Además, las declaraciones de altos funcionarios y documentos Conpes hacen que crezca la incertidumbre en la opinión pública. “Electricaribe es una empresa de naturaleza privada, cuyo principal accionista es Gas Natural Fenosa (Naturgy) con el 85,38% de participación accionaria” se lee en el más reciente Documento Conpes 3966 del 19 de julio de 2019. Desde la intervención de la empresa española el 15 de noviembre de 2016, el manejo de la misma ha estado en manos de la Superservicios, cuyo Fondo Empresarial le ha inyectado multimillonarios recursos a través de operaciones de créditos, no solo para atender el pago de la energía que tiene que comprar a los generadores, sino también para acometer algunas reparaciones e inversiones menores en infraestructura, hoy en alto grado de obsolescencia por la inacción de la trasnacional ibérica durante 16 años. A corte de 30 de junio de 2019, la empresa intervenida ha recibido préstamos con garantías del Fondo Empresarial del orden de $1,63 billones, según informe oficial.
En el último Documento Conpes 3966 de 2019 hay datos reveladores, como los siguientes: “Frente a la caracterización del tipo de usuarios de los 2,72 millones atendidos por Electricaribe a 2018, según datos de la empresa el 89% son de bajos recursos (estratos 1, 2 y 3 y zonas especiales que reciben subsidios) y el 11% restante pertenece a los sectores residenciales de los estratos 4, 5 y 6, comerciales, industriales y oficiales” (página 19). Según el diagnóstico de la infraestructura eléctrica de la compañía, “actualmente el 5% de los transformadores se encuentran con cargabilidades superiores al 100% y, el 25% está entre el 80% y 100%. Por su parte, más del 20% de los circuitos tienen cargabilidades superiores al 80%. Respecto a los transformadores, se destaca que la vida útil de estos es de 35 años y la empresa posee 315 unidades, de las cuales 29% tienen rango de antigüedad entre 31 y 35 años, 58 transformadores (18%) tienen una vida de uso superior a 35 años” (página 15).
Frente a esta dramática situación, el Gobierno nacional hizo aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) un capítulo especial para Electricaribe, que contempla trasladar a los colombianos el pago del pasivo pensional, cerca de 1.3 billones de pesos adeudados por los españoles. Pero un nuevo documento Conpes en estudio dice que si no hay venta de Electricaribe en diciembre próximo, “el pasivo descrito no será asumido por la Nación” (Portafolio, 25 de agosto de 2019). Para ahondar más la confusión, Natasha Avendaño, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, afirmó a los medios que de no llegar a la adjudicación en el proceso de subastas en diciembre próximo, se mantendrá la situación actual en la que el gobierno administra la empresa bajo la figura de intervención y “seguiríamos administrando la compañía sin ponerle una temporalidad a la intervención”.
Las salidas del gobierno nacional se están convirtiendo en sinsalidas, porque las recetas del PND son contraproducentes, ya que tienden a aplicar la misma “medicina” letal fracasada, como es la de segmentar la empresa, como hicieron hace veinte años con Corelca, aplicar tres tarifazos contra más de diez millones de usuarios, asumir el pasivo pensional como un regalo a la multinacional Naturgy que ocasionó la crisis y persistir en la privatización a toda costa. La única forma de no seguir afectando a los usuarios, trabajadores, pensionados y a la competitividad del sector productivo, descargando la crisis en los que no tienen responsabilidad y cobrándoles las inversiones de manera anticipada vía tarifas (Conpes 3933 de 2018), es constituyendo una empresa pública regional del Caribe, tipo EPM de Medellín. Cabe aquí utilizar el parágrafo del artículo 317 del PND, según el cual “Con recursos provenientes del sistema general de regalías se podrán financiar inversiones en infraestructura eléctrica, como aportes que no incidirán en las tarifas”, además de otros recursos estatales. Ni más, ni menos.
