De tiempo atrás el país ha venido asistiendo a un escenario confuso en materia de información estadística lo que ha originado un debate continuo sobre la función del Dane, que se ha hecho más notorio a raíz de las fallas presentadas en el pasado censo poblacional de 2018. La polémica gira en torno a la falta de consistencia de las cifras suministradas que son puestas en tela de juicio por la academia, gremios, expertos económicos, exfuncionarios y hasta funcionarios de la entidad, así como a su falta de independencia del Ejecutivo.
En concepto de algunos, las estadísticas del Dane no son soportables técnicamente por lo que no pueden ser un insumo importante para el diseño de políticas públicas serias o para la toma de decisiones. No se trata solo de los errores que se han venido presentando en los censos desarrollados por el Dane sino en la información que cotidianamente debe reportar y que en ocasiones riñen con preceptos económicos debidamente soportados por la teoría económica. Un ejemplo de ello, es que en momentos en los cuales el Dane reporta desplome del empleo, los indicadores económicos suministrados por entidades serias muestran un crecimiento de la economía.
Gran parte del desbarajuste se origina en las metodologías de recolección de la información, el formulario utilizado para su recolección y el marco muestral, con la cual se efectúa la medición de algunas variables macroeconómicas[1].
En 2008, ante la demanda de constitucionalidad de la reforma laboral, el DNP sostuvo ante la Corte Constitucional que debido al cambio de la metodología empleada para la medición de variables laborales, en el país no existían las condiciones para elaborar un estudio confiable sobre la evolución del desempleo[2].
Stefano Farné, Director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, señaló en su momento que los resultados del mercado laboral habían sido afectados no solo por los cambios en la metodología sino, por la muestra y el formulario utilizado.
En el caso de la Encuesta Continua de Hogares, se pasó de esta a la Gran Encuesta Integrada de Hogares sin haber fijado un periodo de transición que permitiera comparar y armonizar los resultados de las dos encuestas.
El Censo Nacional Agropecuario de 2014 tampoco ha estado exento de críticas. El actual director del Dane sostuvo que “las diferencias en cifras son importantes. Hay una potencial sobrestimación en el censo del área sembrada de tubérculos”[3]. Algunos expertos consideran que el censo fue equivocado pues se realizó identificando las áreas realmente cultivadas en ese momento y no la destinación original del suelo en éstas.
Para el caso del censo poblacional de 2018, según el director del Dane, el total de la población colombiana se compone de 44,1 millones de personas censadas, más 4,09 millones reportados como “omitidos”, de los cuales no se presenta sustento técnico alguno que los avale. Estas cifras no concuerdan con la anunciada en noviembre de 2018 que sería cercana a los 45,4 millones de habitantes.
Diferentes gobernaciones y alcaldías se han manifestado inconformes con las cifras arrojadas. En Cali la población reportada se halla subvalorada en cerca de medio millón; la población de Bogotá prácticamente no creció entre los dos últimos censos; en el Catatumbo no se realizó el censo por problemas de inseguridad y en la Costa Atlántica se generaron dificultades con la recolección de la información.
En Cartagena las autoridades, gremios y concejales coinciden en que la ciudad tiene más de los 887.946 habitantes reportados por el censo. En Pereira se considera que la cifra está errada porque en su opinión está por debajo del millón de habitantes, lo que podría afectar a la ciudad para acceder un mayor porcentaje de las transferencias de la nación.
Curiosamente, en algunas ciudades insatisfechas se han corregido las cifras de su población con posterioridad a la visita del director del Dane.
En debate de control político efectuado al director del Dane se dejó claro que “este censo, el primero hecho de forma electrónica en el país, tuvo costos elevados, casi 59 % más que el anterior. Hubo improvisación, interés político y falta de rigor, poniendo en riesgo la confianza de todo el país en la información”[4].
Esta cadena de errores debería llevar al gobierno nacional, en aras de la transparencia, a tomar correctivos en asuntos relacionados con:[5]
- Información reportada al exterior. La información enviada a Los organismos internacionales debe ser replanteada.
- Indicadores políticos. Que tienen que ver con los umbrales de consultas, de registros en el censo electoral y de representación política, si se incorporan los resultados del censo, es claro que todos los indicadores por la diferencia intercensal tan grande también deben ser recalculados.
- Indicadores sociales. Estos indicadores basados en la información del Dane, tales como los de de salud, Sisbén, educación, seguridad, movilidad, víctimas, tenencia de vivienda, delincuencia, entre otros, deben ser replanteados.
