Hoy Colombia produce más cocaína que ayer. La leve reducción de 1,2% de las plantaciones ilegales en 2018 no es gran cosa cuando la producción efectiva de esa substancia está creciendo. En 2018, la producción de ese estupefaciente aumentó en Colombia un 5.9%, según la ONU. Es una cifra escalofriante que empeora el triste récord del país: ser el mayor cultivador de hoja de coca del mundo. Eso es lo que ocurre hoy, mientras que el presidente Iván Duque intenta convencernos de que su política en ese ramo es la única posible.
En realidad, no hay progreso. Vamos para atrás, muy alegremente. La falla principal no solo está en ese aumento de la producción y exportación de drogas. También es esencial el andamiaje institucional y político que sostiene esa industria letal y que explica el crecimiento de la nefasta producción. Ese aparato está cada vez más perfeccionado y el gobierno no sabe cómo quitarle un solo ladrillo a ese horrendo edificio.
El primer año de gobierno de Duque debe ser juzgado a la luz de esta situación, de esa impotencia, del estado real del más grande problema que tiene Colombia, el narcotráfico, y no a la luz de las cosas menores que hace, anuncia o promete el presidente.
De poco sirve la aprobación de un Plan de Desarrollo, o de una ley “de reactivación” económica, si el país sigue prisionero de la droga, como productor y consumidor, y si las bandas que controlan ese negocio se multiplican. Los asesinatos de líderes sociales y agentes de la fuerza pública no cesan y las “disidencias” de las Farc se refuerzan. Emerge, a su vez, la posibilidad de un nuevo centro político-militar en torno de Márquez, Santrich, Romaña, El Paisa y Gentil Duarte, los cabecillas que “desertaron de la paz”, como los llama cierta prensa. Los carteles mexicanos están infiltrados en 10 departamentos y están contribuyendo al aumento de la violencia en las zonas rurales, donde la presencia de la fuerza pública es escasa y fugaz, y hasta tratan de inmiscuirse en los resultados de las elecciones regionales de octubre.
Ello ocurre pues lo principal fue dejado de lado por Iván Duque. Él no ha querido batallar para reformar la justicia, ni para sacar adelante la reforma política. Tenía que haber comenzado por el restablecimiento del Estado de Derecho, pero no lo hizo. Su creencia es hacer reformetas para “fomentar el crecimiento” sin ver que el problema grande es el derrumbe institucional y jurídico que perpetró Juan Manuel Santos.
Duque le ha dado la espalda a esa tarea. Ha escogido la línea del menor esfuerzo. No ha hecho nada por la abolición ni por la modificación (aun la más tímida) del siniestro pacto final Farc/Santos, rechazado por el país. Duque decidió dejar intacta la JEP y acatar lo que deciden al respecto organismos no elegidos, como la CSJ y la CC. Ello permitió la escandalosa y prevista huida del país de Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos por actos de tráfico de drogas. La JEP, aparato vital del Estado fariano, sigue intacto. Duque ni siquiera ha querido darle respaldo personal y político al referendo de iniciativa ciudadana que impulsa el periodista Herbin Hoyos para tratar de revocar la JEP.
El mandatario actúa como un espectro palaciego que no sabe cuán extensos son los poderes y prerrogativas de un presidente colombiano. ¿Alguien podría decirle que lea, al menos, los ocho capítulos de la Constitución Nacional sobre la rama ejecutiva? ¿Alguien podría explicarle que en nuestro sistema el país no puede ser dirigido por los jueces y que si alguien impone tal desviación, hay que levantarse contra eso y convocar al país para restablecer el derecho?
Iván Duque aplazó la reforma electoral que habría podido dar mayor pureza al sufragio universal y establecer la segunda vuelta para la elección de alcaldes y gobernadores, para evitar lo que ha ocurrido en algunas pequeñas y grandes ciudades, como Bogotá: los golpes de mano de minorías nefastas.
Duque cree que el país puede seguir sin un fiscal general y sin una justicia normal. Y sin una Constitución. La de 1991 ha sido arrinconada y la de Timochenko/Santos es la única que cuenta: esta es la que desorganizó la fuerza pública para que la producción de drogas siga creciendo. Una justicia despótica reina en todas partes, y obra, mediante el bien dosificado terror psicológico, contra todo aquel que luche por la restauración del Estado de Derecho. El caso más dramático lo vive hoy el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático. Él es objeto, de nuevo, de una de esas maniobras cínicas, enredadas y tenebrosas, que la subversión quiere imponer como modelo. El abogado y periodista D’mar Córdoba resume el asunto así: “El expresidente Uribe, quien denunció que ciertos sectores de la extrema izquierda estaban presionando a exparamilitares para que testimonien contra él, terminó como único investigado. Pasó de víctima a victimario por cuenta de una Corte que deja mucho que pensar en su actuación contra el exmandatario”.
Uribe es víctima de cientos de escuchas telefónicas ilegales. Por denunciar eso y revelar que hay en marcha un plan para enlodar el buen nombre de él y de su familia, el senador fue acusado de “fraude procesal y soborno”. Las intercepciones ilegales fueron etiquetadas como legales y un juez de la cuerda anti-Uribe quiere ahora meterlo a la cárcel el 8 de octubre próximo, disque para escucharlo. Así va el derecho penal en Colombia. El anuncio de que el expresidente será “indagado” fue lanzado dos días después en que el dictador Nicolás Maduro gesticulara en Caracas que Álvaro Uribe quería matarlo y que para eso había enviado “32 mercenarios”. ¿Coincidencia? ¿Reciprocidad?
