Son usuales los balances del primer año de gobierno, máxime si se tiene en cuenta que así el mandatario se ha gastado ya la cuarta parte del tiempo que le corresponde para dirigir los destinos de cerca de cincuenta millones de compatriotas y que ya no existe la reelección presidencial. Recientemente, el Dane dio a conocer las dramáticas cifras del aumento de la pobreza en la región Caribe, que ostenta el primer lugar en tan desastrosa situación, casi igual a la de los habitantes de la región Pacífica sin contar el Valle del Cauca. Asimismo el aumento del desempleo y la alarmante informalidad laboral del 60%, el crecimiento de la corrupción y el estancamiento económico, estos últimos aspectos documentados por un estudio reciente de la Universidad del Norte (Documento N°27, por Ángel Tuirán y otros)
Otra de las situaciones lamentables que sufren más de diez millones de personas de los siete departamentos de la Costa Atlántica es el del pésimo servicio eléctrico por culpa de Electricaribe. Esta fue la primera región de Colombia en sufrir los embates de la privatización del patrimonio público con la aplicación del artículo 365 de la Constitución Política de 1991, basamento de las Leyes 142 (de servicios públicos) y 143 (ley eléctrica). La primera víctima propiciatoria fue Corelca, la empresa industrial y comercial del Estado, creada por la Ley Orgánica 059 de 1967. Vinculada a toda la cadena eléctrica –generación, transmisión, distribución y comercialización–, empezó a ser despedazada en la década de los noventa con la entronización del nefasto “Bienvenidos al futuro” del neoliberal César Gaviria. En 1998 las siete electrificadoras de la Costa, como distribuidoras y comercializadoras, fueron enajenadas al capital privado, llegando en el año 2000 a manos de la transnacional española Unión Fenosa y transformada en 2008 en Gas Natural Fenosa, hoy escondida tras bambalinas en Naturgy S.A. Fue tal el desastre, el desgreño y la corrupción que el 15 de noviembre de 2016 la Superservicios tuvo que intervenirla para evitar un apagón en la región, al no poder pagar las cuentas de las empresas generadoras.
Manteniendo la fracasada propuesta de Santos, Duque puso en venta Electricaribe al sector privado a fines de 2018, pero ninguna empresa presentó oferta de compra, por lo que el primer mandatario, culminando noviembre, anunció con bombos y platillos que le perdonaba a Naturgy el pasivo pensional que adeudaba por un valor superior a los 1.2 billones de pesos, regalo que será pagado por todos los colombianos. Dio a conocer un nuevo plan de venta segmentando la empresa, lo cual le hace perder la economía de escala y la integralidad que le daba su carácter regional. Estos despropósitos los plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo PND, Ley 1955 de 2019, capítulo Electricaribe, en el cual contempla tres tarifazos, dos de los cuales ya empezaron a regir: el del aumento de $4 por kilovatio hora para todos los colombianos y el del 1% de contribución adicional que pagan todas las empresas de servicios públicos domiciliarios a la Superservicios de sus gastos de funcionamiento, cargados a las tarifas de los sufridos usuarios. El tercer aumento viene con el nuevo régimen especial tarifario para la región Caribe, porque según el PND “los habitantes de la Costa pagan tarifas muy bajas y tienen que contribuir a resolver la crisis”.
El desastre eléctrico para esta estratégica región está cantado por cuenta del gobierno duquista y de los congresistas que aprobaron el PND, entre ellos, la llamada bancada costeña, ya que las bancadas alternativas votaron en contra del engendro. A esto se suma la propuesta de Jaime Pumarejo (candidato de la casa Char a la alcaldía de Barranquilla) en la revista Semana de que “Atlántico y Barranquilla” están listas para asumir el servicio eléctrico y buscar un “operador calificado” lo que significa despedazar más Electricaribe y privatizarlo, más de lo mismo. Se requiere un timonazo de fondo que reconozca lo que pide la población: un servicio eléctrico de calidad a precios módicos, solo posible cuando se tenga una empresa oficial, pública, como EPM de Medellín, integrada regionalmente, que permita realizar las grandes inversiones en infraestructura sin llevarlas a las tarifas, todo lo contrario de lo que les quieren imponer a las gentes sencillas, clase medias y sectores empresariales del Caribe colombiano.
