En 2015, los colombianos acudieron a las urnas para elegir sus representantes en las diferentes gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales. Un total de 13.614 candidatos salieron elegidos en esa oportunidad. La Misión de Observación Electoral (MOE) se tomó el tiempo de llevar a cabo una investigación y encontró que 913 de estas personas recibieron 1.220 sanciones, bien sean disciplinarias, fiscales o penales. Es decir que un 6.7% de los candidatos elegidos democráticamente en las pasadas elecciones regionales fueron destinatarios de alguna especie de castigo.
Para sacar estas conclusiones, la MOE se basó en las bases de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) que recoge información de todos estos funcionarios elegidos hace cuatro años. Las sanciones que allí se encuentran datan del 26 de octubre de 1977 hasta el 28 de marzo del 2019.
“A pesar de que existen mecanismos como la ventanilla única que proporcionan información sobre los antecedentes y que los procesos de entrega de avales pueden resultar de meses de negociaciones y análisis, los partidos políticos anteponen la posibilidad del éxito electoral momentáneo sobre la estabilidad, la gobernanza y el desarrollo de los municipios. Por esta irresponsabilidad es que, por ejemplo, desde 2015 hemos tenido 24 costosas elecciones atípicas que habrían podido evitarse” advirtió la directora de la MOE, Alejandra Barrios.
De las estadísticas desglosadas, la plataforma de organizaciones ciudadanas que integra la MOE halló que, de las personas elegidas en 2015, 45 han estado inmiscuidos en causas penales, 79 en sanciones fiscales y 843 recibieron, por lo menos, una sanción de corte disciplinario. Adicionalmente, 45 autoridades locales fueron responsables de una o más faltas.
Con información de la MOE
Ahora bien, respecto a los partidos políticos, movimientos y grupos de ciudadanos que avalaron las candidaturas de quienes salieron electos, se encontró que 49 estuvieron sujetos a algún tipo de sanción. De los 13 que gozan de personería jurídica, 11 de ellos recolectan el 94% de las sanciones.
En las gobernaciones, Cambio Radical tiene dos de sus miembros sancionados y lidera el ranking en ese aspecto. En asambleas departamentales y concejos municipales, el liberalismo puntea, nuevamente, con 18 y 139 sancionados, respectivamente. Los conservadores, por su parte, son los que más sanciones tienen por alcaldías con 39 sancionados.
Quizá lo más preocupante del estudio es que, antes de recibir el visto bueno por parte de las distintas colectividades para participar en las elecciones, muchos de ellos ya habían sido sancionado.
“Se encontró que los partidos políticos ya tenían información a la hora de avalar a candidatos en 579 casos. Esto es grave pues las sanciones encontradas en este periodo son el 66% del total de las faltas encontradas en toda la investigación. A esto hay que sumar que 50 funcionarios más fueron sancionados en pleno proceso electoral de 2015, lo que nos muestra un panorama de irresponsabilidad y falta de criterios objetivos y transparentes a la hora de otorgar avales”, afirmó Barrios.
