“Rechazamos vehementemente la minería a gran escala; no la queremos en nuestros territorios”: pueblos indígenas, campesinos y afros del norte del Cauca.
Graves denuncias se hicieron hoy en la audiencia pública realizada en Santander de Quilichao, sobre situación minera en los territorios afros e indígenas en el norte del departamento del Cauca: Complicidad de las autoridades con los dueños de las retroexcavadoras; un nuevo proceso de despojo del territorio; persecución por parte de actores armados legales e ilegales; hostigamiento jurídico de las autoridades mineras; destrucción del medio ambiente y contaminación de aguas; muerte de muchos comuneros a causa de los derrumbes ocurridos en las minas.
Se expresó de manera terminante que: “La paz será posible sólo cuando nuestros territorios estén libres de estas amenazas y cuando con autonomía seamos nosotros quienes organicemos y gobernemos en ellos”.
Entre la serie de exigencias conocidas hoy, se pidió una mesa de diálogo entre el alto gobierno y sectores comunitarios para la reestructuración de una política minero-energética. Igualmente, la intervención inmediata de las autoridades competentes para la detención y desalojo de las máquinas retroexcavadoras en el territorio nortecaucano, así como la puesta en marcha de planes de compensación por los daños ambientales causados por los medianos mineros en todos los territorios del norte del Cauca.
La siguiente fue la Declaración Oficial que expidieron los dirigentes cívicos reunidos en asamblea pública:
Las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, reunidas hoy en el Campus de la Universidad del Valle, sede Santander de Quilichao, después de escuchar los planteamientos, los testimonios y propuestas para enfrentar la amenaza minera, que afecta de manera desmedida caminos, trochas, ojos de agua, relaciones y lazos comunitarios y familiares, la vida de líderes queremos levantar nuestra palabra y cosechar la unidad para oponernos a la locomotora minera de las grandes empresas y el gobierno nacional.
Con el espíritu de reconciliarnos con la madre tierra, de hacerla respetar y de recobrar nuestra historia de lucha y resistencia declaramos en esta audiencia pública que:
El norte del Cauca por su riqueza minera ha sido un territorio signado por innumerables conflictos desde los tiempos coloniales. Los antiguos asientos de minas en Quinamayó, Dominguillo y Caloto fueron escenario de verdaderas masacres de la población indígena y afrocolombiana que con su sudor y sufrimiento llenaron las ansias incontenibles de los usurpadores españoles.
Han pasado muchos años ya desde aquellos terribles sucesos, pero la realidad no ha cambiado pese a nuestra lucha y resistencia milenaria. El norte del Cauca sigue siendo un territorio rico en minerales y siguen llegando por nuestro oro, destruyendo ríos, cerros, trasformando nuestro paisaje y además afectando a nuestras comunidades que por siglos han enfrentado el despojo, la pobreza y el hambre.
Nuestros territorios están amenazados y en desequilibrio desde hace mucho: el conflicto armado, las diferentes violencias, los cultivos de uso ilícito, el desplazamiento, la agroindustria de la caña, el despojo, el modelo económico neoliberal que ha acabado con nuestras economías locales y ahora la aplanadora minera, nos han obligado a cambiar nuestras costumbres de subsistencia, nuestro pensamiento y están afectando directamente la manera en como nuestras comunidades producen el alimento y garantizan su bienestar.
La reconquista minera, no solo ha traído la afectación a nuestras fuentes de agua, montañas y sitios sagrados, también ha traído consigo la expropiación de nuestros territorios, nuevas violencias y conflictos entre nuestras comunidades. Así mismo, la llegada de personas extrañas venidas de otros municipios que no entienden nuestra manera de relacionarnos con el territorio ha causado también graves problemáticas y sobre todo un nuevo proceso de despojo del territorio que obstaculiza las actividades económicas propias, condenando a nuestras comunidades a la dependencia y a la pobreza.
