Vengo de Ginebra de hablar con la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dos veces presidenta de Chile (2006-2010; 2014-2018). Mujer experimentada, capaz, convencida de lo que representa y plenamente consciente de sus retos y compromisos. Por lo demás, víctima. Víctima de los atropellos del general dictador Augusto Pinochet.
Siendo jefe de Estado ella misma, la doctora Bachelet, relató lo que le sucedió en carne propia por los entonces de la dictadura: "Recibí tortura psicológica esencialmente, y algunos golpes, pero no me 'parrillaron' (tortura mediante aplicación de descargas eléctricas sobre un somier metálico)". Recordó también que su padre, el general Alberto Bachelet, había muerto dadas las torturas de las que había sido objeto en la cárcel de manos de sus propios subalternos; por haberse mantenido leal al presidente constitucional Salvador Allende (Agencia France Press, El Comercio, Chile). Lo primero relatado, y esto último, títulos suficientes para que cualquiera entienda que la Bachelet, como la llaman algunos, no es una pintada en la pared cuando de derechos humanos se trata.
No fui solo a atender la cita con la Alta Comisionada Bachelet. No me atribuyo personerías que no me corresponden. Hice parte de un grupo integrado por arquitectos, negociadores y desarrolladores de los Acuerdos de Paz de La Habana-Teatro Colón (24 de noviembre de 2016). Siete personas en total. Además de quien escribe esta columna, asistieron María Camila Moreno, representante en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ; Eduardo Díaz Uribe, exdirector de Cultivos Ilícitos, Alta Consejería para el Posconflicto (administración Santos); Diego Martínez Castillo, defensor de derechos humanos, integrante de la Subcomisión de Justicia de los diálogos de La Habana, creadora de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; Carlos Rosero, cofundador del Proceso de Comunidades Negras de Colombia y participante en los diálogos de La Habana, al abocarse el tema sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; Mariela Kohon, directora de Justice for Colombia, Inglaterra, asesora de las negociaciones de paz en temas relacionados con el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas. Igualmente hizo presencia Ramón Muñoz Castro, fundador-director de la Red Internacional de Derechos Humanos, RIDH, cuya sede principal es Ginebra.
Como se le expresó a la doctora Bachelet en carta de agradecimientos por habernos recibido, la ocasión “sin duda fue la mejor oportunidad para hacerle entrega del documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que contiene los Acuerdos de Paz suscritos entre el Estado colombiano y las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército de Pueblo, Farc-EP, acompañado de la Declaración Unilateral de Estado efectuada en su momento por el presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón”. Se le resaltó, igualmente, que la importancia de los textos que le fueron entregados estriba en que obligan al Estado colombiano a dar cumplimiento a lo pactado, en el entendido que no podrá efectuarse cambio a los compromisos adquiridos por Colombia frente a toda y con toda la comunidad internacional de manera unilateral y caprichosa. Obligación, que de no cumplirse, le podría acarrear responsabilidades. Mejor dicho, lo que se le puso de presente a la señora Bachelet fue el alcance del llamado “blindaje” de los Acuerdos de Paz a partir de la mencionada declaración y del principio pacta sunt servanda, aceptado universalmente por los países civilizados.
La importancia de los textos entregados a la señora Bachelet
estriba en que obligan al Estado colombiano a dar cumplimiento a lo pactado,
y que no podrá efectuarse cambio a los compromisos adquiridos
Igualmente, fue de la mayor trascendencia poder recordarle a la Alta Comisionada lo indicado en el punto 6.3.4 del Acuerdo Final de Paz que renueva el mandato otorgado a ACNUDH, y pone de presente “que dentro del informe que anualmente presenta su oficina sobre Colombia, incluya [debe incluir] un capítulo especial en relación con la implementación de los acuerdos en materia de derechos humanos”.
El mismo día de nuestra visita a la señora Bachelet, se le subrayaron los apartes más significativos del pronunciamiento efectuado en horas de la mañana por el movimiento nacional Defendamos la Paz. Por una parte, la necesidad de mantener a toda costa el espíritu y contenido integral de lo acordado entre la Comisión de Derechos Humanos y Colombia en 1996, que derivó en la creación de la Oficina del Alto Comisionado en nuestro país; y por otra, el que le llama la atención en el sentido de que ella es “la voz internacional más autorizada para denunciar los asesinatos de los líderes y lideresas sociales [que vienen sucediendo en el país], para documentarlos y para impulsar su investigación”.
Por último se insistió en la importancia para el éxito de la paz de Colombia, el liderar desde afuera, particularmente desde Ginebra, y más aún, desde el propio despacho de la Alta Comisionada, y como requisito sine qua non para el mantenimiento de la eficacia plena del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la defensa a ultranza de los derechos inalienables de las víctimas de los conflictos y del derecho a la verdad. “Usted fue víctima” –me correspondió decirle a la señora. “Sabe lo que es eso”. Así, y por esto, se le manifestó con claridad que en el sentir de los colombianos amigos de la paz, ambos derechos, el de las víctimas y el derecho a la verdad, no podían ser obstaculizados por instancia alguna ni por nadie so pretexto de unas talanqueras normativas caprichosas y restrictivas de segundo orden que se han pretendido esgrimir para frenar la verdad, ofendiendo con ello el valor superior del jus cogens. Esto, por que tales derechos, los derechos de las víctimas y el derecho a la verdad, ya habiendo sido reconocido el derecho a la paz como derecho síntesis, alcanzaron esa superiorísima altura. Derechos estos que no requieren reciprocidad; que son imperativos, y no reglamentables, mucho menos susceptibles de ser condicionados; derechos de aplicación inmediata. Derechos de “tipo integral” para ser exigidos en todo lugar, en todo tiempo. Si. Derechos o derecho jus cogens: un derecho supremo que además de lo anterior, es “coactivo, compulsorio, imperativo, absoluto, perentorio, terminante, inderogable, inmutable en esencia, pleno, que protege bienes sociales fundamentales de una comunidad dada” (Zlata Drnas de Clément, Las normas imperativas de derecho internacional general –jus cogens- dimensión sustancial).
Pilas y mucha atención señora Bachelet, señoras y señores: llegó a Colombia la hora de las víctimas; llegó la hora de la verdad.