- Indicadores económicos. Tales como el PIB per cápita, el Sistema General de Participación y el de Transferencias, al igual que los anteriores deben ser replanteados metodológicamente.
Todo lo anterior lleva a plantear la necesidad de una transformación a fondo de la entidad que modifique su naturaleza de entidad adscrita a la Presidencia, de tal forma que se garantice su total autonomía e independencia. De hecho, la autonomía del Dane se ha visto cuestionada con las renuncias de por lo menos dos de sus directores (César Caballero y Jorge Bustamante), debido supuestamente a la censura y presiones de la Presidencia de la República, provocando la pérdida de confianza en la institución.
La transformación del Dane en un órgano diferente no es de ahora. El proyecto de ley No.132 de 2007 Senado (que infortunadamente no llegó a feliz término), ya planteaba su transformación en el Instituto Nacional de Estadística (INE) que debía funcionar como un establecimiento público del orden nacional, descentralizado, con personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera, y con patrimonio propio, encargado de las estadísticas y censos oficiales de la Nación, vinculado al Gobierno a través del Ministerio de Hacienda”[6].
Este proyecto trae sus ventajas pues como se planteó en aquel momento le brindaría a la nueva entidad, mayor autonomía y no sería agencia de la nación. Como establecimiento público se le reconocería una personalidad jurídica distinta, lo que le permitirá actuar jurídicamente por sus propios órganos y comprometer sus propios recursos y responsabilidad.
Establecía que el INE debería ser el encargado de regular la producción y difusión de las estadísticas oficiales; coordinar, desarrollar y reglamentar el Sistema Nacional de Información, velar por la imparcialidad y veracidad de la información estadística y elaborar el Plan Estadístico Nacional.
Hoy, al igual que en aquella oportunidad, tal iniciativa se considera oportuna y pertinente por las mismas razones. Oportuna porque recoge una necesidad manifiesta cual es la de efectuar una transformación total del Dane que permita darle consistencia y credibilidad a las estadísticas nacionales que éste elabora.
Pertinente porque eleva el rango del organismo encargado de las estadísticas nacionales, insumo básico para la formulación de políticas públicas y para la toma de decisiones, en los diferentes sectores de la vida nacional, amén de que pone a nuestro país a tono con la tendencia internacional de crear entes rectores con autonomía e independencia en la elaboración, manejo y análisis de las estadísticas.
Una iniciativa como la que teóricamente se planteaba en este proyecto, impactaría en sectores y aspectos importantes de la vida nacional como:
- La institucionalidad. Se lograría un avance importante en el proceso de recuperación de la confianza de la sociedad civil, no sólo en las cifras sino, en las entidades y políticas públicas actualmente desprestigiadas, entre otros factores, por la falta de solidez de las estadísticas que utilizan como insumo para la toma de decisiones.
- La gobernabilidad. Unas estadísticas consistentes, no elaboradas a conveniencia del gobierno de turno y suministradas por un ente autónomo, facilitarían y garantizarían la formulación de políticas públicas serias orientadas a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de sus gobernados. Resultados positivos en este aspecto fortalecen los gobiernos y les permiten mayores espacios de maniobra.
- El respeto por los principios de la administración pública. Las políticas o las decisiones de la administración basadas en cifras técnicas e independientes, garantizan el cumplimiento de los principios rectores de la administración pública: economía, eficiencia, eficacia y celeridad.
- El ciudadano común. Las estadísticas elaboradas técnicamente y con fines no políticos permiten determinar con exactitud las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades y la formulación de políticas o medidas concretas y justas para la satisfacción de esas necesidades.
- Una mejor ejecución del control. Unas estadísticas independientes permiten el seguimiento eficaz de las políticas de estado, no sólo de parte de los organismos de vigilancia y control sino, de la sociedad civil, garantizando así la participación ciudadana en la ejecución del control dentro de una democracia participativa, pilar esta de todo Estado social de derecho.
[1] Población, pobreza, desempleo, NBI del sector agropecuario, entre otras.
[2] Una verdad inconveniente. Consulta en julio 19 de 2019.
[3] ¿Por qué resultados de censos generan debate?. Consultado en julio 21 de 2019.
[4] Revista Dinero. Estadísticas. 5/8/2019. Consultado en julio 18 de 2019..
[5] Censo de población 2018: ¿vivimos en otro país?.
[6] Proyecto de Ley N° 132 de 2007, por la cual se crea el Instituto Nacional de Estadísticas, Art. 1.