El norte del Cauca también ha sido una zona de tradición minera tradicional, ancestral; desde la colonia la minería de subsistencia ha sido una de las prácticas tradicionales de nuestras comunidades afrocaucanas y en su momento de algunas comunidades indígenas. No obstante, la minería tradicional, ancestral ha sido durante los últimos años fuertemente criminalizada, los mineros ancestrales hemos sufrido la persecución de los actores armados legales e ilegales. Así mismo hemos padecido el hostigamiento jurídico de las autoridades mineras quienes nos consideran ilegales y además nos acusan de ser los causantes de la devastación ambiental de la minería. Pero, tales acusaciones solo son una cortina de humo para señalar a los verdaderos causantes del debacle ambiental, la mediana minería con sus retroexcavadoras y la mega minería hecha por grandes multinacionales. Hemos sido testigos de la complicidad de las autoridades con los dueños de las retroexcavadoras que al hacer los operativos y embargos, misteriosamente estas máquinas desaparecen.
Precisamente, la minería con retroexcavadoras es el mal que hoy afecta más fuertemente a nuestro territorio norte caucano, esta minería que utiliza sustancias toxicas para la separación del oro como el cianuro y el mercurio está acabando con nuestras fuentes de agua, así como enfermando a nuestra gente y a nuestra tierra. Hemos visto la muerte de muchos comuneros a causa de los derrumbes ocurridos en las minas, por las condiciones en las que se hace esta explotación. Además, la amenaza de la gran minería sobre nuestros territorios a propósito de las más de 250 solicitudes de la Anglo Gold Ashanti, preocupa a nuestras comunidades y organizaciones y nos pone en alerta frente a la defensa del agua, de los cerros y de la vida de esta y las próximas generaciones, esta minería a gran escala la rechazamos vehementemente y no la queremos en nuestros territorios.
Creemos como pueblos indígenas, campesinos y afrocaucanos que la paz será posible sólo cuando nuestros territorios estén libres de estas amenazas y cuando con autonomía seamos nosotros quienes organicemos y gobernemos en ellos. No habrá paz, mientras la locomotora minera siga acabando con nuestros espacios de vida, con nuestra agua, con lo que consideramos sagrado y necesario para nuestra pervivencia.
Por todo lo anterior, nosotros como pueblo nortecaucano unido hacemos las siguientes exigencias al Estado colombiano:
• Que la política minero energética se reformule en el marco de los derechos humanos, respetando el carácter de utilidad pública e interés social del medio ambiente, por encima de las actividades extractivas.
• Todos, absolutamente todos los procesos relacionados con la minería, la entrega de títulos mineros, la expedición de licencias ambientales, deben ser consultadas con las comunidades. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado para cualquier actividad minera en nuestros territorios, para que sean nuestras comunidades las que decidan. Lucharemos para que este derecho también acoja a las comunidades campesinas.
• Las comunidades indígenas en el marco del derecho propio venimos insistiendo en nuestro reconocimiento como autoridades ambientales, instamos a que se nos reconozca ese ejercicio que hacemos como parte de nuestro derecho a la autonomía.
• Reconocimiento a los Consejos Comunitarios ancestrales y los territorios colectivos afro su condición de entidad territorial para poder ejercer de mejor manera la autonomía, la autoridad ambiental y control territorial.
• La puesta en funcionamiento de una mesa de diálogo entre el alto gobierno y sectores comunitarios para la reestructuración de una política minero-energética que respete los espacios de vida de las comunidades y garantice la justicia ambiental para esta y las próximas generaciones.
• Una política minera que garantice y proteja la composición de las cadenas económicas y de los tejidos sociales que las comunidades locales han construido en su relación y ejercicio territorial desde tiempos ancestrales.
• La reglamentación de los capítulos 4, 5 y 6 de la Ley 70 de 1993 para garantizar el ejercicio del derecho ancestral a la minería de los pueblos afrocolombianos, bajo sus propios criterios y formas de administración y desarrollo del territorio.
• Cesar los procesos de persecución y judicialización a los mineros artesanales y garantizar sus prácticas mineras tradicionales.