A esos extremos de villanía se llega por la desidia de un gobierno que aplazó toda reforma destinada a proteger a los ciudadanos de semejantes abusos. ¿De qué sirve ufanarse de que “la inversión aumentó este año” (gracias a sus viajes al extranjero) si en un Estado sin derecho las ganancias terminan en las manos de los más violentos?
Un agudo observador político, alarmado, me dice: “Uribe está a las puertas de la cárcel y a nadie le preocupa eso. Sus parlamentarios están en otras cosas. El presidente Duque está cada vez más alejado. Cuando detengan a Uribe, ¿todos acatarán a la justicia? Urge un movimiento nacional para respaldarlo, pero nadie lo promueve”.
En concierto con la CSJ, la JEP está esperando que el senador Uribe sea detenido y enviado a las fosas de la señora Linares. Algo semejante prepara contra el exministro y periodista Fernando Londoño Hoyos cierta célula del Consejo de Estado, obsesionada con silenciar esa voz eminente que alerta sobre lo que el totalitarismo prepara contra las libertades de Colombia. La JEP no ha renunciado a su meta de juzgar a los expresidentes, a los empresarios y a los civiles que, según ella, “contribuyeron a la comisión de conductas relacionadas con el conflicto armado”.
Con el cuento de que “las Fuerzas Armadas no le pertenecen al presidente”, Iván Duque no hace nada para desmontar lo que Santos hizo para politizarlas y corromperlas. Los resultados están a la vista: el malestar y la desmoralización cunden, y los accidentes oscuros también: el posible sabotaje que mató a dos soldados en la demostración aérea de Medellín, es un ejemplo. Hay esfuerzos concertados en varias ciudades para desmantelar bases militares, sobre todo contra la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Y el gobierno calla.
El narcomundo mientras tanto se refuerza. Nuevos grupos armados aparecen en el Chocó y en la costa pacífica, gracias a la convergencia entre el Eln, las Farc y las autodefensas Gaitanistas, como lo denuncia el defensor del pueblo Carlos Negret. Según él, 17 nuevos bandas alineadas con las Farc-Ep tratan de apoderarse de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal de Chocó. Además, la inseguridad urbana aumenta, los parques son ahora zonas de consumo legal de estupefacientes, y el sexto frente de las Farc amenaza de muerte a los periodistas, como acaba de ocurrir en el Valle del Cauca. Dos inmensas regiones, el Catatumbo y el departamento de Arauca, viven bajo el control de las Farc y de otras narco-bandas. El Eln controla franjas enteras que parten de Colombia y llegan hasta el centro de la amazonia venezolana.
El acuerdo Santos/Farc vulneró el sistema parlamentario-electoral: hay diez “congresistas” de las Farc que fueron elegidos no por los ciudadanos sino por la jefatura de las Farc. Esos “congresistas” anuncian que su objetivo es imponer “el socialismo como modelo político”. Lozada gesticuló el 30 de julio pasado que ellos quieren hacer de Colombia una Venezuela dos. Sabemos que la destrucción de Venezuela fue hecha y sigue siendo hecha mediante la violencia chavista más extrema y masiva. Ante la horrible oferta de Lozada, el jefe de Estado Duque guardó silencio. En otros años, el presidente, garante de los derechos y libertades de todos los colombianos, aparecía en la televisión para condenar esos designios y anunciar medidas contra eso. Duque, por el contrario, ve esas declaraciones como algo pintoresco. En el Congreso, el proceso del expresidente Santos-Odebrecht por corrupción sigue estancado. Tales anomalías estratégicas no son siquiera mencionadas en las entrevistas concedidas para evocar los “éxitos” de su primer año de gobierno.
Duque no ha cumplido su promesa de poner en marcha un plan masivo contra los narcocultivos, con fumigación aérea de glifosato. Ese tipo de fumigaciones fueron suspendidas por Santos en 2015 y Duque no las ha relanzado. El Estado se limita al uso manual de esa substancia, con resultados mediocres.
Duque deja correr esas calamidades sin mover un dedo. Él está muy ocupado en darle al país más “conectividad” y en hacer viajes al extranjero y en arruinar las excelentes relaciones con Washington cuya construcción le ha tomado decenios a Colombia. Su viaje a China comunista y los pactos firmados en Pekín ayudan a la política de Xi Jinping en América Latina, y de Maduro, y son una arista de la extraña revolución diplomática que está preparando Bogotá. Sin hablar de ciertos contactos secretos del gobierno con enviados del Vietnam.
¿Qué pinta todo esto? Un golpe sui generis está probablemente en marcha. Será el golpe de octubre. Todo confluye hacia esa fecha. Las elecciones regionales son en octubre y la detención del presidente Uribe es anunciada para comienzos de ese mes. Si la subversión logra ese golpe de mano, puede provocar su propio suicidio, gracias a un saludable estallido social antisubversivo. Pero existe otra posibilidad: que esa coyuntura terrible genere solo un movimiento de estupor y parálisis. Ante un CD adormecido por la prédica tranquilizadora, ello es factible. Se propagará entonces la división y el desaliento y el extremismo de izquierda podrá asaltar más fácilmente sobre las urnas. Bogotá y otras ciudades claves caerán en manos de las Farc. Que el lector imagine lo que seguirá después.
