Pendiente de realizar un proceso de conciliación entre los seis proyectos presentados en Senado y Cámara, realizamos hoy un análisis que de manera constructiva podría enmarcarse en una posición estratégica para el colectivo de los ya casi seis millones de colombianos en el exterior:
- En el primer punto no se tienen en cuenta la realidad económica social y política actual del país. Se desconoce el fenómeno migratorio actual, que lleva a que más del 35% de un vuelo de turismo de colombianos se quede en condición irregular en países como España, Chile, Argentina, Canadá, Francia, Italia, Inglaterra e Irlanda. Además, aunque en el capítulo de Los derechos y obligaciones de los migrantes se establece que cada migrante debe conocer los riesgos que conlleva una migración no regular, no se están dando las condiciones para que las personas se queden, es decir, ofrecer de fondo condiciones dignas de empleo, salario y seguridad social que las personas necesitan para desarrollarse en Colombia. De igual manera, no se dan las acciones necesarias para que el Estado colombiano informe a su población sobre los riesgos de realizar un proceso migratorio irregular, de la exclusión social y de caer en actos criminales representados en tasas de robos, actos contra la libertad sexual, mujeres en alto riesgo de exclusión social, trata de personas, en fin, todo un problema social sobrevenido.
- En este mismo proyecto de ley se presenta el procedimiento sancionatorio por incumplimiento de la normativa migratoria. El problema más grave es que la Cancillería, la Comisión Nacional Intersectorial para la Migración, ni ninguna entidad o funcionario ha venido cumpliendo la ley. Por ende, si esta ley que se presenta no es impositiva no se cumplirá en ningún aspecto y será letra muerta al igual que las anteriores (1465/2011 y 1365/2012), los Compes y todo lo que se ha intentado hacer en materia de migración, emigración y retorno con dignidad.
- Con la sobrevenida migración venezolana por condiciones humanitarias se han estructurado los términos de la protección internacional a los extranjeros en el país. Desafortunadamente, Colombia no es un país que pueda absorber la migración actual sin la ayuda necesaria de los países del hemisferio y sin las entidades multilaterales que en temas de migración refugio y exilio puedan ayudar a solucionar el tema venezolano actual.
- Se hace de lado el proyecto de ley de seguro obligatorio de repatriación, con el cual la inmensa mayoría de población está en desacuerdo, ya que no se específica el incremento al valor del pasaporte, la metodología de gestión para la población, si habrá licitación para adjudicar estos servicios y qué empresas participarán... acciones con las que se pueda evitar que se convierta en un foco de corrupción en el mediano y largo plazo, igual o superior a Foncolpuertos. No se habla del Fondo Especial de la Migración para hacer frente a la repatriación de cadáveres de personas en riesgo de exclusión social. No se establece algo que sería muy importante y es contar con un mecanismo de gestión y control activo, como el registro consular, para acceder a la posibilidad de servicios integrales en red como supervivencias, certificaciones notariales, entre otros. Todo con el objetivo de establecer realidades de la tipología migratoria en cada territorio y de igual manera establecer políticas públicas eficaces y veraces en cada territorio ámbito de la acción consular.
- Se sigue dejando de lado el estudio del retiro del impuesto de timbre, considerado arcaico, regresivo y seriamente lesivo para la población. Los trámites y servicios migratorios a día de hoy equivalen al 43.8 % de impuesto y con serias posibilidades de ser incrementados de manera exponencial en el presente gobierno, sin tener en cuenta a la población migrante en este proceso.
Se dice y se informa a la opinión pública que se ha socializado y discutido con las entidades que conforman la Comisión Nacional Intersectorial de Migración y la Comisión Intersectorial para el Retorno, que son las instancias de coordinación interinstitucional en la gestión de lo migratorio, además del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyos aportes enriquecieron y reforzaron el contenido del mismo. El problema es que no se ha concertado con los diversos actores sociales que sí están presentes día a día con la población migrante en cada territorio, tales como trabajadores sociales voluntarios, movimientos políticos organizados en el exterior y actores sociales representativos de la migración colombiana como grupos folclóricos, empresarios, etc. Se legisla desde la distancias y desde el desconocimiento.
Este proyecto es casi igual o calcado al presentado por el Mira en la legislatura pasada, que consta de 80 artículos, y que posiblemente con el apoyo de la bancada de gobierno tendrá su curso, siendo ingresando por el Senado de la República. Este pretende:
- Se presenta el proyecto con la supuesta idea del fortalecimiento de las herramientas de gobierno en línea y reducción de costos en trámites, pero no tiene la idea de vincular e incrementar la participación de la población migrante que está muy atomizada en los diversos territorios en el extranjero. No tiene la propuesta de aplicación de tecnología blockchain para procesos documentales, inscripción de cédulas y voto digital para la comunidad colombiana en el exterior.
- Busca la definición de un trabajo articulado con autoridades locales en beneficio tanto de los colombianos migrantes como de sus familias dentro del territorio nacional sin tener en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo dejó sin recursos a muchas entidades territoriales como gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales y distritos especiales, económicos y turísticos, con lo que dejará en manos locales las políticas públicas de retorno sin conocimiento alguno y sin ley marco de actuación.
- Dentro de este proceso define para las diferentes entidades del orden nacional el deber de establecer una oferta pública que considere a los colombianos en el exterior de manera propositiva. No los obliga a tener en cuenta a los retornados y colombianos en el exterior, a sus cualificaciones y referencias laborales, a tener al menos una cuota preferente, o a las entidades bancarias a aceptar a la población retornada con ventajas para el emprendimiento o segunda oportunidad.
- Pretenden facilitar el acceso a beneficios concretos de los colombianos que decidan retornar a su país, pero no define cuáles serán esos beneficios y no tienen en cuenta a los migrantes irregulares que tienen que devolverse por su fracaso en la migración irregular.
- De igual manera se ofrece el apoyo para el retorno de carácter académico, pero ante las tasas de desempleo actuales no es posible absorber esta mano de obra altamente cualificada, además de no tener una política pública clara y concreta en materia de convalidación de títulos obtenidos en el exterior.
- Ofrecen una definición de un protocolo para la atención de mujeres víctimas o potencialmente expuestas a ser víctimas de violencia en el exterior sin informarlas previamente sobre los riesgos que enfrentarían, sobre todo en países cuyas religiones y creencias afectan a la mujer y su desarrollo. Por ejemplo, en países asiáticos, de oriente medio o la antigua Unión Soviética se han presentados muchos casos de colombianas afectadas en su integridad física y moral sin que el Estado colombiano a través de Cancillería haya hecho alguna acción directa para atender estos casos.
Esperamos con esta crítica constructiva tener argumentos válidos para una mejora en las conciliaciones de las leyes presentadas, además de tener en cuenta a los actores sociales de la diáspora colombiana en la presentación y gestión de este proyecto legislativo con la ayuda de la Mesa Interparlamentaria por la Comunidad Colombiana en el Exterior, donde participamos con el apoyo de Alianza Verde con Angélica Lozano, con Compromiso Ciudadano con Iván Marulanda, Polo Democrático Alternativo con Jorge Enrique Robledo y Partido Liberal con Luis Fernando Velasco.
