillera y atravesar la densa selva donde se esconden los laboratorios de pasta de coca o algunas cristaleras. Y ese serpeante camino, que atraviesa los corregimientos de Betulia, luego Bellavista hasta desembocar en López de Micay, una de las entradas al Naya, hoy sigue en disputa mientras los campesinos se aferran a la vida y a su tierra.
Ese mismo camino que conduce al Naya y solo es accesible a lomo de mula, también se conecta hacia Buenos Aires, otro municipio del departamento que hace parte de esa jugosa región donde la coca se desborda por las laderas del municipio. Fue precisamente en Buenos Aires donde los frentes 6, 30 y la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc, que históricamente tuvieron el control del Naya, entregaron las armas y se concentraron en el espacio territorial La Elvira, donde aún le apuestan al café de primera calidad para abandonar la guerra que insiste en perseguirlos.
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Sin embargo, negros, indígenas y campesinos no están dispuestos a seguir viviendo de la coca. Desde hace 5 años el proceso de sustitución de cultivos ilícitos ha sido impulsado por las organizaciones sociales del departamento, pero los gobiernos colombianos les han dado la espalda, traicionando su palabra y dejando a merced de las armas las vidas de los suareños.
En 2014, la gobernación del Cauca, entonces encabezada por Temístocles Ortega, y con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC), llegó hasta el corregimiento La Meseta, una de las poblaciones con más hectáreas de coca de Suárez, con una promesa que pareció más una cachetada a los campesinos: reemplazar los cultivos de coca por unas cuantas gallinas. Organizaciones como Asocordilleras exigieron un acuerdo integral, que le garantizara una estabilidad económica a las familias del corregimiento para apostarle a la sustitución, pero nunca más la gobernación volvió a aparecer. Sin embargo, la gente de la vereda El Senderito vio una oportunidad para deshacerse de los cultivos que eventualmente les traerían problemas y estaban acabando con la economía tradicional de la región. No se iban a quedar con los brazos cruzados esperando a que el gobierno de Juan Manuel Santos los apoyara, y en pocos meses cada familia, que podía tener entre media hectárea y dos, limpiaron sus terrenos para volver a los cultivos de café y pancoger.
El hecho demostró que en Suárez sí podía haber una alternativa y con la firma del acuerdo de paz en 2016 se abrió el camino para sacar definitivamente la coca de la región. En enero de 2017 delegados de varios municipios del norte del Cauca se reunieron en Popayán para tratar el tema de la erradicación de cultivos. Fue precisamente en esa cita que nació COCCAM —Coordinadora de Cultivos de Coca, Amapola y Marihuana— para exigir el cumplimiento del punto cuatro del acuerdo firmado en La Habana y rechazar, además, la erradicación forzosa, pues los campesinos siempre mostraron su voluntad de sustituir voluntariamente. El 28 de enero 8 chivas salieron con 545 personas desde Suárez hacia Popayán exigiendo meter a todos los cultivadores en la sustitución voluntaria, pues la meta planteada por el gobierno Santos era sustituir 100.000 hectáreas de coca, de las cuales 50.000 serían por vía de erradicación forzosa, para seguir dándole poder y control a las fuerzas militares que no querían ceder su presencia en los territorios.
Todo comenzó a andar en ruedas, incluso se logró dar a conocer el Plan de Atención Inmediata (PAI) con el que se fijó desembolsar $36 millones por cada familia que se acogiera al programa y confirmara su participación voluntaria. Poco tiempo después organizaciones como Asocordillera, Cabildo Indígenas Cerro Tijeras y Consejos Comunitarios se reunieron en el corregimiento de Betulia, en donde participó la alcaldía del pueblo a través del secretario de Gobierno Milciades Vergara, para definir una ruta a seguir durante los próximos años y garantizar la seguridad de los líderes sociales que se estaban poniendo al frente del tema.
