En días recientes ha venido emergiendo una masificación en las denuncias que alertan sobre el grave estado de la selva amazónica. Esto no solamente refleja la incapacidad que muestran los gobiernos para afrontar de raíz las dinámicas de deforestación en los bosques naturales a lo largo de los seis países que conforman esta zona (omitiendo Guyana, Guayana Francesa y Surinam), sino que, por el contrario, hace que las gestiones y políticas que impulsan los gobiernos locales prioricen el exterminio del ecosistema con fines netamente económicos. Esta actitud mezquina e “importaculista” no solamente nos aleja del cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que pretendían, entre otras cosas, alcanzar la deforestación cero para 2020, sino que deja tambaleando los endebles avances en materia ambiental y de desarrollo sostenible, arrastrándonos al borde de un punto de no retorno.
Antes de continuar describiendo la compleja situación que se vive en el territorio, valdría la pena introducir algunos datos que permitan dimensionar la importancia que genera para la supervivencia humana la aniquilación del ecosistema. La selva amazónica es considerada el pulmón del mundo, al absorber cerca de 1.000 millones de toneladas de CO2 —aunque la revista Nature publicó un estudio en el que muestra que en la década de los 90´esta cifra era de 2.000 millones de toneladas— que evita la concentración de gases de efecto invernadero. Por otro lado, el bosque representa el 40% del total de territorio suramericano, resguardando según WWF 40,000 especies de plantas, 427 mamíferos, 1.300 aves, 378 reptiles, más de 400 anfibios, alrededor de 3.000 peces de agua dulce y 400 pueblos indígenas diferentes.
Aunque los datos mencionados anteriormente son de amplia divulgación y se tienen muy presentes en los informes y compromisos que año a año hacen los estados en las protocolarias pero insuficientes cumbres climáticas, las medidas que se generan para defender los bosques no generan puntos de quiebre ni puntos de acción inmediata ambiciosos que combatan de frente los tópicos que comparten los países que lo conforman. Es por esto que en los años recientes se sigue evidenciando pérdidas en promedio entre 6.000 y 7.000 hectáreas anuales, mostrando fuerte tendencia de aumento en 2018 y lo que va de 2019 principalmente en Brasil, Colombia y Perú donde gobiernos de extrema derecha empiezan a generar políticas que flexibilizan las actividades mineras y quitan impedimentos a las economías ilegales para que destruyan el paisaje.
Una nefasta combinación entre la expansión de infraestructura vial, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, el aumento de cultivos ilícitos y el tráfico de madera forman el cóctel que se reparte entre bandas criminales y gobernantes locales y nacionales. En relación a la extensión de la infraestructura vial, se estima que para 2018 se levantaron 136.000 km de carreteras, de las cuales casi el 20% pasan por zonas protegidas y territorios indígenas. Este desarrollo vial en este territorio trae implícito un aumento exponencial en la deforestación en las inmediaciones de estas carreteras, a tal punto que estudios del Journal of Remote Sensing indican que el 90% de la deforestación de la selva ocurre hasta una distancia de 100 km de la red vial. Aun así, el impulso que está recibiendo este boom de infraestructura —mal vendido como desarrollo— se encuentra como pilar en las políticas de los gobiernos, con especial mención en Bolivia, Brasil y Colombia donde los gobiernos de Evo, Bolsonaro y Duque no han dudado en buscar para esta zona una especie de bonanza económica a cualquier precio, impulsando además de ampliar la red vial en función de las multinacionales que operan en la zona, intensificar los proyectos mineroenergéticos aún en zonas protegidas como el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, la Reserva Nacional Natural Nukak y el Parque Nacional Natural Tinigua.
En relación a los proyectos mineros, la actividad se ha intensificado, de forma legal como ilegal, al punto de establecer que las minas a cielo abierto más grandes del mundo están en este territorio. Esta industria es el factor que más ha logrado depredar la amazonia, para Colombia y Brasil la presencia de grupos armados ilegales han generado crisis ambientales tanto como las multinacionales que operan en la zona. Mientras tanto en Bolivia y Perú la extracción con infraestructura obsoleta ha llevado a presenciar más de 500 derrames de crudo en menos de 20 años y ha destruido de amplias zonas ambientales por el mal manejo que se da en el proceso de recuperación, que contrata mano de obra no especializada, lo que inevitablemente hace que el deterioro sea irrecuperable.
Finalmente, la deforestación se convierte en un círculo vicioso que se empieza a expandir de manera exponencial, al respecto el crecimiento de la frontera agrícola y ganadera empieza a tener repercusiones, motivada por las crecientes olas de migraciones que se generan ante la respuesta violenta de actores armados ilegales, empresas y acaparadores tierras, la huella humana empieza a arrastrar a su paso los bosques con el fin de recuperar lo que le fue arrebatado. Es precisamente aquí donde se empieza a desenredar esa cadena de consecuencias que nos tienen al borde de un punto de no retorno. Aun así la gestión estatal es nauseabundamente desinteresada, los seis países han estructurado políticas de avance en la infraestructura vial, han dado y flexibilizado los permisos para las operaciones extractivas, han alcahueteado la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas, no se han puesto al corriente en crear legislaciones fuertes contra el contrabando de madera y han dado libertad para que el imperio criminal se interponga a las pocas instituciones que llegan a esos aledaños sitios.
Con este panorama, tenemos que estar agradecidos con las comunidades indígenas que son las únicas capaces de generar algún tipo de resistencia para preservar la salud del ecosistema, esto les ha costado desplazamientos, amenazas y por supuesto la pérdida de muchas vidas humanas, así como sus tradiciones y modos de vida. Seguramente de no ser por ellos seríamos testigos de unas proporciones de deterioro del ecosistema más arrasador.
Con esto queda claro que el modelo actual no puede seguir aguantando, que no podemos seguir eligiendo políticos que lleguen incluso a desconocer que estamos en un punto determinante para impedir nuestra propia extinción, no podemos seguir indiferentes e igual de “importaculistas” que nuestros gobernantes. Tenemos la soga en el cuello y ya solamente falta un pequeño empujón para correr la butaca.
