El viernes pasado, el presidente Iván Duque fue abucheado en Cartagena cuando quiso hacer parte de la marcha organizada para condenar las interminables muertes de líderes sociales en el país. Algunos han acusado al presidente de intentar capitalizar la marcha con fines políticos. Sin importar si esta acusación es cierta, o si su intención de participar en la marcha fue un gesto sincero de solidaridad con las víctimas, lo que el presidente no parece comprender es que esta marcha fue, en gran medida, una marcha en contra del gobierno, ese mismo gobierno que él encarna y representa. La marcha no solo fue una manifestación del pueblo colombiano en rechazo a la violencia que los líderes sociales enfrentan día tras día a lo largo y ancho del territorio nacional, también fue una marcha en donde los manifestantes le dejaron claro al gobierno su descontento por la forma en que se ha lidiado con dicha violencia. El presidente Duque fue llamado “asesino” por los indignados manifestantes. Esto es comprensible, no porque la gente crea que el presidente realmente haya asesinado a nadie, sino porque la falta de acciones específicas por parte del gobierno nacional a la hora de proteger a estos defensores de derechos humanos, activistas políticos, defensores del medio ambiente, y líderes sociales en general, da fe de una enorme falta de voluntad política por parte del gobierno.
Los líderes sociales son un verdadero motor de cambio y cumplen un papel fundamental dentro del contexto del posconflicto. Pero su gran importancia los condena también a ser blanco de una violencia perniciosa que parece venir de todas partes. Desafortunadamente, los hombres y mujeres que, en Colombia, tienen el valor necesario para enfrentarse a quienes perpetúan la injusticia y la violencia en el país (ya sean grupos armados al margen de la ley, miembros de la delincuencia común, narcotraficantes, fuerzas siniestras dentro del sector privado, políticos actuando desde las sombras, etc.), muchas veces son perseguidos, amenazados y hasta asesinados. El asesinato de estos hombres y mujeres es sistemático, no porque dichos crímenes hagan parte de un gran plan siniestro ideado por una organización cruel y ominosa, sino porque suceden de manera recurrente, y (en muchos casos) casi predecible, en las diferentes regiones del país.
En una de sus conferencias en el Collège de France (1975-1976), Michel Foucault explicó que, en el contexto de un régimen biopolítico, la muerte de aquellos grupos que le incomodan al poder (el “otro”) no solo puede ser causada de manera directa (en forma de intervenciones militares o policiales, por ejemplo), sino también de manera indirecta. Siguiendo este orden de ideas, hacer imposibles las condiciones de vida de una comunidad, por ejemplo, es equivalente a exterminarla. Algo similar ocurre cuando aquellos en el poder deciden no proteger la vida de quienes se hallan en condiciones vulnerables o de alto riesgo. En el contexto del posconflicto colombiano, es evidente que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a los líderes sociales y a las comunidades que estos representan. ¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados después de haber pedido protección del gobierno? Es necesario mencionar que el gobierno anterior también es culpable de no haber protegido a los líderes sociales de manera efectiva. El año pasado, por ejemplo, Luis Barrios Machado, quien había pedido protección del gobierno, fue asesinado en el Atlántico mientras veía un partido de fútbol en su casa. En mayo, la lideresa Francia Márquez y otros líderes sociales que se encontraban con ella sobrevivieron un atentado en su contra. Márquez pidió al gobierno implementar maneras efectivas para proteger la vida de los líderes sociales en el país.
Desafortunadamente, el panorama no parece estar mejorando para los líderes sociales. Los colombianos parecemos estar acostumbrados a la muerte, a la violencia, pero esto no debe ser así. Este sentimiento, este rechazo a la violencia y a la impunidad, hicieron posible la marcha que se llevó a cabo la semana pasada. Pero la solidaridad de la ciudadanía, aunque importante, no lo es todo. La gente ha hablado, esperemos que el gobierno no haga caso omiso a su movilización. ¿Cuántos hombres y mujeres ejemplares más tienen que morir a causa de su compromiso con su comunidad? Es una obligación del gobierno nacional garantizar el derecho a la vida de los colombianos. Negarse a atender la urgente necesidad de protección de nuestros líderes sociales no solo da muestra de una falta de voluntad política por parte del gobierno, esto va más allá de una escalofriante falta de empatía; ignorar a los líderes sociales es equivalente a dejarlos morir. Los esfuerzos que ha tomado el gobierno para solucionar esta situación son a todas luces insuficientes. Mientras no haya un compromiso real, que se manifieste en políticas claras y acciones específicas por parte de aquellos que ostentan posiciones de poder, gestos como el del presidente Duque (por bienintencionados que sean) son completamente vacuos. Mientras el gobierno no tome como una verdadera prioridad la protección de los líderes sociales en el territorio nacional, los colombianos lo seguirán acusando de “asesino.”
