*Serie de tres artículos de análisis acerca de la situación de Buenaventura
Entre ayer y hoy (17 y 18 de marzo 2014) se registran dos desplazamientos masivos en Buenaventura, uno de ellos rural con más de 150 familias en la cuenca del rio Calima y el segundo de tipo urbano en la comuna cuatro con casi 50 familias entre Viento Libre y Piedras Cantan. El fin de semana se encontraron dos nuevos cuerpos desmembrados, dicen las autoridades locales que en esta ocasión la buena noticia es que los cuerpos están completos.
¿Qué cómo? Pero si el gobierno nacional acudió presto al llamado de la Cámara de Comercio de Buenaventura, como el chapulín colorado acudió el imbécil Ministro de Guerra al grito de auxilio de los paisas y negros blanqueados dueños del comercio local, quienes hastiados de la plaga que ellos sembraron aseguran que el gran problema de Buenaventura son la extorsión y el boleteo. Militarización, aumento de pie de fuerza, redes de inteligencia, recompensas, algunos cupos del Sena y la promesa incierta de inversión social, además de la aseveración de que “las tales casas de pique no existen” fueron la respuesta del gobierno nacional ante el SOS del comercio local, bueno hay que reconocer que a los paisas les fue mejor que a los curas, quienes junto a las organizaciones sociales de Buenaventura salieron a la calle con veinticinco mil personas para enterrar la violencia el pasado mes de febrero y recibieron el silencio de las autoridades locales y regionales, así como la atención soslayada de los medios de información.
El comercio del puerto, así como los empresarios y políticos que tienen puestos sus intereses en el malecón Turístico y el terminal logístico TLBUEN, son corresponsables de la tragedia humanitaria que hoy vive Buenaventura. Y la corresponsabilidad no se refiere al embeleco ese de la Responsabilidad Social Corporativa que les encanta a los trabajadores sociales de las empresas que explotan Buenaventura, se refiere a las acciones y omisiones que entre los años 1999 y 2001 fueron definitivas para que se asentaran en la región HH, El Cura, El Fino, Tocayo, El Mocho, El Cabo, Félix, entre otros quienes por orden de los hermanos Castaño conformaron el Bloque Calima y el Frente Pacífico de las AUC, que regaron con sangre campesina, indígena y negra las cuencas de los ríos Calima, Raposo, Sabaletas, Dagua, Naya, Yurumanguí, entre otros.
Desde la misma llegada del paramilitarismo a inicios del milenio, durante la crisis humanitaria de la seguridad democrática, después de las falsas desmovilizaciones y ahora en tiempos de prosperidad democrática, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, las organizaciones sociales como el Palenque Congal – PCN, Nomadesc, Sindicatos, la diócesis de Buenaventura y algunos valientes periodistas locales han denunciado la complicidad por acción u omisión de las autoridades locales, las fuerzas armadas y los grandes medios de información con el baño de sangre que sigue recorriendo el puerto. Mientras tanto, los gobiernos nacional y departamental siguen brindando por la Alianza del Pacífico, tranquilos pues, saben que la máquina del libre comercio se lubrica con sangre negra.
Como el doctor Frankenstein, los comerciantes (búfalos) ahora están muy preocupados porque los monstruos (leones) que ellos mismos crearon y que falsamente se desmovilizaron (reciclaron) a finales del año 2004, hoy se les han salido de control y están diezmando la economía local, quitándoles por medios violentos una tajada cada vez más grande del pastel. Pastel que ellos –los búfalos- escasamente comparten con los pobladores locales, pues la proporción de vinculación laboral de población negra o indígena en el comercio local es mínima y se da en condiciones de precariedad e informalidad, regularmente desconociendo derechos fundamentales. ¿No les parece al menos curioso que en los registros que sobre el plantón de la semana pasada presentaron los medios televisivos, la presencia de población negra era casi inexistente?
Quienes conocen Buenaventura más allá de los medios de información saben que en el puerto la situación laboral y social de las población negra es particularmente precaria, una suerte de apartheid criollo que relega las opciones laborales para hombres y mujeres negras al trabajo no calificado –aunque el trabajador esté calificado-, la informalidad y la vinculación laboral desregulada; una suerte de apartheid criollo que niega el acceso a los derechos sociales para la población negra principalmente en cuanto a salud, educación, vivienda y reparación integral para las víctimas; una suerte de apartheid criollo que promueve la eliminación física de la población negra que obstruye el desarrollo de los megaproyectos turísticos y logísticos ligados a los tratados comerciales multilaterales.