• Cesar todas las amenazas a los líderes de las comunidades que luchamos en defensa de los territorios frente a lo que consideramos que pone en riesgo a nuestros pueblos.
• El respeto a la autonomía en el manejo de los bienes de la naturaleza en nuestros territorios como autoridades ambientales y territoriales que somos.
• La intervención inmediata de las autoridades competentes para la detención y desalojo de las máquinas retroexcavadoras en nuestro territorio, así como la puesta en marcha de planes de compensación por los daños ambientales causados por los medianos mineros en todos los territorios del norte del Cauca.
• Frenar la adjudicación de licencias y títulos mineros a multinacionales en los territorios del norte del Cauca y declarar la nulidad de los contratos de concesión otorgados a Anglo Gold Ashanty.
• Avanzar en los procesos de restitución de tierras, ampliación y saneamiento de nuestros resguardos y territorios colectivos con el fin de proyectar alternativas económicas a la minería.
• Desarrollar e implementar procesos de contabilidad y compensación ambiental serios que permitan la recuperación de ecosistemas locales fuertemente afectados por la mediana minería.
• Poner en funcionamiento instituciones y mecanismos que permitan avanzar en un esquema de justicia ambiental nacional con perspectiva intertemporal e intergeneracional.
• Garantizar la vida y la integridad de líderes de las comunidades del norte del Cauca que denuncian los atropellos de las empresas mineras en sus territorios.
• Las autoridades deben dar una respuesta inmediata a las innumerables demandas, derechos de petición y demás acciones jurídicas que las comunidades han interpuesto para frenar la amenaza minera.
• Hacemos un llamado también a nuestras autoridades, organizaciones, comunidades y familias para que:
• Se regule y se organice la práctica de la minería de subsistencia en el territorio, garantizando un control comunitario de estos emprendimientos y el manejo de los impactos ambientales que se producen. Tenemos que pensar otro modelo de desarrollo para los pueblos y con los pueblos.
• Adelantar todas las acciones jurídicas posibles para invalidar los títulos mineros que han sido otorgados violando la ley 70 y la Ley 21 que protege los derechos de los pueblos afrocolombianos y los pueblos indígenas.
• Que se alterne la práctica de la minería ancestral con las actividades agropecuarias, para garantizar el principio de la minería necesaria y de subsistencia.
• Uniendo esfuerzos y voluntades defendamos el territorio del norte del Cauca de las grandes multinacionales y protejamos las fuentes de agua.
• Fortalezcamos los espacios de encuentro interétnico para la lucha conjunta por la defensa de los territorios y la lucha frente a la amenaza y las consecuencias de la minería arrasadora.
• Mejoremos las prácticas de beneficio y aprovechamiento minero evitando el uso de sustancias toxicas como el mercurio y el cianuro.
• Prepararnos para acompañar una acción de hecho y movilización en defensa de los territorios afectados por la amenaza minera, el mal manejo de las basuras y la contaminación del agua en los territorios colectivos y ancestrales de los pueblos afro y las comunidades indígenas.
Por último reiteramos nuestra solidaridad con el Paro Agrario que se adelanta en varios territorios de nuestro país, porque la lucha del campo es de todos y de todas.
Las comunidades aquí reunidas nos declaramos a partir de hoy en asamblea permanente y anunciamos que estudiaremos en el marco de nuestros escenarios legítimos de unidad interétnica todas las acciones posibles para detener la locomotora minera que tanto nos afecta.
Nosotras y nosotros: indígenas, campesinos y afrodescendientes somos y seremos los guardianes del territorio, un territorio ancestral y vivo que nos pertenece en donde somos autoridad y gobierno. Solo con la unidad lograremos defenderlo y garantizar el futuro para nuestras familias, para nuestras comunidades y para una vida más digna y feliz. Por eso, decimos no a la minería destructiva que nos contamina y nos mata y si al agua que corre, al aire limpio y a continuar tejiendo un territorio libre y autónomo y en paz.
Santander de Quilichao, 29 de Abril de 2014
