Artículo 22 de la constitución política: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
El acuerdo de paz en Colombia puso fin a un conflicto armado para poder comenzar una fase de construcción colectiva de la paz. Se suscribió en medio de muchas tensiones, pero fue el baldado de agua fría a los guerristas, al punto que llegó en una coyuntura crítica de derrota estratégica al conflicto armado, en el que se evidenciaba que ni la fuerza pública podría vencer en solución final a las guerrillas ni la insurgencia podría tomarse el poder, por la vía de las armas.
Mucha sangre se derramó, al punto que este conflicto armado, conllevó a una fábrica de cerca de 8 millones de víctimas, 80.000 desaparecidos, 220.000 muertes violentas y otro tipo de circunstancias, daños, dolor, venganzas, que aún no se han sanado, y es posible que no se llegue nunca a su reparación total, a pesar de que bajo un sistema de verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición, se debería, como nación, avanzar hacia la reconciliación. Sin embargo, desde cuando se suscribió el acuerdo de paz han caído en forma violenta más de 830 líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos, víctimas revictimizadas, periodistas y otros gestores de paz, así como más de una centena de excombatientes de las Farc, así esta organización, otrora insurgente, haya dejado las armas y transitado a la institucionalidad democrática, convirtiéndose en un partido político legal que, hasta en condiciones igualitarias con otros movimientos políticos, participaría en las pasadas elecciones.
Cualquiera diría que con la decisión errada de exmiembros de la mesa negociadora del proceso de paz por parte de las Farc de rearmarse, se vive una de las tantas guerras de la paz, o que se inicia una nueva etapa del conflicto. Dependiendo del ojo que se mire, algunos actores hablan de perfidia, otros de combinación de todas las formas de lucha, de falta de voluntad de paz, de incumplimiento de acuerdos, de llamar a un gran pacto nacional por la defensa de la paz, o, inclusive, de volver a desconocer la existencia de un conflicto social y político en el país. Allí sería bueno incluir la pregunta de William Ospina en Pa’ que se acabe la vaina: ¿Quién arrojó a los guerrilleros a la insurgencia, a los delincuentes al delito, a los pobres a la pobreza, a los mafiosos al tráfico, a los paramilitares al combate, a los sicarios a su oficio mercenario?, sino una manera de gobernar al país que cierra las puertas a todo lo que no pertenezca al orden de los escogidos”. Tenga esta es Colombia, ¿y estos son los gobernantes que nos merecemos?
La falta de inclusión en política a muchos sectores y actores que no estarían representados en el sistema de gobierno y régimen político, ha sido catalogada como una de las variables objetivas para que se diera el conflicto armado que se terminó con el acuerdo de paz. Este pacto social y político, que se suscribió entre Colombia y las Farc, priorizó el punto de participación política, basado en la apertura democrática para construir la paz, con la idea fundamental del fin del conflicto en el que es necesario asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre la política y las armas.
La idea de la cultura de paz fundaría el posconflicto. Sin embargo, si desde el poder público o quienes representan a la derecha gobernante, se baja la línea de que todo lo alternativo, progresista, de avanzada, de izquierda democrática, estaría en el mismo saco de una porción de excombatientes que se rearman, bajo una declaración política, que el resto no comparte, y hasta rechazan con contundencia tanto el Partido Farc, como las demás fuerzas políticas que convergen alrededor de la defensa de la paz; si además los medios de comunicación difunden y divulgan este mensaje confuso, perverso y que llena de riesgos a los actores y operadores políticos, al punto que se generaliza la idea en un escenario de violencia política, de que todo lo que huela a diferencia hay que excluirlo, estigmatizarlo, perseguirlo, eliminarlo; si en este espacio, de manipulación de la información, de canalización del odio, de decisiones equivocadas, de distracción del real problema, —que sería atacar con todo el peso de la ley a quienes se apartan del proceso de paz—, de intimidaciones y amenazas de limpieza social, de alto riesgo de violencia política, de presencia de actores armados ilegales, de poca transparencia electoral, se presenta en medio de una coyuntura en la que muy pronto la ciudadanía va a decidir quién va a regir los destinos y tomar las decisiones, en los espacios de poder locales y regionales, en las próximas elecciones. Además si de hecho esto ocurre por ejemplo, en el contexto del caso de estigmatización de un candidato a la gobernación del Magdalena que afirma que hay candidatos escondidos de “los bandidos” que nunca salieron “del monte”, la pregunta sería: ¿con qué garantías reales en una democracia, se contarían para ejercer la política electoral, para generar la alternativa o la continuidad en los territorios de procesos democráticos de transformación social y política?
El llamado es a la sensatez y a la calma. Hay que desarmar la palabra en las redes sociales y en los discursos de campaña. Esto es responsabilidad de los líderes políticos y debe ser regulado por el Estado. Preocupa en este debate electoral que el riesgo está latente. La posibilidad de la paz está débil, esta esperanza compartida nos la quieren arrebatar, los incendiarios que pareciera que desde los extremos se juntaran. No les hagamos el juego. El fin no justifica los medios. Defendamos la paz, desde la institucionalidad democrática.