Sin embargo, un año después en enero de 2018, cuando ya comenzaba a tropezar el acuerdo de paz y las disidencias crecían otra vez en el Cauca, Nariño, Norte de Santander, regiones donde la antigua guerrilla había controlado el negocio durante décadas, empezaron los primeros enfrentamientos. El 2 de enero de ese año la Defensoría del Pueblo lanzó la alerta temprana 001 por los riesgos a los que se veían expuestos los líderes en Suárez tras unos enfrentamientos entre el Frente Primero, comandado por Mayimbú, y los Pelusos.
La reactivación de la violencia en el municipio, que desde la firma venía registrando las cifras de homicidios más bajas en su historia, con 12 en 2016 y 25 en 2017, fue la excusa perfecta para que el Ejército retomara la erradicación forzosa en el corregimiento de Mindalá, una zona priorizada para la sustitución voluntaria. Aunque la comunidad sacó a los soldados con apoyo de varias entidades como la defensoría o la oficina del alto comisionado para la paz y la agencia de sustitución de cultivos, un mes después tuvo que ser cancelada la firma del acuerdo colectivo, un paso clave para avanzar en la sustitución. Walter Aldana, entonces coordinador de Sustitución de Cultivos para el Cauca, tuvo que decirles a los líderes, con quienes venía trabajando desde el principio y había logrado dar algunos pasos importantes, que había una orden directa desde la dirección nacional, encabezada por Eduardo Díaz Uribe, de parar el proceso, y eso incluía destituir a Aldana de su cargo.
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Walter Aldana había estado también al frente del programa de sustitución en Nariño, la principal región cocalera de Colombia que prometía ser el ejemplo de mostrar la voluntad de los campesinos de sustituir la coca de sus parcelas por otros cultivos. Aldana había logrado unos resultados estimulantes: de los 29 grupos organizados de campesinos, 22 habían firmado los acuerdos, y Eduardo Díaz, que en el 2017 reconoció su trabajo ampliándole su responsabilidad al complicado vecino, el Cauca, le cambió las reglas a principios de 2018, que lo obligaron su retiro del cargo. Y es que las órdenes desde Bogotá cambiaron radicalmente en un año, y ahora la sustitución se iba a hacer con presencia permanente de la Fuerza Pública, decisión que tuvo la presión de los militares para no perder su control. Aunque el gobierno Santos tenía que meterle el acelerador al programa en su último semestre, todo quedó paralizado y los cronogramas que se habían pactado con las comunidades se derrumbaron.
El reemplazo de Walter Aldana, Manuel Mejía, quien llegó desde Bogotá y pretendía arrancar de cero la socialización, no funcionó y a los dos meses salió del cargo. Los campesinos quedaron a la deriva y el programa de sustitución quedó en un limbo del que nadie del gobierno quiso volver a hablar, y del que nadie en las regiones del Cauca pudo volver a mencionar.
Con la victoria de Iván Duque volvió el miedo a la región por el fantasma del uribismo y el control a punta de bala. Las promesas de fumigaciones con glifosato hicieron que los líderes dejaran de presionar al gobierno frente a los programas de sustitución de cultivos. El 6 de julio de 2018 decenas de organizaciones sociales le enviaron una carta a Duque pidiéndole retomar el cronograma y no frenar la implementación del acuerdo de paz, pero nunca hubo una respuesta.
Desde entonces los campesinos de Suárez no han tenido la oportunidad de avanzar en sus pretensiones de sacar la coca de sus tierras. Cerca de 600 familias se quedaron esperando las promesas incumplidas y vieron como una traición a la palabra las decisiones de frenar por completo los programas acordados en el pasado. El presidente Duque hoy está empecinado en retomar las fumigaciones, mientras los cultivos de coca invaden las montañas caucanas, que vuelven a ser la zona predilecta de los grupos armados para tener el control del narcotráfico. Desde 2016 los campesinos hicieron una advertencia que hoy les da, a pesar de su voluntad, la razón: “aprovechen la voluntad de los campesinos para erradicar”.
