Gracias a los vínculos que Rosalba de De La Calle conserva con España, de cuando se desempeñó como ministra plenipotenciaria durante la embajada Noemí Sanín, fue contactada en el año 2005 por el grupo Global Campus Limitada para participar en un proyecto de educación superior. La invitó la cabeza del grupo; el ex ministro y líder gremial español Javier Gómez-Navarro, para que participara en la Escuela Internacional de Negocios con un pequeño porcentaje accionario y para que fuera su representante legal en Colombia. Los De La Calle entraron al proyecto a través de la sociedad Omniun Asesores que posee un 14.6% de la Escuela.
La especialización universitaria que ofrecía la Escuela estaba centrada en programas de comercialización en temas de gerencia y administración de empresas en alianza con instituciones de educación superior principalmente de España. Pero la crisis de dicho país tocó financieramente el proyecto y forzó inicialmente al cierre de algunos de los programas, pero esta se profundizó al punto de verse obligados a clausurar la operación, cancelar la página web y cerrar sus oficinas que tuvieron que ser trasladadas al centro de negocios Casaburo. Se decretó la disolución de la institución en Colombia y ya se dio comienzo al proceso de liquidación privada con un liquidador nombrado por la junta directiva.
El problema ahora está para los 1000 estudiantes que se habían inscrito. Unos 350 de ellos, que cumplieron con todos los requisitos académicos, no se han podido graduar de su MBA Internacional en Dirección de Empresas en la Universidad Camilo José Cela de Madrid (en alianza con el Campus Virtual del “Bureau Veritas Business School”) porque la Escuela colombiana no le ha cumplido con los pagos a la Universidad Española. Existe otro gran grupo de casi seiscientos estudiantes que todavía no sabe qué pasará con los programas que están cursando.
Las directivas y socios están decidiendo qué camino tomar para solucionar la situación estudiantil. Obviamente no recibirán nuevos estudiantes, pero están considerando la posibilidad de devolverles el dinero a quienes apenas comenzaban la carrera o conseguir profesores para finalizar algunos programas institucionales que se desarrollaban en asocio con empresas privadas como es el caso de La Alquería. Se ha considerado también, la posibilidad de establecer convenios con otras universidades españolas como la Universidad Internacional de la Rioja-UNIR, la Universidad Católica Santa Teresa de Ávila, La Escuela de Organización Industrial-EOI y la Universidad Santo Tomás de Chile. El embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, ha entrado a mediar para encontrar alternativas con el estamento universitario español. Todo indica que la Universidad Central podría ser una alternativa para realizar algún tipo de homologación de títulos a aquellos estudiantes que completaron satisfactoriamente sus programas.
La normatividad colombiana es clara en cuanto a los compromisos que una Institución de Educación Superior adquiere cuando acepta estudiantes en un programa de formación universitaria, pero en esto radica parte del problema. La Escuela Internacional de Negocios a pesar de su nombre, no es una institución de educación superior y por lo tanto su operación no está regulada por el Ministerio de Educación. A pesar de que el mercado objetivo eran estudiantes colombianos y su nombre se prestaba para confusión, sobre todo el de su sitio en internet www.ein.edu.co, la realidad era otra. Por esto, el Ministerio en otras ocasiones ha obligado a instituciones de capacitación a cambiar su nombre para evitar confusiones, como se dio con el caso de la Universidad Chevrolet, pero este nunca intervino para exigirle a la Escuela Internacional de Negocios claridad en su oferta educativa.
Por tratarse de una institución internacional, esta no fue sometida a las reglas de calidad exigidas por el Ministerio y pudo iniciar sus programas con premura y con una inversión mínima que puede limitarse a una oficina, un aula y algunos docentes contratados por horas. Realizaron ofertas atractivas en términos económicos que deslumbraron a sus aspirantes con la posibilidad de tener un título extranjero y muchos terminaron atrapados en una sin salida como al que se han visto abocados.
Los estudiantes no tienen claro a dónde acudir con sus reclamos porque la responsabilidad del Ministerio no es evidente en este caso, ni tampoco cuenta con las normas y los mecanismos para controlar irregularidades comoeésta. Tampoco está claro el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio en el control de la inversión extranjera en este tipo de empresas y de los procesos a seguir con los estudiantes afectados.
En el caso específico de la Escuela Internacional de Negocios los socios colombianos han respondido y Rosalba de De La Calle está empeñada en encontrar una salida académica decorosa a los estudiantes, pero la alarma está encendida para que las instituciones extranjeras no repitan la historia.
